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El Gobierno nacional prevé "incrementar la dureza de las sanciones" en la comercialización y uso de semillas en el campo, al amparo de la Ley de Semillas vigente desde el 1973, para los productores o empresas que utilicen granos ilegales.
 
La decisión del Ministerio de Agroindustria de reforzar la fiscalización de comercio de semilla se ve reflejada en el aumento de presupuesto del Instituto Nacional de Semillas (Inase), que pasará de 119 millones a unos 200 millones para 2017.
 
Más controles
El presidente del Inase, Raimundo Lavignolle, reconoció que el organismo "está enfocado a combatir la ilegalidad, con acciones, seguimiento y reforzando los controles" durante el año próximo, según indicó a la agencia DYN.
 
 
"Fundamentalmente en la segunda parte del 2016, hemos incrementado la dureza de las sanciones (al empleo de semilla ilegal), allí si la sanción no es ejemplificadora no resulta ser correctiva: necesitamos sanciones ejemplificadoras", reconoció el funcionario.
 
Ofensiva
Por ello, desde el arranque del 2017 el Instituto redoblará su esfuerzo para aumentar los controles en el sector semillero y también en el uso que se le da por parte de los productores o acopios, y también hasta en fábricas. Lavignolle indicó que no solo se piensa reforzar el área de información sino también proponen imponer controles inteligentes.
 
"Le recordamos a los productores que compren semilla fiscalizada con rótulo, que es la que le va a dar la mayor garantía y calidad: si hacen números la semilla de calidad siempre paga su precio, y allí no se puede tener un mejor cultivo sino se arranca con la mejor semilla", dijo Lavignolle.