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La iniciativa define como “humedal” aquellas áreas en las cuales la “presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos”. Y añade que los rasgos distintivos de los mismos son la presencia de “suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.
 
Un trabajo realizado por investigadores del INTA indica que el proyecto, tal como está redactado, afecta a más de 69 millones de hectáreas, muchas de las cuales se encuentran en producción permanente.
 
El proyecto –que ahora está disponible para ser tratado el año que viene en Diputados– indica que “el uso racional de los humedales deberá ser planificado, considerando su uso sostenible, el mantenimiento de su integridad ecológica, sus servicios ecosistémicos y su variabilidad espacial”. Para eso se dispone la obligatoriedad de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realice un inventario nacional de humedales “en un plazo no mayor de tres años desde la entrada en vigencia de la presente ley”.
 
“El uso racional de los humedales deberá ser planificado, considerando su uso sostenible, el mantenimiento de su integridad ecológica, sus servicios ecosistémicos y su variabilidad espacial. Entiéndase como tal a la relación entre la superficie ocupada durante la fase de máximo anegamiento y/o inundación, y la que corresponde al momento de sequía extrema”, señala el texto del proyecto.
 
Y añade que “el aprovechamiento agropecuario de los humedales, cuando correspondiera según su categorización, deberá realizarse en el marco de prácticas que propendan a su uso racional y al mantenimiento de los servicios ecosistémicos”.
 
También determina que el Ministerio de Ambiente podrá determinar la restauración de áreas degradadas, para lo cual se considerarán “especialmente las necesidades de restauración que pudiesen existir en territorios de pueblos originarios y tierras de uso común de comunidades para el restablecimiento de condiciones ambientales óptimas para el desarrollo y vida de los pueblos y comunidades que los habitan”.
 
El proyecto aclara que la norma propuesta “no será aplicable a los salares de altura, que tendrán una regulación específica”. Pero señala que las autoridades ambientales de cada provincia podrá categorizar “áreas de preservación” que no podrán transformarse, “áreas de gestión de recursos” que “admiten actividades de impacto moderado” y “áreas de usos múltiples” donde “actualmente se realizan actividades económicas o que tienen vocación productiva, pero que debieran realizarse incluyendo criterios de sostenibilidad”.
 
El proyecto también contempla crear un “Fondo Nacional de Humedales” integrado por el 0,3% del Presupuesto Nacional (vale recordar que el gobierno nacional viene incumpliendo por ocho años consecutivos la conformación del “Fondo de Conservación de los Bosques Nativos” dispuesto por la Ley 26.331).
 
Los senadores que votaron en contra del proyecto son Oscar Castillo (Frente Cívico y Social; Catamarca), Carlos Espínola (Frente para la Victoria; Corrientes), María del Valle Fiore Viñuales (FpV; Salta), Silvia del Rosario Giacoppo (UCR; Jujuy) y Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño), mientras que entre los que se abstuvieron figuran Salvador Cabral (Frente Renovador de la Concordia, Misiones), Alfredo de Angeli (Alianza Unión por Entre Ríos), María Graciela de la Rosa (FpV; Formosa), Marina Ríofrio (FpV; San Juan) y Luis Petcoff Naidenoff (UCR; Formosa).
 
Entre los 53 votos afirmativos se incluyen los de los senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria), Miguel Pichetto (FpV), Omar Perotti (FpV), Rodolfo Urtubey (FpV), Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago), Fernando “Pino” Solanas (Alianza Unen), Julio Cobos (Cambiemos), Juan Carlos Marino (Cambiemos), Federico Pinedo (PRO), Liliana Teresita Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saa (Compromiso Federal de San Luis).