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Por Gustavo Grobocopatel.- La agricultura, en el corto plazo, se transformará profundamente. Estamos comenzando a ver, casi sin percibirlo, muchas experiencias en ese sentido. La biotecnología es una de las bases, pero será parte de una convergencia aun mayor de tecnologías, más profunda y transformadora: la agricultura de precisión, la robótica, el internet de las cosas, la uberización de la logística, la nanotecnología, una nueva generación de fitosanitarios, una nutrición más inteligente, nuevas plataformas fotosintéticas, son parte de lo que veremos fluir los próximos años.
 
La semilla ya no será solo portadora de genes y germoplasma, será el vehículo de nuevos conocimientos, en forma de productos microbiológicos y químicos que la recubran, que logren plantas más saludables, con mejor potencial productivo: "una semilla lista para usar". Es en este marco que debemos analizar la ley de semillas. Es necesario que proteja el esencial derecho de propiedad, pero también debiera ser el marco de un sistema que favorezca el flujo de conocimientos hacia los productores, sobre todo los más desfavorecidos que no deben quedar al margen de estos desarrollos.
 
La clave consiste en la difusión del uso de la semilla certificada. Ésta es la procedente de semilla madre, la que se obtiene después de un proceso legalizado de producción y multiplicación de semilla de variedades mejoradas. La ley debe favorecer su acceso ya que tiene enormes beneficios al facilitar el flujo de tecnología, además de otros beneficios no menores. Por ejemplo, permite reducir la cantidad de semilla a utilizar ya que es de mejor calidad; se puede elegir todos los años diferentes variedades, grupos de madurez y ambientación según lote, sin estar condenados a usar las sembradas el año anterior, simplifica la segregación de variedades ya que se necesita una mínima estructura en el campo para el proceso de clasificación; se evita la complejidad de la trilla y el desarrollo de los lotes asignados y, por último, se reduce la carga financiera. Para productores de media a baja escala, el proceso suele complicarse aún más ya que necesitan conseguir limpiadoras y estructura necesaria. La clave del éxito será lograr que los proveedores de estas semillas crezcan en número y variedad y compitan entre sí. El precio de la semilla debería incluir al germoplasma y los eventos como único sistema de cobro, y el mercado debiera marcarlo en función de la oferta y demanda de cada variedad.
 
El sistema no debe impedir el uso propio de la semilla que guardan los productores pero debe ser oneroso, cobrando una tasa de suficiente magnitud como para que prefieran comprar la semilla certificada. También podría ser menor o nula para los pequeños productores aunque éstos podrían obtener mayores beneficios negociando financiaciones y exenciones especiales si compran semilla certificada. El plazo del cobro debería ser limitado por el vencimiento de las patentes y derechos que las protegen. El dinero de esta recaudación debería ser parte de un fideicomiso específico destinado a controlar y gestionar el sistema pero con una porción mayoritaria asignada a pagar a los proveedores de germoplasma e incentivar la creación de nuevas empresas.
 
Una ley de semillas justa y viable permitirá el crecimiento de la industria de semillas a través del aumento de las exportaciones, la construcción de nuevas plantas procesadoras, la creación de nuevas empresas de I+D, mayores flujos de tecnología y estabilidad para las inversiones de riesgo y largo plazo.
 
La sanción y puesta en marcha de esta ley no admite dilaciones ni la defensa de intereses particulares. Es necesario un espíritu de grandeza donde todos podamos ceder para recibir, no podemos legislar para el futuro atado a las experiencias del pasado. El futuro hay que construirlo, las generaciones que vienen nos están esperando.