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Por Juan Manuel Barrero.- En este sentido, la ley de emprendedores -ya aprobada por la Cámara de Diputados- establece beneficios impositivos para los inversores que decidan apoyar emprendimientos argentinos y regulariza las plataformas de financiamiento colectivo para estimular la inversión interna.
 
Este proyecto, enmarcado dentro del programa Argentina Emprende, contempla la posibilidad de constituir una sociedad en 24 horas, facilidades a la hora de abrir una cuenta bancaria, abrir una sociedad con un capital de tan sólo dos salarios básicos, constituir sociedades unipersonales y otro tipo de beneficios destinados a facilitar el funcionamiento de quienes decidan emprender en el país. La norma es apoyada por la Asociación Argentina de Emprendedores (ASEA).
 
A continuación detallaré los cuatro aspectos más importantes de la ley con ejemplos que tienen aplicación práctica en el ámbito de la agroindustria:
 
Como mencionamos anteriormente, establece una nueva figura, la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que permite constituir empresas de un único socio, declarar un objeto amplio de negocio (importante en la nueva economía), digitalizar firmas, libros y poderes, emitir acciones de mismo derecho a diferente precio, entre otras cosas.
 
Por ejemplo, esto le daría la posibilidad a un contratista rural que recién comienza una estructura formal, un recorte de tiempos y costos para empezar a operar y como consecuencia, ayudará a una mayor recaudación fiscal y una reducción de la informalidad. Otros serían los casos que venimos mencionando en columnas anteriores en el mundo del agtech. Desarrollos de e-commerce, drones, robótica, biotecnología y agricultura de precisión que muchas veces son difíciles de incorporar en el objeto según lo establece la Ley de sociedades Comerciales. La SAS además podrá obtener CUIT y una cuenta bancaria simplificada en menos de 24 horas.
 
También se impulsa el acceso a financiamiento con la creación de 10 fondos de capital emprendedor, donde el gobierno a través del Ministerio de Producción aportará hasta un 40% de lo que corresponda a los fondos, que deberán entrar con un capital minino de US$ 30 millones cada uno. También, se pretende complementar con doce aceleradoras, con licencias por cuatro años, en las que se destinarán aportes para los gastos operativos y se coinvertirá a través de préstamos convertibles, similar a la experiencia realizada hace dos años que llevo el Gobierno de la Ciudad. Emprender tiene mucho riesgo y sabemos que la tasa de fracaso es muy alta. Con la creación de estos fondos, por ejemplo aquellos emprendedores que estén desarrollando proyectos biotecnológicos, robótica, o cualquier proyecto que requiera mucha inversión inicial podrían llegar a acceder a capital de inversores extranjeros, o también un productor podría destinar parte de su utilidad a una aceleradora que tenga un fondo que invierta en proyectos de agro. Esto tendrá además de un marco propicio por la co-inversión público privada, incentivos fiscales para desgravar un porcentaje de ganancias a quienes inviertan en estos emprendedores.
 
Adicionalmente, se crearía un mecanismo moderno de inversión que ya se utiliza en EEUU y otros países, que son las plataformas de crowdfunding o financiamiento colectivo. Se está trabajando para que estas plataformas online, previamente aprobadas por la CNV (Comisión Nacional de Valores), puedan ser un mecanismo de financiamiento de emprendedores, ya que una forma muy común de utilización es para preventa de desarrollos.
 
Imaginemos, si un emprendedor está desarrollando un software de monitoreo para agricultura de precisión, un chip para medir humedad en un silo bolsa o la trazabilidad de un ternero, mediante estas plataformas podría conseguir financiamiento haciendo una pre venta a sus potenciales clientes/productores donde, mediante la compra anticipada del producto con algún beneficio, podrían darle el dinero para el desarrollo. Una posibilidad para implementarlo también es que los bancos cuenten con sus plataformas online, y por qué no también con las tarjetas rurales, así los mismos productores podrán invertir en emprendedores de todo el país, sin necesidad de conocerlo personalmente y comprando sólo muy pequeñas cuotas, que podrían venderse cuando lo disponga el inversor, como ocurre con los fondos comunes.
 
Por último, se regula a las empresas que se crean, no sólo con el fin de resolver una problemática social, conocida como Empresas B. Se define a estos emprendimientos de Beneficio e Interés Colectivo o de "triple impacto" a aquellos que más allá del cuidado con la propia rentabilidad, tienen en cuenta los aspectos ambientales y sociales. Las nuevas generaciones empiezan a tener este tipo de interés, producto de entre otras tantas cosas, que los jóvenes cada vez separan menos el trabajo de su vida personal. En nuestro sector, se viene hablando de los envases plásticos de agroquímicos que quedan diseminados en el campo y sus consecuencias sociales. Con la nueva ley, cualquier emprendedor con una iniciativa de este tipo podría quedar enmarcado dentro de una norma jurídica diferente, que le de un tratamiento que lo promueva y le genere incentivos respecto a cualquier otro emprendedor. Esta iniciativa es pionera en Latinoamérica y ya hay varios de estos países consultando con especialistas en Argentina para copiar el modelo.
 
En definitiva, nuestros territorios rurales a lo largo y a lo ancho del país se verán beneficiados por esta ley que no solo promueve la creación de nuevas empresas y empleos en esos territorios, bajando las barreras para emprender y creando incentivo para el capital emprendedor, sino que también estimula otro tipo de inversiones y emprendimientos que fomentan el desarrollo de un país más federal y con empresas más sustentables. A pesar, del impacto positivo que tiene para la sociedad y del importante trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Producción y continuo apoyo de ASEA y muchas otras cámaras, para su aplicación aún tendremos que esperar la sanción de la ley en el Senado y la adaptación de la misma en cada provincia, por lo menos hasta mediados de 2017.