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Por Favio Ré.- La decisión del Gobierno provincial de actualizar el valor fiscal de las tierras rurales en Córdoba, en función de una fórmula que incluyó el aumento del dólar desde la salida de la convertibilidad, valores de mercado y un índice de productividad, generó temor entre numerosos productores de que eso signifique un aumento de lo que deben pagar por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
 
Ese tributo toma como base las valuaciones fiscales y, por ello, el incremento promedio de 1.400 por ciento anunciado por el Ministerio de Finanzas era tomado como un inconveniente más que se suma al malestar expresado por el agro por la suba del 35 por ciento promedio del Impuesto Inmobiliario Rural.
 
Sin embargo, desde la Dirección de Rentas aseguraron a Agrovoz que, si bien es cierto que hay productores que van a comenzar a abonar este impuesto, el impacto es mínimo, ya que casi la totalidad de los contribuyentes quedarían exentos.
 
 
Ley Pyme
La clave para esto fue la reciente aprobación de la Ley Pyme, que entre sus beneficios para las pequeñas y medianas empresas incluye la exención del pago de Ganancia Mínima Presunta a partir de 2017.
 
Para el caso de actividades agropecuarias, el techo de facturación establecido para que una empresa sea considerada pyme es de 160 millones de pesos al año y, según Rentas, apenas el 1,33 por ciento de los contribuyentes del agro que presentan Declaraciones Juradas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) superan ese monto.
 
En total, hay 10.260 contribuyentes agropecuarios que declaran IIBB de manera mensual y 12.449 de forma anual; es decir, un total de 22.709, de los que apenas unos 300 facturan por encima del máximo establecido por la Ley Pyme y que son los únicos que deberían comenzar a pagar este impuesto por sus inmuebles rurales.