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El debate por la nueva Ley de Semillas, lejos de aquietarse, suma cada vez más voces que piden ser escuchadas y plantear sus reclamos.
 
Es el caso de la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia), que emitió un comunicado en el que aseguró que los proyectos que se están debatiendo en el Congreso no consideran a los semilleros multiplicadores y que, por eso, irán el próximo martes a la Cámara de Diputados, cuando se realice la segunda reunión de Comisión para tratar este tema.
 
Quejas
Marcelo Senatore, presidente de Fedia, expresó: “El próximo martes los semilleros multiplicadores tendremos la oportunidad de hacer visible la grave crisis que afecta al sector debido a la comercialización ilegal de semillas”.
 
“Las actuales reglas de juego han devastado la actividad. Pensábamos que una nueva la Ley de Semillas podría contribuir a normalizar la actual situación, pero ahora nos encontramos fuera de los proyectos que se están tratando”, reclamó.
 
Crisis sectorial
Según Fedia, la caída del sector comenzó a ser evidente desde el año 2011: los registros del Instituto Nacional de Semillas (Inase) indican que en aquel año existían 762 semilleros multiplicadores; mientras que en la actualidad solo quedan 504 establecimientos de este tipo autorizados por el organismo, lo que representa una disminución del 34%.
 
Senatore relacionó el cierre de los semilleros multiplicadores a la comercialización ilegal de semillas. “En la Argentina solo el 15 por ciento de la semilla de soja que se comercializa es fiscalizada, el resto es uso propio irrestricto y bolsa blanca. Con este panorama, los multiplicadores no tenemos incentivos para la inversión, ni para sostener la estructura de nuestros establecimientos”, se quejó el titular de Fedia.
 
Contradicciones
El dirigente también señalo la ambivalente actitud que adoptan algunos sectores vinculados a la producción y las entidades que los representan en torno a este tema.
 
”Hacia afuera nos presentamos como un país de vanguardia en cuanto a producción agropecuaria; sin embargo, hacia adentro, no somos capaces de reconocer y pagar los costos que implica estar en el primer nivel”, sostuvo.
 
Al mismo tiempo, Senatore remarcó que el proyecto de Ley que elaboró el Ministerio de Agroindustria deja la puerta abierta al concepto de incrementalidad en el uso propio que “en muchos casos termina alimentando la comercialización ilegal de semillas y atenta contra los propios intereses del Estado Nacional dado que permite que actores no registrados se transformen en multiplicadores irregulares”.