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Por Carlos Petroli.- Un ambicioso presupuesto para infraestructura es la zanahoria que la Provincia colocó delante del agro para que los productores digieran el ajuste impositivo que esta semana el Ejecutivo mandó a la Legislatura.
 
También se propondrán incentivos para quienes certifiquen buenas prácticas en manejo de suelos. Y se analizarían cambios en la ley de emergencia agropecuaria (con la factibilidad de bajar hasta el 30 por ciento el límite de superficie para asignar beneficios a los afectados).
 
Este año la recaudación por todo concepto del Inmobiliario Rural rondó los 1.600 millones de pesos, según cifras oficiales (con tres mil cuentas y 800 mil hectáreas declaradas en emergencia agropecuaria). En el Gobierno aclaran que quienes están o sean declarados en emergencia, seguirán bajo ese paraguas a la hora de la emisión de los cedulones.
 
La actualización de las valuaciones fiscales es una de las novedades de la grilla enviada a la Legislatura; el Gobierno provincial utilizará la nueva composición del Inmobiliario para normalizar la coparticipación a los municipios. Un sistema de cálculo “por productividad” permitirá conformar las bases imponibles, según las zonas y aptitudes de las propiedades agropecuarias.
 
El “categórico rechazo” que anunciaron las entidades rurales disparó réplicas desde la vereda oficial: se hace notar que en el agro se aceptó en general la prórroga de la baja de retenciones a la soja (unos cinco mil millones de pesos). Mientras, lo que ahora la Provincia proyecta recaudar estaría muy a mitad de camino de la inversión comprometida en infraestructura (unos cinco mil millones de pesos).
 
El de la infraestructura es, justamente, uno de déficit a los cuales apuntan las entidades: advierten sobre el colapso en el sistema de conservación y mantenimiento de caminos y canales, y también sobre la situación de “cepo ambiental” en 13 departamentos del noroeste. En esta región, desde hace tiempo se debate sobre el ordenamiento territorial y manejo en áreas de monte (desarrollo ganadero, entre otros).
 
Caprolec, una de las instituciones lecheras, pidió por su lado un tratamiento diferenciado para la actividad “que más puestos de trabajo da en la provincia”.
 
La participación en espacios de discusión sobre la asignación de los recursos es una de las opciones desde el frente agropecuario, si se anota que la Provincia tiene argumentos para convalidar la actualización tributaria (desde la variable inflacionaria, hasta la armonización con otras provincias, como Santa Fe o Buenos Aires). Según el Gobierno, a los productores les interesa más que se hagan las obras y mejore la infraestructura, antes que discutir un hipotético tope del 25 por ciento a la suba del Inmobiliario.
 
Con un aumento del 35 por ciento –según cálculos del Ieral-Fundación Mediterránea– la incidencia del tributo rural sobre el total de impuestos pasaría, según zonas testigo, de entre 1,9-3,2 por ciento en 2015, a 2,5-4,4 por ciento en 2017. Un campo de 500 hectáreas en Marcos Juárez pasaría a erogar 732 pesos por hectárea versus un margen neto esperado luego de impuestos de 6.487 pesos por hectárea.