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Por Florencia Donovan.- El Gobierno envió anteanoche al Congreso un proyecto para reformar la ley de mercado de capitales y espera lograr que se apruebe en tiempo récord. Se trata de un proyecto ómnibus, que no sólo modifica la ley que el kirchnerismo impuso en 2012 (y revisa algunos de los artículos más polémicos), sino que además contempla reformas de muchas otras leyes, como la de fondos comunes o la de obligaciones negociables.
 
Declara de "interés nacional el mercado de capitales y a su desarrollo como actividad estratégica y fundamental para el crecimiento del país".
 
Se establecen nuevas categorías de agentes bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Incorpora los "agentes administradores de inversiones", que apuntan a la banca privada, tanto local como internacional.
 
Realiza varios cambios en el funcionamiento de la CNV. El presidente, por caso, tendrá voto decisorio en caso de empate en el directorio. Establece también que la CNV no podrá financiarse con multas (los fondos irán para el Tesoro nacional). Habrá, asimismo, un control dual de los actores del mercado: la CNV podrá exigirles a los mercados y cámaras compensadoras supervisión y fiscalización de los actores.
 
La CNV fijará los requisitos de idoneidad, integridad moral, probidad y solvencia de los que aspiren a actuar en el mercado.
 
Modifica el polémico artículo 20°, de la ley actual. El proyecto del oficialismo limita las prerrogativas a la CNV: en particular, la remoción de los miembros del consejo de una administración de una sociedad y el nombramiento de veedores sin necesidad de intervención judicial previa. La nueva ley exigiría la intervención previa de un juez. Y le da derecho a defensa a la sociedad investigada.
 
Modifica el régimen de oferta pública. Cambia la regulación del derecho de preferencia para agilizar las operaciones y establece que la denegación de la oferta pública no podrá estar fundada en razones de mérito o conveniencia de la CNV.
 
La CNV fiscalizará a auditores externos, incluyendo los de las pymes.
 
Antes de abrir un sumario administrativo, exige una audiencia para que los involucrados conozcan el objeto de la investigación.
 
El directorio de la CNV podrá desestimar denuncias que considere que no tienen fundamentos.
 
Cambia el fuero que entiende sobre cuestiones de mercado del contencioso administrativo federal al comercial nacional.
 
Amplia el plazo de 5 a 15 días para que empresas presenten un recurso directo ante la CNV. Las multas serán pagadas sólo en el momento en que la sanción quede firme.
 
Se modifica la ley de fondos comunes. Incluye la posibilidad de armar fondos que replican índices (ETF, en la jerga) y fondos especiales para inversores calificados.
 
Se elimina el requisito de doble aprobación de reglamento de gestión por parte de CNV e IGJ.
 
Los fondos cerrados podrán invertir en valores ilíquidos y hasta un 25% en líquidos. La CNV será la encargada de la valuación y la tasación.
 
Se podrán emitir obligaciones negociables (ON) en moneda extranjera y pagarlas en la misma moneda, en caso de que se aclare en las condiciones de emisión.
 
*Se incorporan las cláusulas de acción colectivas, que posibilitan que se alcancen acuerdos vinculantes para todos los tenedores de deuda, sin necesidad de unanimidad.
 
Habilita el netting en operaciones de derivados.
 
Propone cambios para facilitar el financiamiento pyme. Crea un registro especial para garantizar el cobro de los instrumentos de crédito de las pymes, que estará bajo la órbita de la AFIP. Y establece que las facturas deberán liquidarse mediante títulos ejecutivos dentro de los 20 días corridos desde su emisión. Los títulos luego podrán descontarse en el mercado.
 
Crea un programa de inclusión financiera, que contempla la implementación de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y la creación de un Consejo Nacional de Coordinación para la Inclusión Financiera.
 
Establece que los fondos cerrados son transparentes impositivamente. Lo que significa que no tributan, sino que quien paga es la persona física.