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Por Favio Ré.- Los presidentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker; y del Consejo provincial de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Marco Giraudo, manifestaron duras críticas al gobierno provincial por los aumentos impositivos previstos para 2017.
 
En concreto, el Ministerio de Finanzas incluyó en la pauta presupuestaria un incremento del 35 por ciento promedio en el Impuesto Inmobiliario Rural, con un tope del 45 por ciento, y actualizó el valor fiscal de los campos, algo que no ocurría desde hace dos décadas.
 
“Una burla”
Tanto Cartez como Coninagro, junto a las delegaciones locales de la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria, se reúnen a partir de las 15 con los ministros de Finanzas, Osvaldo Giordano; y Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; para ahondar en más detalles sobre la actualización impositiva.
 
En la previa, De Raedemaeker afirmó ante la consulta de Agrovoz que las entidades rurales estuvieron a punto de no ir a esta convocatoria oficial, enojadas por estos números informados por la Provincia.
 
Entre otras cosas, el titular de Cartez cuestionó que el Gobierno anuncie un fondo de 70 millones de pesos para apoyar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), cuando “vamos a poner más de 2.600 millones de pesos con el Inmobiliario”. “Es una burla. En buenas prácticas invertimos fortunas y con ese dinero no armamos ni mil metros de canales”, criticó.
 
Señaló también que, teniendo en cuenta la difícil situación en el sur provincial por las inundaciones, y la “inacción” del Estado en cuanto a la problemática de los bosques nativos en el norte, las asociaciones rurales que integran Cartez rechazaron cualquier tipo de suba impositiva durante el plenario del último viernes.
 
“Una locura”
 A través de su cuenta de twitter, Giraudo también se mostró ofuscado y calificó al anuncio de la Provincia de “una reverenda locura”, además de considerar que el cordobés es un “Estado extractivo”.
 
En diálogo con Agrovoz, amplió que uno de los temas que más molesta es la falta de obras de infraestructura. “Los productores tienen una gran desconfianza de que realmente hagan las obras, pero sí saben que les van a cobrar impuestos. Hace 17 años que está el mismo gobierno, ¿qué razón hay para creerles que ahora sí las van a ejecutar”, puntualizó.
 
Éste dirigente reconoció que era inviable pensar en que no hubiera aumento, teniendo en cuenta el contexto inflacionario, pero que ya un 25 por ciento era excesivo pero tolerable.
 
“El argumento del Gobierno es que no pueden incrementar el Inmobiliario Urbano 30 por ciento y a nosotros menos, pero nos movieron el valor de la tierra 15 veces. Tienen una voracidad por recaudar tremenda”, se quejó Giraudo.
 
El reclamo en este sentido es porque, aunque se reduzca la alícuota para que el impacto de la revaluación fiscal no se sienta en el cedulón, que la tierra tenga un precio oficial más alto impacta económicamente en otros aspectos, como el pago de Ganancia Mínima Presunta o el precio de hacer trámites de subdivisión de un campo.