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Fernando Bertello (La Nación).- En el Congreso hay nueve proyectos para modificar o cambiar la actual norma, que data desde 1973, sancionada cuando no existía la biotecnología agrícola y apenas se sembraba soja en el país.
 
En la apertura, el presidente de la Comisión de Agricultura, Gilberto Alegre, se hizo eco de las "urgencias y presiones" por tratar este tema, según dijo, y ofreció la posibilidad de que se intente emitir dictamen antes que finalice el año.
 
"Algunos están apurados porque salga y otros no. Estoy dispuesto a trabajar para ver si se puede sacar dictamen este año", señaló Alegre. "No quiero que se piense que desde la Presidencia (de la Comisión de Agricultura) se ponen obstáculos a que salga", agregó.
 
Luego, Luis Basterra, diputado formoseño por el FPV, señaló que "no es una temática sencilla" la discusión de semillas y que "demanda que nos tomemos el tiempo" para su abordaje. "Hay intereses", indicó. No obstante, el legislador ofreció "acompañar" a Alegre en su iniciativa para dar dictamen al tema, pero tratando también los proyectos de lechería pasado mañana que están en el Congreso. Hay 14 proyectos sobre lechería, que van desde declarar la emergencia en el sector hasta crear un ente para promover los lácteos.
 
"Lo acompañamos. Podríamos dictaminar lechería y continuar con esto (por semillas)", propuso Basterra. Sin nombrarla, criticó a la empresa Monsanto, que hizo controles en los puertos para analizar si había una tecnología suya en soja (Intacta, resistente a insectos). "Hay una actitud monopólica de parte de una empresa", precisó.
 
También el diputado Juan Casañas (Bloque Bicentenario Tucumán) se mostró de acuerdo en buscar dictamen para semillas este año. "Tenemos una posibilidad hasta el 20 de noviembre para dictaminar", indicó.
 
Tanto en soja como en trigo el 15% del área se hace con semilla fiscalizada. El resto de divide entre el uso propio legal y el mercado ilegal.
 
Por el lado oficial, el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, que acota el uso propio (la posibilidad de que el productor se guarde parte de la cosecha de soja y trigo para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) e introduce un pago por ese uso propio por tres multiplicaciones tras la compra de la semilla. Dispone que todo el reconocimiento a la propiedad intelectual se realice en la semilla.
 
Según Bernaudo, la expectativa del Gobierno es que para la próxima siembra de trigo, en mayo de 2017, haya "un consenso amplio" con una nueva ley. El funcionario recordó que la norma oficial exceptúa del pago a la agricultura familiar y a quienes facturen menos de $ 1,8 millones. Pero calculó que abarcará en el pago del canon un 40% de los productores hoy responsables del 80% del área de siembra de soja.
 
"No discutimos el evento de una compañía sino una visión más amplia", afirmó Bernaudo en otro tramo de su presentación.
 
Desde la cadena de la soja, Rodolfo Rossi, presidente, dijo que la convocatoria y los diversos proyectos mostraban "la voluntad de una solución definitiva", pero agregó: "Lamentamos si no se logra en 2016 (la ley)". También pidió "un marco adecuado" para la inversión en semillas.
 
David Hughes, presidente de Argentrigo, estimó que se evaden 100 millones de dólares con la semilla ilegal en el cereal. Y se mostró de acuerdo en que la ley "contemple el uso propio oneroso, con sus excepciones".
 
Desde las entidades gremiales del campo, Daniel Pelegrina, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), reclamó avanzar en una solución. "Que el cuadro legal sea superador lo antes posible", dijo y recordó que, entre otras cosas, la entidad pretende que se mantenga un uso propio gratuito, pero limitado a la cantidad de hectáreas.
 
Roberto Campi, productor de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), rechazó acotar el uso propio como busca el Poder Ejecutivo. "No podemos delegarlo, no tenemos que renunciar a este derecho", afirmó. Campi calificó de "ejemplar" la actual ley, de 1973, y cuestionó a las empresas semilleras por impulsar su cambio.
 
"¿Por qué los semilleros y criaderos que crecieron con esta ley hoy la están cuestionando?", fustigó Campi y luego remarcó: "No se conforman con vender la semilla, quieren capturar una mayor renta de los productores".
 
En tanto, Francisco Iguerabide, productor y presiente de Aacrea, planteó en su exposición, entre otros puntos, que la semilla tiene "una importancia geopolítica" y que la mejora genética y la biotecnología "tiene un valor que debe ser retribuido".
 
En tanto, Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), alertó sobre el bajo uso de semilla fiscalizada en soja, que ronda el 15% y lo contrastó con el 45% de los noventa, luego de la aprobación en 1996 de la soja transgénica.
 
"Hay que revertirlo, es necesario entenderlo", dijo Paseyro, que también advirtió que la Argentina debe "evitar el apagón tecnológico" en esta materia. Al respecto, precisó que en los últimos 20 años se redujo 50% la cantidad de obtentores y multiplicadores de semillas.
 
"Se van perdiendo empresas", indicó Paseyro, que ejemplificó que por cada 1% de semilla fiscalizada se generan 850 puestos de trabajo en la cadena semillera. Para el gerente general de ASA la propiedad intelectual se debe proteger "sin restricciones".
 
"Necesitamos una nueva ley porque hubo muchos cambios, por los transgénicos y la soja. Los programas de mejoramiento se han achicado, pero en la medida que mejore el marco regulatorio se podrían duplicar", subrayó, por su parte, Obdulio San Martín, director general de Don Mario Semillas. Federico Trucco, CEO de Bioceres, opinó que el proyecto oficial y otras iniciativas "limitan los modelos de negocios" para la actividad.