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Por Gabriela Origlia (CÓRDOBA). El proyecto de presupuesto 2017 de esta provincia está a punto de ingresar a la Unicameral junto a los cambios impositivos y las entidades agropecuarias están en alerta porque el ministro de Agricultura, Sergio Busso, les anticipó en una reunión que el inmobiliario rural aumentaría entre 35 y 40 por ciento.
 
Los representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que participaron del encuentro con Busso, adelantaron a La Nación que la entidad planteó su oposición al incremento por varios factores, entre los que se destacan las pérdidas en el campo por las inundaciones y anegamientos, estimada en 15.000 millones de pesos por la Bolsa de Cereales de Córdoba, los problemas de infraestructura vial y canalera y, también, "la falta de mantenimiento de los últimos 30 años, que profundizaron los inconvenientes".
 
Busso planteó la necesidad de actualizar los valores de los campos porque están "muy bajos". Gabriel de Raedemaeker, Rafael Morán y Hugo Biga, de Cartez, rechazaron "por orden de las bases" la suba del impuesto.
 
 
En diálogo con este diario Biga, sostuvo: "No está mal actualizar los valores siempre y cuando no modifique el inmobiliario rural, dado que los campos de la zona núcleo de Buenos Aires están valuados en $ 28.500 la hectárea pero que por todo concepto (ARBA más tasa municipal) una hectárea en Colón paga $ 323,94 por hectárea, mientras en Marcos Juárez $ 592,58 y en Armstrong (Santa Fe) $ 252,41".
 
Los productores insisten en que el problema en Córdoba es la creación de los distintos fondos que integran el cedulón del impuesto rural: 4% de impuesto básico; 26% para consorcios camineros (FoMarFin); 55% para infraestructura y gasoductos (FRIG); 3% para consorcios canaleros (FCC) y 12% para municipios y comunas (FIMuC).
 
TRANSPARENCIA EN FONDOS
 
La propuesta de Cartez es crear un ente que administre los fondos especiales canaleros y camineros, que vayan en cuenta aparte y que se administrada por la Mesa de Enlace provincial y después bajaría a las mesas regionales. "Bajaríamos los costos y ganaríamos velocidad en la solución de los problemas", apuntó Biga.
 
La iniciativa establece, entre otros puntos, que por ley se determinen las actividades a las que se aplica el fondo, el organismo multisectorial que administra y el externo que audita, el paso por el Tribunal de Cuentas, que los proyectos sean aprobados y certificados por el Estado, que las compras sean por subasta pública, que los miembros del Ente presenten declaración patrimonial.
 
La propuesta se basa en el descontento de los productores por el rendimiento de los consorcios, por eso insisten en que se cuiden los recursos, en que haya más transparencia en la administración y se mejore la eficiencia en las obras.
 
Otra idea que se debatió en la reunión es la posibilidad de que Agricultura otorgue "premios y castigos" en el valor Inmobiliario por "productividad y buenas prácticas"