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Por Sin Mordaza.- Con productores que ya han comenzado la siembra de soja correspondiente a la campaña 16/17, el comercio de granos será un verdaderos caos dentro de un contexto de cosecha que podría llegar a ser récord en cuanto a producción.
 
Sin ley superadora y fundamentalmente sin que algunas de las partes involucradas estén dispuestas a ceder y negociar en pos de alcanzar un mercado transparente y competitivo de semillas que permita la innovación tecnológica, los productores agropecuarios seguirán en esta nueva campaña encerrados dentro del cuestionado sistema "Bolsatech" que vulnera los usos y las costumbres tradicionales de la comercialización de granos.
 
Durante este año se perdió la gran oportunidad de sentar las bases para que productores, la industria semillera y el Estado Nacional diseñen y aprueben un marco legal y de fiscalización moderno que permita incrementar de forma sustentable un mercado competitivo y transparente de semillas, la investigación, el desarrollo, la inversión y el empleo.
 
Se va el 2016, se va sin una nueva Ley de Semillas. La discusión de la semilla volverá enturbiar el comercio de granos afectando tanto a los usuarios como a los no usuarios de la tecnología. Un verdadero caos.
 
Por su parte, Federación Agraria Argentina remarcó en otro comunicado que "la ley 20247 vigente en materia de semillas es una excelente norma que ha iluminado el camino en gran parte del mundo agrícola, pero la fuerza del interés económico de las transnacionales de los transgénicos la ha hecho tambalear. Fue Monsanto y su largo brazo de complicidades quien le impuso al Estado el problema y su solución".
 
La comunicación continúa de la siguiente manera. La Resolución 207/16 del Instituto Nacional de Semillas, con sus magros seis artículos, es el acta de claudicación de la Nación Argentina a estas imposiciones.
 
En mérito a ella, desde el sector privado, se elaboró un manual de procedimientos de dieciocho páginas que reglamenta esos seis artículos y que determina el funcionamiento de BOLSATECH, un sistema que vulnera toda soberanía sobre el poder de Policía del Estado y somete a la producción de soja a un intrincado y dudoso mecanismo de chequeo que pagamos todos los productores, agregándonos otro costo más en beneficio de un solo particular y que le da la excusa a la empresa a perseguir productores quienes hoy reciben una catarata de facturas infundadas y de cartas documentos abusivas.
 
Es ese particular se ve beneficiado con la mora que tuvo el Poder Ejecutivo de elevar su proyecto de modificación de la Ley de Semillas al Congreso Nacional.
 
Se benefició, también, por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo que depende del Ministro Francisco Cabrera, quien desde 2014 tiene en "evaluación" la denuncia por abuso de posición dominante que realizó la Federación Agraria Argentina y que suscribieron varias entidades.
 
La perspectiva parlamentaria actual indica que seguramente va a ser beneficiado, con la prórroga de la resolución 207/16 del INASE que se operará a su vencimiento el 28 de febrero próximo dejando el status quo actual mientras miles de agricultores somos víctimas de una imposición caprichosa y privilegiada de una empresa, que somete a su voluntad la autoridad y el derecho y quienes tienen que velar por los más débiles se tornan serviles a sus controvertidos intereses, tomando acciones ajenas a la justicia y a la tradición comercial en granos, mellando la confianza de los productores en las instituciones que debieran estar al servicio de todos y no de un solo interés.