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El agro redobla la apuesta: quiere controlar los fondos específicos
Como es usual a inicios de noviembre de cada año, se acentúa el tironeo entre el Gobierno provincial y las cámaras que representan a los sectores económicos por los aumentos impositivos que se incluirán en el próximo presupuesto.
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La Voz
Por Favio Ré.- Como es usual a inicios de noviembre de cada año, se acentúa el tironeo entre el Gobierno provincial y las cámaras que representan a los sectores económicos por los aumentos impositivos que se incluirán en el próximo presupuesto.
El agro es uno de ellos: hace 10 días recibió de parte de funcionarios de la Provincia la noticia de que, tras casi 25 años, habrá un revalúo fiscal de los campos.
En ese marco, la Comisión de Enlace de las entidades agropecuarias de Córdoba se reunió el último sábado en Hernando, en el marco de la Fiesta Nacional del Maní, para cerrar filas en torno a una postura homogénea.
Y la posición que consensuaron allí fue la de no aceptar ningún tipo de aumento en el Impuesto Inmobiliario Rural para el año próximo, ya sea en la base imponible o en los fondos específicos.
De todos modos, de ese encuentro surgió, además, una suerte de contragolpe que la Provincia no esperaba: el pedido de que el propio sector intervenga en el manejo de esos fondos específicos, que según las leyes deben ser destinados a obras de infraestructura, que fueron incluidos a lo largo de los últimos años y que, en la práctica, actuaron como compensación del no revalúo fiscal.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina, escucharon la propuesta de boca de los dirigentes rurales en Hernando.
“Lo que les ofrecimos fue una ayuda para eficientizar el manejo administrativo de esos recursos, que se pueden hacer rendir mucho más”, precisó a La Voz el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker.
La Mesa de Enlace calcula que, anualmente, estos fondos reportan 1.850 millones de pesos, y la propuesta es administrar los aproximadamente 1.000 millones que van a parar a la recuperación de caminos rurales, canales y conservación de suelos (el resto se destina a municipios y comunas, y a gasoductos).
“Queremos que la administración sea a través de un organismo transparente y que esté permanentemente auditado, para un manejo más eficiente de estas herramientas”, añadió el titular de Cartez. Y, por elevación, formuló algunas críticas hacia el modo en que se distribuyen los recursos en la actualidad: “Lo que estamos ofreciendo es la capacidad de gestionar más transparente y barato, con auditorías trimestrales. Que deje de existir cualquier tipo de discrecionalidad”.
El agro es uno de ellos: hace 10 días recibió de parte de funcionarios de la Provincia la noticia de que, tras casi 25 años, habrá un revalúo fiscal de los campos.
En ese marco, la Comisión de Enlace de las entidades agropecuarias de Córdoba se reunió el último sábado en Hernando, en el marco de la Fiesta Nacional del Maní, para cerrar filas en torno a una postura homogénea.
Y la posición que consensuaron allí fue la de no aceptar ningún tipo de aumento en el Impuesto Inmobiliario Rural para el año próximo, ya sea en la base imponible o en los fondos específicos.
De todos modos, de ese encuentro surgió, además, una suerte de contragolpe que la Provincia no esperaba: el pedido de que el propio sector intervenga en el manejo de esos fondos específicos, que según las leyes deben ser destinados a obras de infraestructura, que fueron incluidos a lo largo de los últimos años y que, en la práctica, actuaron como compensación del no revalúo fiscal.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina, escucharon la propuesta de boca de los dirigentes rurales en Hernando.
“Lo que les ofrecimos fue una ayuda para eficientizar el manejo administrativo de esos recursos, que se pueden hacer rendir mucho más”, precisó a La Voz el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker.
La Mesa de Enlace calcula que, anualmente, estos fondos reportan 1.850 millones de pesos, y la propuesta es administrar los aproximadamente 1.000 millones que van a parar a la recuperación de caminos rurales, canales y conservación de suelos (el resto se destina a municipios y comunas, y a gasoductos).
“Queremos que la administración sea a través de un organismo transparente y que esté permanentemente auditado, para un manejo más eficiente de estas herramientas”, añadió el titular de Cartez. Y, por elevación, formuló algunas críticas hacia el modo en que se distribuyen los recursos en la actualidad: “Lo que estamos ofreciendo es la capacidad de gestionar más transparente y barato, con auditorías trimestrales. Que deje de existir cualquier tipo de discrecionalidad”.
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La Voz
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Acopio News
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Acopio News
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