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Pasado el mediodía, comenzó la maratónica sesión en la Cámara de Diputados que se extenderá hasta la madrugada y será clave para los planes del Gobierno. Como punto fundamental, buscaba darle media sanción al Presupuesto 2017 para que luego pase al Senado. Pero también se debatió la ley de contratación público-privada que, luego de haber obtenido dictamen ayer, finalmente fue aprobado.
 
Lo primero en agenda fue una moción del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que buscó anular el "dietazo", en referencia al aumento del 47% que tuvieron los diputados y senadores. La votación resultó 104 votos afirmativos contra 112 negativos, por lo cual la propuesta para tratar la iniciativa resultó desechada al no alcanzar los tres cuartos de los votos de los presentes para aprobar el apartamiento del reglamento necesario para incorporar el asunto a la orden del día.
 
Luego comenzó el debate sobre la ley del contrato de Participación Público Privada (PPP), que ayer obtuvo dictamen de mayoría en comisión. Finalmente, después del traspié de la semana pasada, el oficialismo consiguió el apoyo que necesitaba y logró aprobar el proyecto con 151 votos a favor, 77 en contra, y 6 abstenciones.
 
Tras la aprobación de esta iniciativa, comenzó la madre de todas las batallas: el Presupuesto. Al oficialismo le urge la media sanción para girarlo al Senado, sobre todo porque restan cuatro semanas para la finalización del período ordinario de sesiones.
 
De todos modos, algunos legisladores admitieron la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decrete una prórroga, teniendo en cuenta que el proyecto de modificación de Ganancias -que aún no fue enviado al Congreso- no podrá ser tratado antes de la sanción del Presupuesto, según adelantó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
 
Cambiemos debió llevar a cabo intensas negociaciones con los bloques Justicialista y del Frente Renovador para acordar modificaciones al proyecto original del Presupuesto pero además se granjeó el respaldo con disidencias parciales de Margarita Stolbizer, el socialismo y el diputado José Luis Gioja, mientras que el grueso del Frente para la Victoria-Pj suscribió un dictamen de minoría, al igual que el Frente de Izquierda.
 
Se acordó, además, que el tope del que dispone el jefe de Gabinete para reestructurar gastos del monto presupuestario total aprobado pasará a ser del 5% a partir del 2018 (y no del 2019 como proponía el Poder Ejecutivo).
 
Además, Cambiemos consensuó con el Frente renovador limitar al 15% el cambio de jurisdicción, a fin de que no se desvíen fondos de inversiones para pagar gastos corrientes o deudas.
 
Asimismo, el dictamen reforzó el rol de la Auditoria General de la Nación para revisar las cuentas de la empresa Aerolíneas Argentinas, en tanto que se mejoró el reparto de la ley de financiamiento educativo para aumentar los fondos de provincias en mejora edilicia de escuelas.
 
Se eliminó el artículo 51 que otorgaba facultades especiales al jefe de Gabinete para adelantos transitorios, y se suprimió la devolución de los saldos técnicos de IVA para prestadores de servicios públicos con tarifa subsidiada, a excepción de Aysa.
 
A su vez, se incorporó la obligación al Ministerio de Hacienda de presentar el plan financiero cada 90 días para controlar que no se emita deuda para financiar gasto corriente.
 
En el marco de las proyecciones macroeconómicas comprendidas en el plan de presupuesto, el oficialismo estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3.5%, una inflación de entre 12 y 17 %, un tipo de cambio nominal promedio de $17.92 y un déficit fiscal del 4.2 por ciento del PBI.