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La CGT amenaza con marchar al Congreso junto a los movimientos sociales
Los industriales ya avisaron que no todos los sectores podrán pagarlo y los funcionarios de Cambiemos aclararon que el plus "no es obligatorio".
El encuentro sindical se realizará a las 15 en la sede de la calle Azopardo y se produce luego de que este miércoles la central obrera quedó cerca de un acuerdo con organizaciones de desocupados y cooperativistas para participar de una marcha al Congreso Nacional el próximo mes, en reclamo de la aprobación de la ley de Emergencia Social.
El integrante del triunvirato cegetista Juan Carlos Schmid dio por descontado que en la central obrera "hay voluntad de participar" de la movilización, pero aclaró que eso será debatido este jueves en una reunión del Consejo Directivo, tras la cual se confirmará la decisión.
"No queremos acompañar, queremos ser parte", apuntó el sindicalista en conferencia de prensa.
"La CGT va a volver a insistir, va a volver a poner arriba de la mesa el tema del empleo, de los despidos", y remarcó: "Siempre dijimos que esto era apenas un puente, un parche para llegar a fin de año".
"Este gobierno podrá tener iniciativas miserales, pobres, pero finalmente son iniciativas", expresó el además secretario general de la estratégica Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Así lo manifestó Schmid al término de la reunión de la CGT con representantes de las organizaciones sociales Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Movimiento Evita, al señalar que en el encuentro del Consejo Directivo de este jueves se pondrá "en consideración" el apoyo a la marcha.
Destacó "el vínculo" con "este colectivo social" y ratificó que "los ofrecimientos del Gobierno son paliativos y no soluciones integrales"; ratificó "las dudas que se ciernen sobre el movimiento obrero de cara a 2017" y lamentó "los dramáticos números aparecidos hoy respecto de los índices de empleo, del nivel de los salarios y de la distribución de la riqueza".
"Los $ 2.000 obtenidos como bono de fin de año tienen ahora otro color", dijo y destacó que, sin embargo, hay sectores que "no pueden esperar".
Y expresó que se impone "el inmediato cese de los despidos y suspensiones".
Las organizaciones sociales reclaman la declaración de la Emergencia Social y, en pos de que la iniciativa se vote en ambas Cámaras antes de fin de año, organizan una marcha frente al Congreso, que tiene como fecha tentativa el próximo 18 de noviembre.
La Ley de Emergencia Social prevé, entre sus puntos principales, establecer institucionalmente un diálogo permanente entre el Gobierno y las organizaciones de la economía popular y también el pago de un "salario social complementario" para estos sectores informales.
En el encuentro participaron los dirigentes de la Economía Popular y los sindicalistas José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Carlos Frigerio (cerveceros), Amadeo Genta (municipales) y Domingo Moreira (ceramistas).
Por su parte, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, reivindicó "la institucionalización del diálogo con la CGT"; sostuvo que "el objetivo es salir juntos a la calle" y afirmó que "se trata de un proceso que debe profundizarse".
En ese contexto, los sindicalistas debatirán sobre el bono de $2.000 por fin de año, que se acordó con el Gobierno, luego de que surgieran tensiones en la central obrera ante el rechazo de algunos sectores empresarios a la medida.
Desde la CGT insisten en que el pago del bono es obligatorio y que no debe realizarse en cuotas.
Sin embargo, empresarios de distintos rubros advirtieron que no pueden hacer frente a ese plus y desde el Gobierno deslizaron la posibilidad de que no se realice en un solo pago.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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