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El gobierno de Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), aplicó derechos antidumping al biodiesel argentino para intentar bloquear definitivamente el ingreso del biocombustible local. La medida impone derechos antidumping de entre el 17 y 31,6%.
 
La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) rechazó categóricamente las razones esgrimidas por Perú para imponer una penalización en contra del biodiesel argentino, a la que calificó de "medida proteccionista contraria a las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por tanto ilegal".
 
CARBIO impugnó la medida por considerarla arbitraria y contraria a las normas multilaterales de comercio ya que se fundamenta principalmente en el diferencial de los derechos de exportación entre el biodiesel y el aceite de soja en la Argentina, argumento descalificado por los acuerdos y antecedentes jurídicos de la Organización Mundial del Comercio.
 
“Estamos decepcionados por la resolución peruana que desconoce todos los fallos internacionales en contra de los argumentos que han usado”, dijo Luis Zubizarreta, Presidente de CARBIO. “Somos el principal abastecedor de biodiesel para el transporte peruano por lo que esta injustificada decisión tendrá consecuencias en la economía de ese país ya que los precios domésticos del combustible aumentarán," añadió.
 
Por lo tanto, CARBIO anticipó que adoptará todas las medidas legales necesarias contra el Gobierno de Perú para revertir esta decisión proteccionista.
 
"El INDECOPI ha incurrido en esta sanción inválida, no sólo desconociendo los recientes fallos favorables a la Argentina en la OMC (Panel y Órgano de Apelación contra la misma medida impuesta por la Unión Europea, UE) y en la Corte General de Justicia de la UE en Luxemburgo, sino también ha calculado erróneamente el valor normal (consolidación de costos, determinación del beneficio y comparación de períodos, entre otros aspectos) lo que afecta y distorsiona la determinación del dumping y los derechos fijados", apuntó CARBIO.
 
"Esta investigación se inició en junio de 2015 por pedido de Industrias del Espino del Grupo Romero porque consideraba que los envíos argentinos causaban daño al biodiesel peruano sobre la base del aceite de palma, lo que fue rechazado por la industria argentina de biodiesel", agregó.
 
Desde el comienzo de ese proceso, tanto las empresas nacionales como el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación han presentado toda la información requerida adjuntando por voluntad propia aclaraciones adicionales para el mejor entendimiento del caso a las autoridades peruanas.
 
Durante 2016 la industria nacional junto a la Cancillería ha participado de sucesivas audiencias en Lima para demostrar los errores en los cuales estaba incurriendo el INDECOPI al ignorar las normas de la OMC.