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En la actualidad, día a día se multiplican los reclamos de usuarios de telefonía celular.
En parte, esto se debe a que hay una sobresaturación de clientes que a veces hacen imposible la comunicación. Se estima que, en la Argentina, existen más de 40 millones de líneas mientras que, desde 2010, más de 500.000 titulares dejaron de usar telefonía fija y sólo se manejan con equipos móviles.
Este mercado está controlado -casi en un 100%- por tres empresas: Movistar, que pertenece a la española Telefónica, Personal, que es de la italoargentina Telecom, y Claro, propiedad de la mexicana Telmex, cuyo máximo accionista es uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim.
Hace unos días, estas compañías anunciaron que iban a aumentar sus tarifas cerca de un 15% a partir de marzo, si bien luego debieron dar marcha atrás con la medida.
A diferencia de la línea fija, la telefonía móvil tiene las tarifas liberadas y, como consecuencia de esto, se manejan varios tipos de servicios y precios: el libre, en el que el cliente hace uso de la prestación y luego recibe la factura, los abonos mensuales, por el que cuenta con un determinado monto a utilizar y el de la tarjeta prepaga.
Esta última modalidad es la más usada por los sectores de menores recursos y son ellos los que más pagan por el servicio, ya que éste es más caro.
A modo de ejemplo, se estima que Movistar tiene aproximadamente dos millones de clientes bajo la opción de pospago y 16,5 millones de usuarios que usan "tarjetas control".
Durante el 2012, los usuarios sufrieron un incremento que promedió el 30%, convirtiéndose así en el de mayor suba anual.
En este contexto, hubo pocos avances que favorecieron a los titulares de las líneas, como el de la portabilidad numérica, que posibilita cambiar de compañía y mantener el número. Otro avance se dio en cuanto a que las llamadas comenzaron a ser facturadas desde que el receptor, o el contestador automático, responde y no a partir del tiempo de espera.
En este escenario, diversas asociaciones de consumidores comenzaron a pedir -cada vez con más fuerza- que se declare a este servicio como público, para que se fijen tarifas máximas y acordes con la prestación del servicio y su costo.
 
¿Servicio público?
En el Congreso existen varias iniciativas sobre este tema. Por ejemplo, el senador socialista Rubén Giustiniani realizó una presentación, que empezó a analizarse durante el año pasado, si bien todavía no prosperó, más allá de reuniones en comisión.
En caso de aprobarse, se obligará a las empresas a someterse a un marco regulatorio que asegure las características de todo servicio público, esto es: generalidad, uniformidad, regularidad, obligatoriedad y continuidad.
Otro legislador que presentó un proyecto para declarar a la telefonía celular (incluyendo Internet) como servicio público fue el diputado Carlos Comi. Propone que "el Estado controle más exhaustivamente a las compañías prestadoras de un servicio hoy deficiente ante la saturación de las redes, por la gran cantidad de aparatos en circulación".
Las asociaciones de consumidores, como la que dirige Héctor Polino, llamada Consumidores Libres, confirmaron que el rubro del que más quejan se reciben de los usuarios por el mal servicio brindado es, precisamente, el de la telefonía celular.
"Estos reclamos representan aproximadamente el 50% del total", señalan.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran "los cambios de planes sin consulta, cobros indebidos, aumentos de tarifas y trabas burocráticas a la hora de realizar cualquier reclamo dentro de una compañía".
El titular de Consumidores Responsables, Henry Stegmayer, se refirió al tema y dijo que la Secretaría de Comunicaciones debe sancionar una resolución para que las firmas estén obligadas a fraccionar las llamadas por segundo y no por minuto, tal como ocurre actualmente al momento de facturar.
"El servicio es una pesadilla y comunicarse es, en algunos casos, una odisea", explicó Stegmayer. Y, en ese aspecto, remarcó que "la telefonía celular constituye la principal fuente de recursos de las telefónicas porque los precios no están regulados". Y agregó que "no existe tal regulación toda vez que la legislación no la considera un servicio público".
Por último, el titular de Consumidores Responsables aconsejó "realizar un permanente control de las facturas porque las empresas cambian los planes de manera unilateral e inconsulta, generando mayores gastos o cobrando servicios que no prestan".
También sostuvo que "si uno no ha sido fehacientemente notificado de un aumento éste no puede llevarse adelante. Es decir, no alcanza con una solicitada en un diario porque debe ser notificado cada usuario en forma personal".
En tanto, Christian Galindo, responsable de la Red Argentina de Consumidores, denunció: "Con muy escasos requerimientos suben sus tarifas unilateralmente y siempre en bloque, lo que es muy llamativo".
A su vez, agregó: "Al igual que para los servicios públicos, para modificar tarifas debería exigirse un paso previo por el Congreso y por audiencia pública".
Por otra parte, Galindo se preguntó: "Si durante el 2012 fue el servicio que más se incrementó, entonces por qué ni bien arranca el año anuncian subas". Luego manifestó su preocupación porque "si no hay un freno a estas prácticas del sector, la conquista de la portabilidad numérica será de escaso resultado práctico".
 
Panorama en el Congreso
Las diversas asociaciones de consumidores presionan para que los proyectos de ley para declarar a la telefonía celular como servicio público se sancionen este año en el Congreso.
Entre los principales objetivos de estas iniciativas se encuentran -además de la defensa de los derechos de los consumidores- la garantía de continuidad, regularidad y uniformidad de los servicios, la de rescisión de contratos sin penalidad alguna y la prohibición de modificaciones unilaterales en los acuerdos entre empresas y usuarios que impliquen costos adicionales para estos últimos.
Buscan evitar el reajuste automático y, de considerarse un aumento, el mismo debe estar justificado y sólo podrá implementarse luego de una audiencia pública.
Así las cosas, el senador Giustiniani remarcó que "todas las asociaciones de usuarios se pronunciaron a favor de declarar a la telefonía celular como servicio público".
"Esta ley significa el cumplimiento de los derechos de los usuarios, que las tarifas sean justas y que el servicio se corresponda con lo que uno paga, situaciones que hoy están a la cabeza en los reclamos de las oficinas de Defensa del Consumidor y Oficinas de Defensorías del Pueblo".
En tanto, el diputado Comi criticó que, salvo la reciente ley de portabilidad numérica, no exista una reglamentación que encuadre la prestación del servicio en beneficio de los usuarios.
No obstante, tampoco encontró satisfactoria la determinación del Gobierno nacional de crear una SA. propia -la empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat)- como cuarta alternativa a las actuales operadoras.
 
Foto: Dosmanzanas.com