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Cristina Fernández pudo haberle sacado tajada política a su paso por tribunales como imputada este lunes. En la indagatoria ante el juez Julián Ercolini, que investiga maniobras de corrupción en la obra pública durante los gobiernos K, la expresidente apuntó contra su sucesor, Mauricio Macri, por la firma de un decreto que benefició a su primo y constructor, Ángelo Calcaterra.
 
Según dijo la exPresidente ante Ercolini y luego repitió ante la prensa a la salida de tribunales, el gobierno de Cambiemos modificó a través de un decreto las condiciones del pliego de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento -adjudicada durante el kirchnerismo a IECSA, la empresa de Calcaterra-, para que se realice con financiamiento estatal en lugar de privado, como estaba previsto inicialmente. CFK dijo que "por supuesto, se cuidaron de que no lo firmara Macri" al decreto.
 
Está en lo cierto, porque el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a la que alude la exmandataria, el 797/2016 fue firmado por la vicepresidente Gabriela Michettiy varios ministros del Gabinete.
 
De acuerdo a fuentes judiciales,  raíz de esta declaración, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los mismos fiscales que actúan en la causa de Ercolini, pidieron la apertura de una nueva causa contra el actual Gobierno.
 
Los fiscales observaron la posible comisión de un delito por parte del actual Gobierno, que modificó las condiciones de la adjudicación que había realizado el anterior Ejecutivo para soterrar el Ferrocarril Sarmiento.
 
IECSA ganó en 2007 la licitación del proyecto junto con la compañía italiana Ghella y la brasileña Odebrecht. Pero en junio de este año, el actual el Ejecutivo emitió un DNU que autoriza modificaciones presupuestarias por $100.000 millones, lo que incluía partidas para la obra vinculada al Sarmiento.
 
Aunque el contrato origina l estipulaba que las empresas debían disponer del dinero para ejecutar la obra del soterramiento, el DNU del Gobierno  le destina partidas  del presupuesto a ese proyecto.
 
"La norma se hizo porque nos permite definir obras que no se pudieron agregar al Presupuesto, porque estaba cerrado, y permite transparentar las obras del nuevo gobierno", explicóen su momento Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal.
 
El decreto fue impugnado en la comisión de análisis de los DNU tanto por el Frente para la Victoria como por el Frente Renovador, pero nunca se trató en el recinto.
 
En el escrito que presentó ante el juez Ercolini, Cristina Fernández, solicitó la ampliación de la investigación. "No es que no queremos que se investigue. Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública", dijo y destacó que el empresario Calcaterra fue uno de los que más fondos de obra pública recibió d urante su gestión, e indicó que en varias obras lo hizo asociado con Lázaro Báez, el detenido empresario K que es el eje de la causa por la que fue indagada este lunes la exPresidente.
 
"No puede ser que se revisen sólo los fondos asignados en una provincia y a una empresa", advirtió la exmandataria, quien agregó que no es "amiga ni socia comercial de Lázaro Báez", y que durante su gobierno se "duplicaron las empresas de obra pública" para desarrollar las obras en todo el país.
 
Respecto de Calcaterra, Cristina agregó que el pliego para el soterramiento de las vías del tren Sarmiento --obra asignada a Iecsa, empresa del primo de Macri-- venía desde su gestión, pero la gestión de Cambiemos modificó el punto que indicaba que la obra se realizaría con financiamiento internacional para que sea el Estado el que financie la obra, "que, por supuesto, se cuidaron de que no lo firmara Macri", aclaró. "Que se investigue el favorecimiento a Iecsa", reclamó.