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El proyecto, que desde fines de septiembre pasado cuenta con dictamen de las comisiones de Ambiente y de Agricultura y Ganadería de la Cámara alta, fue elaborado por los senadores Mirtha María Teresita Luna (Frente para la Victoria; San Juan), Sigrid Elisabeth Kunath (FpV; Entre Ríos), Rupero Eduardo Godoy (FpV; San Juan) y Sandra Daniela Gimenez (Ex FpV y ahora titular del bloque justicialista “Misiones”).
 
La iniciativa define como “humedal” aquellas áreas con “inundación recurrente o permanente” y los campos con “presencia de suelos hídricos o con rasgos de hidromorfismo”.
 
En junio pasado, durante una presentación realizada en el Senado, investigadores del INTA habían advertido que el proyecto, tal como estaba redactado, afectaba a más de 69 millones de hectáreas, muchas de las cuales se encuentran en producción permanente. Y solicitaron incorporar al texto el concepto de sistemas productivos tradicionales preexistentes para evitar que los mismos se tornen inviables ante una eventual aplicación de la normativa. Pero sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta.
 
El proyecto dispone que “podrán realizarse en los humedales todos aquellos aprovechamientos que no afecten negativamente la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad y en particular a los sectores más vulnerables que dependen de ellos”.
 
Entre los servicios contemplados por la iniciativa se incluyen la provisión de agua potable; filtrado y retención de nutrientes y contaminantes; provisión de alimento para personas y fauna silvestre y doméstica (sic); amortiguación de excedentes hídricos; disminución del poder erosivo de los flujos de agua y su velocidad de circulación hacia el mar; mitigación de la pérdida y salinización de suelos; provisión de hábitats (sic); estabilización de la línea de costa y control de la erosión costera; almacenamiento de carbono; recarga y descarga de acuíferos; estabilización climática; y valores culturales (sic).
 
Es decir: se trata de muchas exigencias generales que, al momento de reglamentarse, podrían, por la cantidad de regulaciones implicadas, bloquear la posibilidad de realizar actividades productivas en muchas regiones argentinas.
 
“Teniendo en cuenta los firmantes del dictamen y los contactos mantenidos, se puede afirmar que hay una alta probabilidad de que el proyecto, tal como está, o con algunas modificaciones que podrían surgir a partir de un proyecto alternativo, sea aprobado (en el recinto del Senado)”, advierte un comunicado difundido hoy por la Fundación Barbechando (que se ocupa de evaluar proyectos legislativos de interés agropecuario en el Congreso). “Dependiendo de cuánto se moderen los alcances del proyecto original, menor será el grado de afectación productiva que podrá haber en el futuro”, añade.
 
Una vez aprobado en el Senado, el proyecto sería enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento y, eventualmente, aprobación final para convertirse en una ley nacional.