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Por Carlos Petroli.- Una actualización “razonable y gradual” de las valuaciones fiscales es el primer título que el Gobierno provincial trasladó a las entidades del agro con vistas a la próxima elevación del Presupuesto y de la Ley Impositiva 2017. Ese proceso de revalúo, sobre la base de indicadores de productividad, quedaría establecido para un plazo de tres años, con una implementación gradual, tomando la referencia de las valuaciones de Santa Fe y Buenos Aires, con las que se comparte la zona núcleo de producción.
 
En paralelo, se impulsaría una normativa de promoción de las buenas prácticas agrícolas y rotaciones, por la que se fijarían incentivos impositivos.
 
Este fue uno de los asuntos que el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, trasladó esta semana a representantes de la mesa agropecuaria provincial, con la perspectiva de agendar otro encuentro más específico a su regreso de la gira por el exterior que emprenderá este fin de semana junto al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile. En buena parte de esa agenda internacional, Buryaile estará acompañado por los ministros de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, las tres mayores provincias agropecuarias (y de producción de soja, donde los productores deberán esperar a la campaña 2017/2018 para que prosiga el cronograma de reducción de retenciones).
 
La nueva grilla tributaria y la administración de los recursos para el ejercicio fiscal 2017 ya se ha instalado en los dos frentes, el nacional y el provincial. Con algún condicionamiento (que se atienda a las economías regionales y a obras de infraestructura), la dirigencia del agro ha aceptado aquella prórroga. Pero ahora empezó a correr la sintonía fina de los números, y las consecuentes negociaciones. En las rurales, como ocurrió el pasado fin de semana en Adelia María, los dirigentes piden que la Nación y las provincias busquen consensos, apunten a una disminución de la presión fiscal y, paralelamente, realicen inversiones apuntadas a mejorar la infraestructura. El primer punto será una ecuación difícil, por cuanto los ingresos de las distintas administraciones buscarán referenciarse con la inflación, amén de apuntar a un sinceramiento en materia de valuaciones. En el frente nacional, la Provincia querría ser parte de acuerdos en torno de los 300 millones de dólares que los productores cordobeses dejarían de percibir en la campaña 2016/2017 por no contar con la rebaja del cinco por ciento de las retenciones a la soja.
 
Por otra cuerda, en obras nacionales, como las autovías 36 y 19, la Provincia tiene acordado un reparto de las inversiones 70/30 con la Nación, pero hasta aquí esos emprendimientos fueron realizados con fondos cordobeses.
 
A la vez, en el frente interno provincial, los municipios pugnarán por lo suyo: la coparticipación del “fondo sojero” (30 por ciento de los derechos de exportación, que se distribuye entre todas las provincias, a diferencia de las regalías petroleras) y su porción del 20 por ciento sobre el Impuesto Inmobiliario Básico. Los intendentes buscarán recibir en tiempo y forma esa masa de recursos.