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Estamos convencidos de que el INTA es una herramienta para todo el universo de productores, para fomentar la innovación de insumos y procesos, la investigación y el extensionismo y el recorte de más de mil millones de pesos que refleja el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 para este Instituto, atenta contra el cumplimiento de estos objetivos.
 
Con el recorte corren serio riesgo la autarquía y la soberanía técnica del organismo, que si bien podría continuar funcionando con recursos de terceros que financien las investigaciones (como sugieren algunas voces) claramente además de correr el riesgo de que los mismos sean insuficientes, seria mas grave aún que las prioridades del organismo las fijen los terceros que aporten recursos o que a los resultados de esas actividades solo tengan acceso un puñado de empresas, en tanto a la inmensa mayoría nos cobren para acceder a esas tecnologías o procesos, desde el sector privado.
 
De concretarse la decisión del gobierno nacional, correría riesgo también la continuidad de los programas con que se asesora y financia a grupos de pequeños productores de todo el país y se desarrolla tecnología de interés de los mismos. Paralelamente, los equipos  técnicos serían desarticulados y una diversidad de profesionales formados en el organismo serían despedidos, lo cual además de ser repudiable, significaría mano de obra para el sector privado al cual se transferirán también de este modo el conocimiento y la experiencia de quienes se han formado en un organismo con recursos de todos los ciudadanos.
 
En estos sesenta años de vida, INTA ha trabajado en la búsqueda de mejorar la producción agropecuaria nacional, respetando además el medio ambiente y promoviendo el bienestar de la familia. Los productores participamos en sus órganos directivos en todos los niveles definiendo las acciones institucionales y con el paso del tiempo, el INTA supo preservar el prestigio de ser un organismo que funciona según sus objetivos fundacionales.