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Por Patricio Eleisegui.-  Cruces, acusaciones y sospechas. En medio de este clima se ha venido diagramando la nueva ley que regulará la comercialización de semillas agrícolas en la Argentina.
 
Lo paradójico del caso es que todos los protagonistas de este millonario negocio -y que forman parte de la disputa- se sienten perjudicados.
 
Protestan, no se sienten respaldados por el Gobierno y afirman que la iniciativa oficial, además de complicar sus respectivos intereses, beneficia a los contrincantes.
 
Las críticas llueven desde todos los costados, incluyendo las de aquellos que desde hace ya una década vienen reclamando un cambio en el marco legal.
 
Se sienten damnificados tanto Monsanto -que reclama por presuntas violaciones a la propiedad intelectual de su genética- como todos los que acusan a la multinacional de prácticas monopólicas, al estilo de una "Microsoft de la agricultura".
 
Lo curioso es que el polémico proyecto, que tantas pasiones despierta, sólo se conoce por referencias indirectas ya que prácticamente nadie ha leído el texto completo.
 
"No lo conozco, sólo me llegaron algunos comentarios", aseguró a iProfesional un ex subsecretario de Asuntos Agrarios bonaerense.
 
En igual sentido, una fuente cercana a la Federación Agraria Argentina (FAA) sostuvo: "Esperamos conocer pronto la iniciativa de Macri y su equipo"
 
Curiosamente, añadió: "No se le puede permitir a las multinacionales que impongan sus reglas, ya que lo que está en juego es la mesa de los argentinos. Lo que debe prevalecer es la soberanía alimentaria".
 
En todos los casos, quienes elevan sus críticas a la iniciativa tendiente a contar con una nueva ley de semillas no esconden cierto desconocimiento respecto de la propuesta del Gobierno.
 
Incluso, algunos "peso pesado" del sector, como Gustavo Grobocopatel, se han sincerado ante iProfesional: "Yo tampoco tengo el texto en mis manos".
 
Pese a no contar con él, el empresario hizo referencia a los aspectos que la nueva normativa debiera contemplar. Entre ellos, planteó un fino equilibrio entre que:
 
-Las empresas cobren por la inversión en investigación y desarrollo
 
-Los productores puedan comprar semillas certificadas y que haya una ancha base de pago.
 
Según pudo saber iProfesional a partir de las negociaciones en curso, la intención del Gobierno es transitar un camino intermedio.
 
Es decir, atender el reclamo de propiedad intelectual proveniente de quienes generan los avancen genéticos en las semillas pero sin que ello implique un ahogo económico para los pequeños productores.
 
Como suele ocurrir en estos casos, ninguna de las partes se manifiesta en concordancia con la solución oficial planteada. Más aún, acusan al Gobierno de querer perjudicarlos.
 
 
Las partes en pugna:
 
-Los productores, nucleados en organizaciones como la Sociedad Rural Argentina (SRA) o la Federación Agraria Argentina (FAA)
 
-Compañías como Bayer, Monsanto, Bioceres, o Nidera, agrupadas en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).
 
Escenario confuso
 
La intención del Gobierno de Macri es darle vida a una normativa que modifique la actual Ley de Semillas (20.247), que data de 1973.
 
Entre otros aspectos, posibilita que los productores no tengan que volver a pagar por la semilla que utilizan cada vez que vuelven a sembrar.
 
Es decir, la regulación no contempla ningún "copyright". Por ejemplo, sobre las modificaciones genéticas que hoy en día están presentes en casi la totalidad de la soja que se siembra en la Argentina.
 
El principal actor en este sentido es Monsanto, que entre los años 70 y 80 desarrolló semillas que resisten a su herbicida Roundup, etiqueta comercial del controvertido glifosato.
 
Este invento de la multinacional está incluido en toda la soja que por actualmente comercializan gigantes como Nidera y Don Mario, por citar algunos ejemplos.
 
La expansión de este cultivo trajo como consecuencia la "pirateada" de la genética desarrollada por la firma estadounidense que, desde hace años, implementó un régimen de controles compulsivos en puertos para detectar a productores y empresas que no pagaron las regalías por ella exigidas.
 
Por detrás de Monsanto aparecen empresas que también tienen cerrados sus propios transgénicos, si bien se cuidan de lanzarlos al mercado por temor a sufrir lo mismo que la creadora del glifosato.
 
Una de ellas es Bioceres, conformada por socios locales, entre ellos Grobocopatel, que desde hace alrededor de un año posee la patente de la primera soja con resistencia a sequía -stress hídrico, en la jerga-.
 
Integrante de ASA, al igual que Bioceres, desde Monsanto atendieron la consulta de iProfesional alegando que el sector semillero concentró su posición en un único frente.
 
"No podemos pronunciarnos sobre el proyecto porque eso le corresponde de ASA, entidad que representa a toda la industria. Del texto no podemos decir nada", comentó a iProfesional un vocero de la multinacional.
 
Desde esa organización, a principios de este mes, embistieron muy fuertemente contra la iniciativa oficial.
 
"El proyecto presentado no responde a los objetivos de integración con el mundo. Tampoco al desarrollo sostenible planteado por el Presidente en la cumbre del G20", disparó ASA.
 
Además, puntualizó una serie de argumentos en contra del plan del macrismo. Afirmaron que:
1.  El proyecto no es superador del actual marco normativo
2. No promueve el mercado legal de semillas"
3. No favorece la venta de semillas fiscalizadas
4. No establece mecanismos fiables de control para transparentar el mercado
5. Desalienta inversiones para desarrollo e investigación de nuevas variedades
6. No fomenta la introducción de nuevas tecnologías al mercado local
7. No contribuye a generar puestos de trabajo calificado."
 
Además, la entidad recalcó: "ASA considera que el proyecto presentado pone en riesgo acuerdos internacionales firmados por Argentina en cuestiones de propiedad intelectual".
 
"El texto avanza sobre derechos amparados por la Constitución Nacional y tratados internacionales, generando inseguridad jurídica lo que afecta al desarrollo de la industria semillera nacional", añadieron.
 
Según indicaron a iProfesional fuentes del agronegocio, otro aspecto que levanta temperatura entre los integrantes de ASA es que el Gobierno permitiría que los pequeños productores puedan guardar semillas para uso propio.
 
Entiende que, de esa forma, todos evitarán el tener que comprar el insumo al inicio de cada siembra.
 
El proyecto oficial estipula que, luego de adquirida la semilla, durante los próximos dos años abonen un canon extra en concepto de uso de las nuevas cepas que originará el cultivo.
Al mismo tiempo, fija una exención en el caso de aquellos chacareros que demuestren una facturación inferior a los $1,8 millón
 
ASA está directamente en contra de estos lineamientos.
 
Antonio Aracre, director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, empresa que forma parte de ASA, expuso con claridad la posición de la industria: "Creemos que hay que eliminar el uso propio y gratuito porque no se corresponde con la estimulación a la innovación tecnológica".
 
 
Los productores también protestan
 
El macrismo tampoco encuentra sosiego entre quienes, a ojos de las semilleras, se verían beneficiadas por el proyecto oficial.
 
Entidades como SRA y la FAA que nuclean a los productores entienden que está armado a medida de Monsanto y de las otras compañías.
 
 
"Estamos de acuerdo en que tiene que pagarse por la innovación, pero también en que el Estado debe crear reglas para evitar los oligopolios", aseguró a iProfesional Daniel Pelegrina, vicepresidente de la SRA.
 
"Monsanto es una empresa que siempre ha tenido ese tipo de comportamientos y es por eso que la hemos denunciado en Defensa de la Competencia", completó.
 
En su visión, el Estado tiene que ser el único organismo de control y deben generarse opciones de modo tal que haya semillas para todos.
 
"Además de la diversidad genética, entendemos que los productores no tienen por qué abonar un canon luego de que ya hayan comprado la bolsa" protestó.
 
Para la SRA, el uso gratuito debe mantenerse aunque, claro, limitado a la superficie de hectáreas por las que se pagó la semilla con esa mejora genética introducida.
 
En la entidad consideran que si el chacarero quiere ampliar la siembra, tendrá que volver a comprarle el insumo a alguna de las compañías que conforman ASA.
 
"La soberanía en estas cuestiones es algo que nos importa. Que existan más oferentes en materia de diversidad genética nos parece clave. No puede ser que una o dos compañías concentren toda la oferta", enfatizó Pelegrina.
 
"Tampoco queremos que las empresas puedan seguir teniendo derecho a cobrar durante años por esa primera semilla que vendieron", completó.
 
Del lado de la FAA, su titular, Omar Príncipe, presentó un proyecto de Ley de Semillas diagramado por la organización y siempre desde una oposición crítica al del macrismo.
 
"Hace tiempo decimos que hay un proceso de concentración que lleva a la desaparición de pequeños y medianos productores, consecuencia de varios factores, como la falta de políticas públicas orientadas a promoverlos y a sostenerlos", dijo.
 
Príncipe recordó que en 2014, FAA denunció el abuso de posición dominante por parte de Monsanto y que la asociación elevó sus reclamos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
 
"Presentamos este proyecto de ley, que es federal, en el que ratificamos que la Argentina siga siendo parte de los tratados internacionales. También hemos planteado que debe asegurarse el derecho de uso propio, porque es un derecho adquirido", siguió.
 
Príncipe consideró que una ley de semillas tendría que ser de orden público para que ningún contrato privado pueda estar por encima.
 
Por lo pronto, FAA apela a sostener la bandera del uso propio y a que las multinacionales logren el control legal de toda la genética. Sobre todo, en el caso de la soja que se siembra en la Argentina.