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Por Gonzalo Chicote.- "Buscamos modificar las escalas, pero de manera gradual. No tenemos las herramientas para modificarlo en uno o dos años".
 
La frase pronunciada por Alfonso Prat Gay sobre la próxima reforma del Impuesto a las Ganancias confirmó los peores temores de los empleados: el alivio que tanto esperaban seguirá durmiendo el "sueño de los justos".
 
Dicho de otro modo: no sólo continuarán sufriendo las elevadas alícuotas durante el 2016 (en muchos casos alcanzan el 35%, la más alta en la escala), sino que, además, tendrán que seguir soportando una fuerte carga fiscal durante los próximos años.
 
Esta situación deja en evidencia que, más allá de las promesas electorales, hay una cruda realidad en el plano fiscal que el Gobierno no puede evitar.
 
Con un rojo mayor al previsto, el aporte de Ganancias a la caja del fisco sigue siendo un recurso que el Ejecutivo no puede darse el lujo de prescindir.
 
Sobre todo cuando, tal como acaba de admitir el ministro, la velocidad a la que se reducirá el agujero fiscal será menor a la que se había previsto.
 
Así, el Gobierno "descubre" algo que el kirchnerismo sabía desde hacía tiempo: la "virtud" del impuesto a las Ganancias es que, incluso en un escenario recesivo, es un gravamen que rinde en términos de recaudación.
 
Esto es así porque no depende de las rentabilidades reales sino, más bien, de los aumentos nominales de los ingresos -tanto de facturación empresaria como de salarios de empleados-.
 
Además, en un contexto en el que el país acumula una alta inflación, el aporte de Ganancias al fisco está más que garantizado.
 
Sin embargo, los funcionarios se encontraron con una sorpresa: aun con todas estas ventajas mencionadas, este año este tributo perdió algo de peso en la "torta" de la recaudación en relación con otros impuestos.
 
Si con un "ajuste light" como el implementado en febrero se produjo una contracción frente al total de ingresos, en el Gobierno razonan que las consecuencias podrían ser mucho más "incómodas" si se practicaran las modificaciones que la oposición y los sindicatos están reclamando.
 
Los números informados por Alberto Abad todos los meses muestran que el retroceso de Ganancias no se limita al comparativo frente a otros tributos.
 
Por lo pronto, este gravamen también perdió otra batalla: contra la inflación. Es decir, no creció en términos reales.
 
Este es, precisamente, el verdadero motivo que llevó al Gobierno a exponerse a las críticas y a pagar el costo político de que lo acusen de estar incumpliendo con sus promesas electorales.
 
Y, por sobre todo, deja en evidencia una cruda realidad que golpea al Ejecutivo: tal como le pasó a Cristina Kirchner en los últimos años de mandato, Mauricio Macri tampoco puede prescindir tan fácilmente de Ganancias.
 
Esta, por cierto, no es la primera "desilusión" que sufren por parte de este Gobierno aquellos empleados que están obligados a pagar el gravamen. La primera había tenido lugar en febrero, tras el anuncio oficial del ajuste del mínimo no imponible.
 
En aquel momento, Macri rompió su promesa de campaña, dejando de lado la tan esperada actualización de las escalas. Además, terminó incorporando más personas tras los cambios.
 
Las estimaciones realizadas en aquel momento advertían que por lo menos unos 220.000 dependientes volverían a enfrentarse a las "temidas" retenciones de Ganancias, que se verían plasmadas en sus recibos de sueldo.
 
Así, en cuestión de horas, se terminó evaporando el alivio que sintieron muchos empleados tras la actualización anunciada con bombos y platillos por la Casa Rosada.
 
Sucede que, al haber sido modificado justo antes de las paritarias, bastó un pequeño incremento para que gran parte del alivio se perdiera otra vez en manos del impuesto.
 
La "Ganancia-dependencia", en clave K
 
La encrucijada a la que quedó expuesto Macri no es otra que la experimentó su antecesora, Cristina Kirchner, en los últimos años de su gobierno. Aunque, claro está, con algunas diferencias.
 
Durante el kirchnerismo, el Impuesto a las Ganancias era el protagonista de los anuncios de recaudación, rompiendo todos los récords mes a mes y cobrando una importancia cada vez mayor en el share.
 
El crecimiento del gravamen tuvo su punto cúlmine durante el 2015. El año pasado, la porción exclusivamente tributaria (es decir, dejando fuera los ingresos aduaneros) llegó a representar un 25% de lo recaudado.
 
 
Con este nivel, Cristina sabía que contaba con fondos que le permitirían sostener políticas sociales, un aspecto clave para un período electoral.
 
Además, el alza en la recaudación de este tributo le permitía compensar el bajón que estaban experimentando el resto de los gravámenes, arrastrados por la recesión.
 
Sin embargo, este fenómeno bautizado como "Ganancias-dependencia" terminó generándole a la ex presidenta rispideces cada vez mayores con los gremios y trabajadores, que veían cómo sus salarios eran diezmados por el efecto del tributo.
 
Las justificaciones que esgrimía la entonces mandataria no hacían más que aumentar la crispación social. Por ejemplo, como cuando advirtió que recaía exclusivamente sobre los empleados de "altos ingresos".
 
Ahora las cosas cambiaron. Sin dejar de ser un impuesto relevante, durante 2016 mostró una reducción importante en total recaudado: en los primeros ocho meses, mostró una caída de tres puntos.
 
En concreto, la porción impositiva de Ganancias (sin considerar el aporte del comercio exterior que, al contrario de lo sucedido durante el kirchnerismo, muestra un crecimiento sostenido) pasó a representar un 21% del total.
 
A la hora de encontrar motivos para explicar esta contracción, los tributaristas hacen hincapié en dos puntos:
•             El ajuste en el piso del gravamen para empleados (que pasó a ser de $18.880 para solteros y $25.000 para casados con dos hijos).
 
•             La devolución de las retenciones por gastos con tarjetas fuera de la Argentina y por compras de divisas o pasajes al exterior.
 
Las expectativas del equipo económico antes de asumir parecían claras: en un contexto recesivo, y con un ajuste acotado como el introducido en febrero, parecía suficiente para que el gravamen no perdiera el protagonismo que tuvo.
 
Al ser un tributo que no se ve tan afectado por la caída en el ritmo de actividad (como sí sucede con el IVA), la idea era que, al menos en términos nominales, la recaudación por Ganancias continuara creciendo en términos reales.
 
Pero las cosas no salieron como pensaba el macrismo. Para agravar el panorama, se pagó una "herencia" de los tiempos kirchneristas, porque tocó devolver las retenciones que se cobraban por operaciones en dólares y para la adquisición de divisas con destino turístico.
 
Así, no sólo se dejó de recaudar el 20 o 35 por ciento sino que, en la actualidad, el fisca está devolviendo los importes a aquellos que no debían pagar ni Ganancias ni Bienes Personales.
 
Estos son los motivos que explican por qué el impuesto que crecía sin parar (ganándole la pulseada incluso a la inflación durante el kirchnerismo) pasó a ser una sombra de lo que fue.
 
Conscientes de esta realidad, en el equipo económico de Macri no hay voluntad de que la torta de la recaudación se siga achicando.
 
De modo que la idea de ajustar las escalas de un tirón seguirá siendo una cuenta pendiente.
 
Un "termómetro" financiero
 
La postura del Ministro de Hacienda está dejando al descubierto la falta de cumplimiento de una de las principales promesas electorales.
 
Pero también exhibe la verdadera situación financiera por la que está atravesando el Gobierno.
 
Acorralado por un rojo fiscal que, pese a sus intenciones, todavía no pudo ser domado, sabe que tiene poco margen de maniobra para cubrir todos los objetivos planteados.
 
La delicada situación de las finanzas se explica por dos factores: por un lado, influye el aumento del gasto público y, por el otro, la baja en la recaudación general que se ha venido repitiendo en los últimos meses.
 
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) resalta que durante el primer semestre hubo una expansión de las erogaciones impulsada fundamentalmente por tres rubros:
 
-Prestaciones a la seguridad social (que explicó un 54% del crecimiento).
 
-Transferencias corrientes al sector privado (que se compone principalmente de subsidios económicos a los servicios públicos y a familias).
 
-Remuneraciones (que explica un 15% del crecimiento del gasto).
 
Hay otro detalle importante: estos datos son a junio. Es decir que todavía no acusan el impacto de la marcha atrás en el aumento de tarifas de servicios públicos ni el efecto que tendrá en la caja la reparación histórica a jubilados.
 
En cuanto a los ingresos, basta revisar los datos que informa la AFIP sobre recaudación impositiva de los últimos meses para confirmar que el escenario no es el que el equipo económico deseaba tener.
 
Sin ir más lejos, en agosto las entradas tributarias en las arcas del Estado mostraron un incremento del 25% respecto al mismo mes de 2015, mientras que en julio la suba interanual había sido del 23 por ciento.
 
Los números no serían malos en una economía estable. Sin embargo, el aumento de precios acumulado en esos meses terminó aguando la fiesta: la recaudación, en definitiva, terminó unos 15 puntos por debajo de la inflación.
 
Este panorama obligó a recalcular los números de cara al 2017. El resultado: el déficit estimado dejó de ser del 3,3% para el año que viene, para convertirse en un rojo del 4,2% del PBI.
 
Al momento de justificar los cambios en el Presupuesto 2017, las palabras de Prat Gay fueron tan crudas como simples: "Es más alto de lo previsto, pero realista".
 
Los hechos también confirman que el Ejecutivo no tiene más remedio que el de no resignar un solo peso de la recaudación. Aun a costa de tomar decisiones que, como las de Ganancias, sean más resistidas que aplaudidas.
 
Los gobernadores, la otra mitad del problema
 
Los números de la recaudación del impuesto preocupa a los integrantes del equipo económico.
 
Pero no son los únicos que miran con detenimiento las planillas con los números cada vez que Abad realiza un anuncio.
 
Los gobernadores también están muy atentos a cualquier modificación.
 
Ocurre que, debido a que el impuesto tiene una forma especial de coparticipación (diferente, por ejemplo, al IVA o al del Cheque), los líderes provinciales pueden verse afectados ante un cambio en el gravamen.
 
Tal como diera cuenta iProfesional, las provincias reciben en forma directa más del 45% de los fondos que se obtienen por Ganancias. Esto convierte a los gobernadores en "socios" del Estado nacional.
Y hace que, sin ser las caras visibles, terminen festejando por lo bajo cada vez que la recaudación del tributo levanta cabeza. Pero, al mismo tiempo, también son los primeros que se preocupan si baja.
 
Este es el principal motivo por el que se hace difícil encontrar a un gobernador que se "rasgue las vestiduras" en público ante el "flagelo" que representa el tributo que recae sobre los asalariados.
 
Es lógico: un ajuste sustancial puede ser determinante en sus finanzas. Más si se tiene en cuenta que la mayoría de las jurisdicciones ha optado por aplicar políticas de ampliación de empleo público (es decir, un gasto inelástico) para obtener mayores adhesiones.
 
Los diputados y senadores que representan a cada una de esas provincias también lo saben. Por eso es que no tomarán una decisión que termine perjudicando sus finanzas.
Precisamente por ello, el Gobierno de Macri intentará que la discusión sobre la nueva reforma del Impuesto a las Ganancias (que plantea un ajuste que se aplicará recién el año que viene) se realice junto al Presupuesto 2017.
 
El objetivo del oficialismo es el de condicionar a la oposición para lograr obtener los votos necesarios para que la Ley de Leyes obtenga los sufragios necesarios sin mayores condicionamientos.
 
No va a ser una tarea sencilla. Una muestra clara de ello fue la reunión que mantuvieron los gobernadores provinciales con el fin de unificar una estrategia para gestionar la incorporación de fondos nacionales en el Presupuesto 2017.
 
Sin embargo, el oficialismo contará con una ayuda adicional y, sobre todo, inesperada en un escenario donde Sergio Massa está distanciándose del Gobierno: Facundo Moyano, del Frente Renovador, que reclamará el tratamiento conjunto.
 
Claro que la postura del hijo del líder camionero es distinta a la que plantea el Ejecutivo.
 
La idea del joven legislador es la de lograr que Cambiemos cumpla con sus promesas de campaña y no sólo actualice las escalas del gravamen, sino que también incorpore un mecanismo de actualización automática.
 
Las discusiones prometen ser acaloradas y la victoria del oficialismo todavía no está garantizada.
Mientras los funcionarios se desvelan pensando en las estrategias que les permitan obtener un triunfo, hay algo que queda claro: Macri ya tomó la decisión.
 
Como en su momento lo había hecho la propia Cristina Kirchner, el Presidente parece dispuesto a pagar un costo político con una medida impopular.
 
Es que llegó a la conclusión de que, al igual que su antecesora, no puede vivir sin el Impuesto a las Ganancias.