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Por Sebastian Albornos.- Finalmente -luego de tanto revuelo político, empresarial y en los medios de comunicación-, llegó el momento de la tan esperada audiencia pública.
 
Ocurre justo un mes después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anulara el "tarifazo" por el servicio del gas.
 
Pocas veces se dio un contraste tan fuerte entre la atención mediática que genera un evento y las posibilidades de que éste tenga consecuencias relevantes.
 
Para la mayoría de los expertos en temática tarifaria y actores políticos, la audiencia tendrá una convocatoria multitudinaria y difícilmente pueda darse algún tipo de debate.
 
Por su parte, el Gobierno tomará este encuentro como una formalidad para cumplir con la exigencia de la Corte.
 
En todo caso, la decisión sobre la política tarifaria a futuro no dependerá de los argumentos que se esgriman en esta instancia, sino que la misma ya está delineada por el equipo gubernamental.
 
La reunión se desarrollará en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca. Será un desfile de funcionarios macristas, políticos de la oposición, empresarios y representantes de consumidores.
 
La apertura, ante un auditorio colmado (asistirán casi 1.200 personas), estará a cargo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien contará con apenas 20 minutos para defender la propuesta oficial, articulada en una suba promedio del 200% para hogares residenciales.
 
Luego será el turno del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, de los representantes de las empresas YPF, Total Austral, del Instituto del Petróleo y el Gas y los de las licenciatarias del servicio.
 
El Gobierno, antes de que hablen los referentes de la oposición y las asociaciones de consumidores (quienes cuestionarán la "falta de tacto" con el "tarifazo") pretende que los empresarios del sector gasífero "den la cara".
 
Ya les hizo saber que tienen que explicar claramente que necesitan sí o sí que las tarifas sean incrementadas.
 
Y apuntarán a dos temas sensibles, como son la necesidad de poder pagar los sueldos y brindar un servicio decente, para lo cual resulta imperioso invertir en infraestructura.
 
Durante casi tres largos días, se tratará el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros tarifarios tras la Revisión Tarifaria Integral (RTI).
 
Las empresas sostienen que durante los últimos años, los montos que ingresaron a sus arcas apenas les alcanzaban para realizar un mantenimiento mínimo e indispensable para garantizar la provisión del gas.
 
Esto, producto de tarifas congeladas y suba de costos salariales e internos disparándose a raíz de la elevada inflación.
 
Los oradores de la oposición tendrán cinco minutos para dar sus argumentos. Ya se anotaron:
-El ex ministro de Economía y actual diputado kirchnerista, Axel Kicillof
-El senador Fernando "Pino" Solanas
 
-Los representantes de la CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli
-Los intendentes bonaerenses Verónica Magario (La Matanza) y Gabriel Katopodis (San Martín).
 
Se designó a Francisco Corcuera Quiroga, ambientalista y ex funcionario del gobierno porteño, como moderador ad honorem de la audiencia.
El Gobierno prevé que las exposiciones se podrían extender hasta el domingo ya que, en total, pasarán 373 personas, que se dirigirán al público desde un escenario montado para tal fin.
 
Por cierto, para llegar a ese lugar debieron completar un formulario con el contenido de su exposición. Los que deseen entrar al recinto deberán llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
 
Además, se habilitarán los pasillos de la Usina del Arte, en el que se instalaron pantallas gigantes para que los interesados puedan seguir la esperada audiencia.
 
Es tal la expectativa, que el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, resolvió suspender todos los partidos de las categorías de fútbol de ascenso, de modo tal de incrementar la cantidad de efectivos en la zona, ya que se esperan movilizaciones de partidos de izquierda y de organizaciones kirchneristas.
 
Además, en el interior del país se instalaron ocho centros de participación virtual, que funcionarán en cines, auditorios y salones de las ciudades de Ushuaia, Neuquén, Salta, Córdoba, Paraná, Mendoza, Rosario y Santa Rosa.
 
El orden de exposición de los participantes fue establecido por el Enargas y consta en un registro que está disponible en la página web del organismo.
 
En ese contexto de concurrencia multitudinaria y con la cobertura mediática garantizada, lo que se especula en el ámbito político es que cada interlocutor hará un discurso más bien orientado a fijar su posición, sin que haya grandes posibilidades de una negociación real.
 
Para algunos, un verdadero "diálogo de sordos", ya que la audiencia es "no vinculante", lo que implica que pese a todo lo que allí se diga, no se podrá emitir un mandato hacia el Gobierno.
 
Por lo pronto, los funcionarios ya adelantaron que el incremento sería de alrededor del 200 por ciento.
 
Cabe destacar que la propuesta inicial del Ministerio de Energía y Minería era de un aumento del 400% para el gas.
 
Es decir, si un usuario consumía lo mismo que hace un año iba a pagar cuatro veces más.
 
Sin embargó, en sus cálculos en "planilla excel" se olvidó de un detalle: a ese factor precio había que sumarle el factor clima.
 
Concretamente, a raíz de un otoño que comenzó con temperaturas muy inferiores a las del 2015 (y que se agravara en el inicio del invierno), las facturas llegaron con la combinación de ambos efectos.
 
Tarifas más caras y consumos mayores -que en algunos casos dieron lugar al pase de una categoría a otra más onerosa- hicieron que las boletas lleguen con incrementos de hasta 20 veces. Esto es, 1.900 por ciento.
 
De ahí la proliferación de reclamos, protestas y el rechazo de la medida por parte de usuarios, asociaciones de consumidores y empresas Pyme.
 
 
Detalles de la propuesta oficial
 
Luego del freno de la Corte y tras el "lobby" con gobernadores, el Gobierno prevé, en principio, un aumento en las facturas de gas residencial con un tope del 203% promedio para todo el país.
 
Será escalonado hasta 2019 y estipula un tratamiento diferenciado por regiones. De este modo, el escenario se plantea del siguiente modo:
-Los aumentos serán transitorios, por seis meses.
-Para los hogares R1-R2 de menor consumo (56% del total) el incremento será del orden del 240% respecto a 2015. Pasarán a pagar una factura del orden de $110 más impuestos.
-Los de categoría R3 (30% del total), que corresponde en buena medida a la clase media, la suba será del 175%. Pasarán a abonar unos $370 mensuales por el servicio.
-Para los R3-4 (13% del share), que son los que más consumen y los más pudientes, el alza rondará el 175%. La boleta tendrá un importe de $950 mensuales.
 
Además, la propuesta oficial contempla premios para quienes reduzcan el consumo en un nivel cercano al 15%.
-Los R1 y R2 gozarán de un 50% de rebaja
-Para los R3, el ahorro será del 30%
-Para los R3-4, el beneficio será del 20%
Las cifras de las boletas son netas de impuestos, ya que los mismos incrementan entre un 20% y 25% el valor a pagar.
 
 
El Estado destina unos u$s4.000 millones anuales al rubro del gas residencial. De ese total:
-Los consumidores sólo pagan un 20% y el resto es subsidio.
-Con estos aumentos transitorios, quedará en una proporción "fift-fifty."
El objetivo del Gobierno es eliminar los subsidios al gas para 2019.
La cadena gasífera se compone de tres eslabones: generación, transporte y distribución.
 
 
Las cifras a las que arribó el Gobierno provienen de un combo que combina:
-Mantener los incrementos para los dos últimos rubros (transporte y distribución)
-Achicar el precio en el primero de ellos (generación)
- Esto último, a partir de bajar hasta un 30% el valor del gas en boca de pozo, que hoy asciende a u$s1,25 por millón de BTU.
 
 
Acceso a más información
 
El ministro Aranguren dijo a las asociaciones de consumidores que no considera que el Gobierno tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo y confirmó que no entregará esos datos.
 
"Hagan juicio si quieren", los exhortó el ex CEO de Shell, durante un breve encuentro cara a cara en el Palacio de Hacienda.
 
Ante esta situación, el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitó a la Justicia federal platense que se suspenda la audiencia pública hasta que no se entregue la "información adecuada" a los usuarios.
 
"El Gobierno incumple el fallo de la Corte Suprema que ordena dar a conocer el costo de producción, generación y trasporte, diferenciado por empresas y por cuencas de producción", sostuvo el escrito de la ONG, pero este pedido fue desestimado por el juez federal Alberto Recondo.
 
El otro objetivo del oficialismo es evitar que por el fallo de la Corte -que no incluyó a industrias, comercios y otro tipo de entidades sociales como los clubes de barrio- los sectores no comprendidos continúen judicializando el tema.
 
Al cuantificar la decisión en lo que respecta al total de usuarios, los residenciales explican el 26% del total del consumo de gas, mientras que las industrias, comercios y demás sectores dan cuenta del 74% restante.
 
 
Razonabilidad
 
En agosto pasado, CEPIS logró que el máximo tribunal acepte una acción de amparo, que ratificó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 de Juan José Aranguren.
 
Además, ordenó retrotraer las tarifas al 31 de marzo pasado hasta que el Ejecutivo realice la audiencia pública, prevista por ley.
 
La entidad exigía que el Estado abra la "discusión con la ciudadanía" para determinar "los fundamentos sobre el real valor de los servicios públicos, a fin de que el pueblo pague tarifas justas y razonables".
 
El nuevo esquema, aseguran desde el Gobierno, observa el criterio de "gradualidad y previsibilidad" que reclamó la Corte.
 
El incremento propuesto (203%), regirá a partir del 1 de octubre, con actualizaciones semestrales en torno al 10% a aplicar hasta el mismo mes del 2019.
 
En ese momento se alcanzaría a cubrir con la tarifa el precio de mercado del gas y la reducción del actual 80% a cero en subsidios.
 
También se informará en la audiencia la aplicación de los incrementos transitorios de distribución y transporte que las empresas presentaron al Gobierno en el primer trimestre del año.
 
Los mismos fueron calculados en base a la situación económica financiera de las licenciatarias de ambos servicios y contemplaban un plan de inversiones obligatorias para 2016.
 
El Gobierno argumenta desde comienzos de año que una actualización tarifaria en el servicio de gas es para promover desembolsos en exploración y explotación de ese recurso natural, a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables.
 
Estos subsidios vinieron creciendo a lo largo del tiempo, hasta alcanzar la cifra acumulada de u$s23.000 millones entre 2006 y 2015.