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La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto kirchnerista de gestión de envases vacíos de fitosanitarios –que ya contaba con media sanción del Senado– para transformarlo en ley
 
La iniciativa –que fue votada por 162 legisladores con apenas 13 votos negativos– fue promovida por diputados oficialistas y kirchneristas, mientras que los diputados del Frente Renovador, si bien plantearon inicialmente la intención de modificar algunos aspectos del texto, finalmente desistieron para acompañar a la mayoría.
 
El proyecto denominado “presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios”–que fue elaborado en 2014 por el ex ministro kirchnerista de Agricultura Carlos Casamiquela y el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich– dispone que las empresas de agroquímicos serán responsables de “la formulación, operación y mantenimiento” de la “gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios” por medio de la prevención en la generación, reutilización, reciclado, valorización y disposición final.
 
Si bien el proyecto cuenta con algunas cuestiones poco claras y baches conceptuales, diputados del PRO prefirieron darle una salida rápida para posteriormente, una vez vigente, subsanar la norma por medio de la reglamentación.
 
Entre los aspectos más controvertidos del proyecto se incluye el hecho de que la autoridad de aplicación de la norma es compartida entre los ministerios de Agroindustria y de Ambiente, la obligación, por parte de los productores, de trasladar los envases a los centros de acopio autorizados (¿qué sucede si el más cercano queda a 300 kilómetros?) y multas excesivas (300 a 10.000 salarios básicos de la Administración Pública Nacional).
 
“Suponiendo un sueldo básico de 8000 pesos, ¡son 80 millones de pesos (la multa máxima) porque se encontraron dos bidones vacíos en un campo! Me parece que eso es una medida sumamente arbitraria; es una locura”, indicó el diputado tucumano y empresario agrícola Juan Casañas, uno de los que 13 que votó en contra junto con Hermes Binner, Myriam Bregman y Victoria Donda, entre otros.
 
Es decir: los empresarios agrícolas que violen la norma pueden potencialmente llegar a perder el campo. Esto, si bien no aparenta tener peligro alguno en un gobierno republicano como el macrista, podría ser empleado como instrumento adoctrinador en caso de ser empleado por un régimen autoritario
 
La “gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios” deberá, según indica el proyecto que ahora está en manos del Poder Ejecutivo para ser promulgado, “determinar procedimientos específicos, pudiendo incluir incentivos económicos que aseguren la devolución de los envases vacíos por parte del usuario”. Y aclara que para tal fin se “podrá condicionar la venta de fitosanitarios a aquellos usuarios que no realizaran su devolución”.
 
La iniciativa dispone que “usuario y aplicador serán objetivamente responsables de garantizar el procedimiento de reducción de residuos” por medio del triple lavado (establecido en la norma IRAM 12.069) y entregar los envases en un “centro de almacenamiento transitorio”, para lo cual “podrán utilizar un transporte que no requiera de una habilitación específica”.
 
El proyecto indica que los centros de almacenamiento transitorio serán responsabilidad de las empresas elaboradoras de fitosanitarios, aunque también menciona que los comercializadores de agroquímicos deberán “colaborar” con las mismas en la “administración y gestión” de dichos centros.
 
Una vez publicada la norma en el Boletín Oficial –algo que ocurrirá pronto– las empresas de fitosanitarios tendrán 90 días corridos para presentar un plan de gestión integral de envases vacíos y, luego de aprobado el mismo, dispondrán de otros 270 días para implementarlo. “Vencido este plazo, no podrán comercializar sus productos hasta tanto no se ajusten a lo establecido”, indica la norma.
 
Adjuntamos el texto final del proyecto, que respecta íntegramente el dictamen de mayoría aprobado en las comisiones de Ambiente, Industria y Agricultura.