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Los elogios y promesas de inversión por parte de un amplio número de directivos de empresas de primera línea dominaron el foro de negocios conocido como "Mini Davos". Pero también hubo espacio para las críticas.
 
Ante cada declaración sobre lo mucho que se avanzó y sobre el "potencial" del país, en paralelo se mencionó el camino que todavía falta recorrer en materia de reformas como condición esencial para que la Argentina pueda atraer finalmente a las ansiadas inversiones externas.
 
Entre las principales tareas pendientes, los empresarios -tanto arriba como abajo del escenario principal- hicieron especial referencia a la necesidad de contar con un alivio impositivo.
 
El tema, que muchos directivos aprovecharon para recordarles a los funcionarios estaba en la agenda oficial.
 
No por nada, el mismo Mauricio Macri habló de la alta presión impositiva y prometió moderar la carga tributaria de cara a los próximos años.
 
El mandatario afirmó que "los argentinos no pueden pagar más impuestos. Pagan impuestos como en casi ningún país del mundo con un Estado que les da muy pocas prestaciones a cambio".
 
El Presidente tocó este tema ríspido para dejar en claro su postura, sabiendo que una de las variables que el empresariado más evalúa a la hora de armar un plan de inversión es la carga tributaria.
 
Actualmente, con sólo mencionar los impuestos que pueden aplicarse para una misma actividad en cualquier provincia, el cuadro termina por abrumar a cualquier compañía, sea nacional o extranjera y tenga el tamaño que tenga.
 
El sector empresarial ya no le echa la culpa sólo al dólar. Sin desconocer el creciente problema del atraso cambiario, los directivos saben que hay otros factores que tienen mucho peso a la hora de vender al exterior.
 
Los resabios del "cerrojo" que supo imponer el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, todavía incomodan. Pero la alta carga tributaria que deben soportar las compañías hoy está al tope de los reclamos.
 
El macrismo no desconoce esta problemática y su abordaje va más allá de un discurso en un foro.
 
De hecho, ya fueron creadas dos comisiones que tienen como objetivo introducir una modificación tributaria que abarque todos los puntos débiles.
 
En el marco del "Mini Davos" se deslizaron algunos adelantos sobre lo que vendrá en esta materia.
 
El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, dejó trascender que el impuesto al cheque -creado por Domingo Cavallo como recurso recaudatorio- podría ser anulado.
 
"No tiene razón de ser que en un país donde se pelea para bancarizar la economía se le cobre un impuesto al que opera con cheques", afirmó.
 
El funcionario también adelantó que confían en reglamentar la llamada "Ley Pyme" antes del 15 de octubre.
 
Se trata de un paquete de políticas tributarias -que fuera aprobado en julio-, destinado a reducirles la carga impositiva a las pequeñas y medianas compañías.
 
Dicha ley estipula el alargamiento de plazos para abonar el IVA y la eliminación de la Ganancia Mínima Presunta (GMP).
 
En primer lugar, las Pymes podrán pagar el Impuesto al Valor Agregado a los 90 días de facturado (en lugar de los 30 actuales), un cambio que resulta sumamente útil en un contexto en el que la cadena de pagos luce resentida.
La eliminación de la GMP entrará en vigencia en 2017 y será importante en materia de reducción de la presión tributaria ya que dicho impuesto es independiente de la caída de las ventas (se impone sobre el stock de bienes en lugar del flujo).
 
Una reforma profunda
 
La idea del Gobierno es armar un gran paquete legislativo (que fue encargado a una comisión formada por funcionarios de diversos sectores) para que luego sea analizado y aprobado por la comisión bicameral que se creó con la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Sinceramiento Fiscal.
 
Según pudo averiguar iProfesional, las numerosas reuniones que mantienen los encargados de llevar al Congreso cuentan con la colaboración de diversos actores, que han elevado sus propias iniciativas para que sean analizadas.
 
El objetivo del equipo económico de Macri es terminar con la política de "parches" que se ha venido llevando a cabo hasta ahora.
 
Es decir, se busca introducir una estructura legal nueva y definitiva, en la que no sólo se contemplen impuestos nacionales sino también los provinciales.
 
A nivel nacional, son varios los tributos que serán revisados. Sin ir más lejos, los especialistas consultados por este medio dieron cuenta de los problemas que tienen los gravámenes en la actualidad.
 
El Ejecutivo lo sabe. Sin embargo, es consciente de que, con un rojo fiscal como el actual, la aplicación de una reforma considerable puede terminar afectando seriamente el balance financiero nacional.
 
Es por eso que se introdujo un ajuste limitado en el Impuesto a las Ganancias a principio de año, que intentó aliviar el bolsillo de los empleados en relación de dependencia pero sin que produjera un impacto determinante en la caja.
 
Las modificaciones ya tomadas se pueden resumir en dos puntos:
 
•             Eliminación del decreto 1242, que ataba la condición frente al gravamen en base a los ingresos obtenidos en un período fijo de tiempo (más concretamente, enero y agosto de 2013).
 
•             Actualización de las deducciones y cargas de familia (llevando el piso del impuesto a $18.880 mensuales para solteros y $25.000 para casados con dos hijos).
 
No obstante, todos coinciden en que la reforma se quedó corta. Sobre todo, porque no respondió a uno de los principales cuestionamientos de gremios y trabajadores, que es que no se ajustaron las tablas ni las alícuotas.
 
Un especialista que está en contacto permanente con varios funcionarios y sigue de cerca las conversaciones que se realizan para actualizar el sistema tributario, confirmó a iProfesional que el Gobierno apura una reforma parcial en este sentido, pero con el objetivo próximo de darle una solución definitiva al problema.
 
"Ahora está en estudio introducir algunos cambios de manera transitoria. Pero sabemos que se viene una modificación mucho más amplia", aseguró.
 
Si bien Ganancias es un tributo que recae sobre los empleados, en el macrismo tienen en cuenta lo que ha venido sucediendo en los últimos años.
 
Los gremios, frente a ese descuento, terminan reclamando cerrar sus paritarias por un monto mayor para compensar el impacto del gravamen, lo que termina repercutiendo en un mayor costo para las compañías.
 
Esto, sin mencionar a los autonónomos que ven incrementada su carga tributaria por falta de actualización de la escala.
 
Una pesada carga
 
Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señalan que hoy en día, cualquier rama de actividad abona cerca de 10 gravámenes (considerando los aportes y contribuciones patronales por separado).
 
Por caso, basta analizar la composición del costo de productos tan disímiles como gaseosas o autos para observar que casi el 50% corresponde a impuestos.
 
El primer sector, por ejemplo, debe afrontar, a nivel nacional, el pago del IVA, Cargas Sociales, Ganancias, la sobretasa por distribución de ganancias, Internos y Débitos y créditos bancarios.
 
En suma, estos impuestos representan más del 40% del precio de venta.
 
A esto hay que adicionarles aquellos conceptos que imponen gobernaciones e intendencias. En concreto, hay que adicionar un 7,4% de Ingresos Brutos y otro 1,9% de tasas municipales que recaen sobre la venta de mercaderías.
 
Impuestos provinciales, en la mira
 
El Gobierno sabe muy bien que introducir cambios en los impuestos nacionales implicaría una solución a medias si el objetivo es el de terminar con la abultada carga tributaria que recae sobre los particulares y empresas.
 
Por este motivo, según pudo saber iProfesional, el paquete de medidas que se analiza no sólo abarca Ganancias o IVA.
 
El plan oficial también apunta a reformular uno de los impuestos que más ha crecido en los últimos años en las diversas provincias: Ingresos Brutos.
 
Fernando Marengo, economista del Estudio Arriazu, le pone nombre y apellido a un caso, el del gravamen en la provincia de Tucumán, que castiga con un 7% adicional los precios de los productos que se comercializan en ese territorio.
 
Pero no es el único ejemplo. En Ciudad de Buenos Aires, los préstamos bancarios también cargan con un 7% de Ingresos Brutos.
 
Un dato clave, según Ariel Barraud, miembro del IARAF, es que este gravamen representa el 80% de los recursos propios en casi todas las provincias.
 
Sin embargo, el gobernador cordobés Juan Schiaretti y su equipo económico dieron el puntapié inicial y se mostraron dispuestos a abrir el debate sobre el tema y le hicieron llegar una propuesta al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.
 
Según la visión de los economistas de IARAF, actualmente están dadas las condiciones para que se realice una revisión a fondo en ese sentido, ya que las provincias hoy vuelven a tener un mayor acceso al financiamiento debido a:
•             La vuelta de la Argentina al mercado internacional de crédito.
 
• La recuperación de fondos por la detracción de la precoparticipación del 15%.
Tasas para todos los gustos
 
La presión fiscal que ejercen los gobernadores no es la única que hoy padecen los empresarios radicados en algunas de las provincias.
 
También los intendentes se encargan de obtener una "caja" a costa de diversas tasas.
 
Un informe elaborado por CAME demostró que una de cada dos jurisdicciones (de las 151 relevadas) creó recientemente nuevas contribuciones y casi el 70% incrementó su presión fiscal en los últimos años.
 
En la lista pueden incluirse tasas de los más variados "gustos y colores":
-a los combustibles
-al "uso de espacio público"
-a la "publicidad y propaganda"
-gravámenes "ecológicos"
-cargas por "seguridad ciudadana".
 
Estas son las más populares aunque no todas. Ttambién existen otros tributos que no son tan conocidos y que, por lo general, son muy poco ortodoxos e, incluso, hasta rozan con la ilegalidad.
 
El trabajo de CAME resaltó oportunamente la creación de algunas contribuciones que tienen cierto grado de "curiosidad".
 
Lo que más llama la atención es una detectada en Viedma (Río Negro), que obliga a los empleados de los comercios a hacer un curso para el manejo del matafuego.
 
Este, al igual que otros casos, según indicó la Confederación, "sólo tienen fines recaudatorios".
 
Los usos y abusos que los municipios hacen al establecer tributos de este estilo generó que muchas veces sea la Justicia la que termine imponiendo un freno a los intendentes que sólo buscan recaudar.
 
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires aceptó entender en una demanda iniciada por la Federación de Empresarios de Combustibles por la tasa a las naftas que aplicaba el municipio de Olavarría.
 
También la Municipalidad de San Salvador de Jujuy estuvo envuelta en una causa, donde el Superior Tribunal provincial hizo lugar a una medida cautelar y suspendió el cobro de un gravamen a los combustibles.
 
Paralelamente, según deslizaron fuentes cercanas al Gobierno, también están en la mira los Impuestos Internos que deben afrontar diversos sectores como el tabaco, las bebidas alcohólicas, las gaseosas, los automóviles, las motos y las embarcaciones.
 
Monotributo, bajo análisis
 
Pese a que el Gobierno introdujo también cambios en la Ley de Reparación Histórica a Jubilados y Sinceramiento Fiscal (ajuste en Bienes Personales o la eliminación, desde el 2019, de Ganancia Mínima Presunta), todavía quedan muchos cabos por atar.
 
Por ejemplo, qué sucederá con el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo), cuyos parámetros fueron modificados por última vez en septiembre de 2013 y que ya quedaron desactualizados.
 
Una de las opciones que se baraja es la de elevar el tope de facturación de $400.000 a $800.000 (es decir, duplicar la base para el caso de los que estén adheridos por servicios).
 
El régimen simplificado también tendría un incremento en las cuotas impositivas que llevan años sin modificarse.
No hay que olvidar que los incrementos que se produjeron fueron exclusivamente en la parte previsional (es decir, obra social y jubilación).
 
Otra de las propuestas que tienen en carpeta los funcionarios de Cambiemos es la de actualizar el régimen de autónomos. Este es un pedido que insistentemente llevan adelante quienes fueron excluidos del Monotributo.
 
Ocurre que, pese a que los parámetros que definen cada una de las categorías llevan años sin ser modificadas (más precisamente, desde el 2006), el valor de la cuota que deben pagar se ajusta dos veces al año.
 
La maraña tributaria que pesa sobre particulares y empresas es importante, especialmente luego de años en los que las últimas administraciones se limitaron a aplicar parches. Y en los que desde gobernaciones e intendencias se echó mano a los impuestos con fines recaudatorios.
 
El desafío que se plantea el Gobierno, tras el "Mini Davos", es corregir el panorama impositivo, mejorar el ambiente de negocios y contribuir a la recomposición de una competitividad que no sólo dependa del dólar.