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Por Gonzalo Chicote.- La situación de los monotributistas es cada vez más apremiante. Sin un cambio a la vista (las últimas reformas fueron introducidas en el 2013), son más las personas que tienen que pensar en pagar impuestos como si fueran una empresa.
 
Dejar el régimen simplificado implica mucho más que incrementar la carga tributaria; también lleva consigo la obligación de contar con un asesor impositivo que se encargue de confeccionar y presentar las correspondientes declaraciones juradas.
 
Si bien el Gobierno no se decide a erradicarlo definitivamente, queda claro que no es una prioridad. De lo contario, debería haber recibido aunque sea un pequeño ajuste, tal como sucedió con otros impuestos.
 
No hay que olvidar que a principios de año el Ejecutivo ajustó las deducciones y cargas de familia de Ganancias, de modo que los empleados en relación de dependencia comenzaron a sufrir retenciones cuando su sueldo superaba los $18.880 o $25.000 mensuales (para solteros y casados con dos hijos, respectivamente).
 
Asimismo, hay que recordar que, junto con el lanzamiento del sinceramiento fiscal, se incorporaron cambios sustanciales en Bienes Personales y se fijó la eliminación de Ganancia Mínima Presunta a partir del 2019.
 
Sin embargo, del Monotributo, no hubo nada.
 
Incluso los mismos funcionarios del fisco se refieren al sistema como una "cueva donde se esconden muchos contribuyentes". Y, desde los tiempos en los que estaba al mando Ricardo Echegaray, que el organismo lucha contra lo que denomina el "enanismo fiscal".
 
Mientras tanto, la realidad de la economía empuja hacia el "precipicio" cada vez más a los que intentan permanecer en el sistema. Y los resultados saltan a la vista: todos los meses hay notificaciones para que los particulares abandonen el régimen.
 
No se tratan de datos difíciles de encontrar. Por el contrario, la misma Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es la que informa, a través del una resolución general que se publica en el Boletín Oficial, el listado de personas que fueron expulsadas del Monotributo.
 
En septiembre, por caso, fueron más de 3.400 contribuyentes los que se vieron forzados a dejar el régimen simplificado por ajustarse a alguna de las causantes de exclusión (como ser, que tenga gastos que no se correspondan con la categoría o que superen los ingresos máximos).
 
 
Un caso que se repite
 
Un abogado contó a iProfesional cómo fue su experiencia. Al respecto, explicó que hace unos meses fue comunicado que, por el nivel de gastos detectado, no le correspondía estar inscripto como monotributista.
 
En la notificación le aclaraban que debía abandonar el régimen simplificado para pasar a ser un responsable inscripto y que debía abonar los impuestos correspondientes desde el momento en el que superó el porcentaje correspondiente.
 
Ocurre que, tal como establece el inciso "k" del artículo 20 de la Ley de Monotributo, todos aquellos cuyos gastos superen un porcentaje de los montos máximos de facturación (que es del 80% para compraventa de bienes y 40% para los servicios), quedarán afuera.
 
De esta manera, tuvo que hacer frente al pago de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias de manera retroactiva por 10 meses (que fue cuando superó los límites legales). Adicionalmente, tuvo que abonar las correspondientes cuotas de autónomos.
 
El profesional aclaró que "a partir de ahí tuve que llamar a un contador, que hizo las correspondientes presentaciones. Ahora, su servicio se convirtió en un gasto más para mi actividad, ya que tiene que hacer presentaciones todos los meses en el caso del IVA".
 
"Lo peor es que no mejoré mi nivel de vida. Los incrementos detectados por la AFIP sólo respondieron al ajuste lógico que se generan en una economía con una inflación que no cedió en los últimos años", concluyó.
 
Este es sólo un ejemplo de los tantos que se suceden y que, según explicó Juan Manuel Locatelli, se repetirán en los próximos meses debido a la falta de ajuste en los parámetros que determinan quiénes deben permanecer en el régimen simplificado.
 
En este sentido, el titular de JL Consultoría y Negocios indicó que "la última vez que se ajustaron los valores fue en el 2013, cuando el Gobierno kirchnerista duplicó los montos máximos de facturación, dejándolos en $400.000 para servicio y $600.000 para el resto de las actividades".
 
El especialista recordó que hubo varios trascendidos respecto a la posibilidad de ajustar los parámetros, pero sin embargo todo quedó en la nada. "Mientras todo siga así, los casos en los que se notifique a los monotributistas para que abandonen el régimen se van a multiplicar", sentenció.
 
 
Camino a la obsolescencia
 
Cada vez son más los factores que permiten afirmar que, bajo determinadas circunstancias, el régimen simplificado está "obsoleto" y las respuestas sobre los motivos que llevaron a esta situación se resumen en una frase: falta de ajuste en los parámetros.
 
Por ejemplo, el valor de los alquileres. La norma establece como causante de exclusión que el hecho de que se contraten locaciones de un locales u oficinas que superen los $72.000 anuales (o sea, $6.000 mensuales).
 
Tal como advirtió oportunamente este medio, cada vez es más difícil encontrar una propiedad que esté en condiciones a un precio inferior al máximo permitido.
 
También es difícil -por no decir, imposible- permanecer en el régimen simplificado cuando de compraventa de bienes se trata. Sobre todo si se tiene en cuenta que las obligaciones fijadas en la norma chocan de frente contra la realidad.
 
No hay que olvidar que en la categoría "L", por ejemplo, es obligatorio contar con 3 empleados en relación de dependencia. Si se tiene en cuenta este gasto, sumado a la cuota y el pago de un alquiler, el pequeño contribuyente terminaría perdiendo plata.
 
 
Otro régimen que tambalea
Al igual que lo que sucede con el Monotibuto que rige a nivel nacional, el régimen simplificado de Ingresos Brutos que funciona en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires también está en la "cuerda floja".
 
En este caso, la desidia es mayor. El monto máximo de facturación es de $240.000 al año (es decir, $20.000 mensuales) desde el período fiscal 2015. Un monto bastante alejado de los $400.000 y $600.000 que establece el régimen simplificado que controla el fisco nacional.
 
Para colmo -si bien en sus orígenes respetaba los incrementos que se producían en el Monotributo de AFIP- hace rato que se "separaron". Mientras que el Gobierno de Cristina Kirchner ajustó los parámetros en 2013, el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri decidió no introducir cambios.
 
Esta situación rompió con una lógica de control cruzado. En un principio, el que abonaba por la categoría II de Ingresos Brutos, no podría estar encuadrado en otra que la "B" a nivel nacional, ya que los parámetros máximos eran iguales.
 
Todo quedó desvirtuado cuando sólo se ajustó uno de los dos regímenes. De ahí en adelante, ya no sólo falta un intercambio de información entre los fiscos, sino también un análisis detallado de la situación particular de cada individuo.
 
Un asesor tributario, que prefirió el anonimato, fue claro respecto a la situación: "Pasa como en muchos impuestos: si no los actualizan por efecto inflacionario, es más fácil que los contribuyentes queden fuera de los parámetros rápidamente".
 
El especialista recordó que a diferencia de lo sucedido con el sistema de AFIP, que actualiza aunque sea el importe a pagar, en el caso del régimen simplificado de Ingresos Brutos no hubo ningún tipo de ajustes.
 
En cuanto a la vida que puede llegar a tener, fue terminante: "Creo que va a ir de la mano con el Monotributo; si éste desaparece, como aseguran muchos que puede suceder, es muy probable que la AGIP tome el mismo camino".
 
De cara a la próxima recategorización de septiembre, quedan muchas dudas sobre el futuro del régimen simplificado. Lo que queda claro es que, mientras sobreviva, deberían ajustarse los parámetros monetarios. Salvo que haya un "milagro".