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Se trata de un negocio que se gestó en 2009 con el kirchnerismo y el gremio camionero.
 
La semana pasada las autoridades de la Administración General de Puertos eliminaron una suerte de “retención privada” instrumentada en 2011 por el régimen kirchnerista: se trata de 88 dólares + IVA por contenedor que se pagaba en concepto de certificado de “Transporte Argentino Protegido”.
 
Pero en el Puerto de Buenos Aires existe otro curro que sigue vigente: un peaje de 16,85 dólares + IVA por contenedor en concepto de “Certificado de Verificación Documental y Técnico”.
 
El negocio –que comenzó en 2009– fue implementado por Ivetra, una compañía por entonces administrada por personas vinculadas con el sindicalista Hugo Moyano. Pero en 2012, al distanciarse de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la gestión del peaje pasó a manos de la Administración General de Puertos (AGP) en sociedad con las terminales que operan en el Puerto de Buenos Aires.
 
Un costo de 16,85 dólares por contenedor es un monto importante para todos los productos agroindustriales que se exportan por las terminales del Puerto de Buenos Aires, entre los cuales se incluyen carnes, frutas, jugos, vinos, maní, aceite de oliva, maíz pisingallo, girasol confitero, maderas y un largo etcétera.
 
“Son los costos argentinos que perjudican a los que quieren exportar”, indicó Fernando Rivara, presidente de la Federación de Centro de Acopiadores de Cereales. “Permanentemente tenemos el mensaje del gobierno de que tenemos que ser la góndola del mundo, pero eso es algo difícil de lograr con altísimos costos portuarios”, añadió.
 
“Cuando sumamos todos los costos de exportación argentinos, en muchas oportunidades nos quedamos afuera de cotizaciones internacionales porque no podemos competir”, aseguró Rivara.
 
La historia del curro del peaje se originó a fines de 2007 cuando las autoridades kirchneristas de la AGP le cedieron a la Federación de Camioneros un predio llamado “El Relleno” con el propósito de construir una playa de estacionamiento y descanso para choferes, según explica la denuncia presentada en 2012 (cuando los K se pelearon con Moyano) por el entonces titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas Guillermo Noailles.
 
La historia se remonta a un convenio que firmaron los camioneros con la Administración General de Puertos (AGP) para descongestionar el tránsito en la zona portuaria y crear ámbitos de descanso y esparcimiento para los choferes que deben esperar en la zona. El 14 de diciembre de 2007, la AGP le cedió a la Federación de Camioneros un predio llamado El Relleno, que está al lado de las dársenas E y F, para desarrollar el proyecto en cuestión.
 
Para llevar ese proyecto a la práctica, el gremio otorgó un “mandato irrevocable” a Ivetra S.A., la cual pasaría a cobrar, a partir de abril de 2009, un peaje (que por entonces era de 14 dólares + IVA) para poder ingresar contenedores a las terminales portuarias porteñas. Con lo recaudado, supuestamente se financiaría la obra en cuestión.