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Bajo esta consigna se realizó este martes en Rosario el 7º Congreso de Agrobiotecnología donde se debatió en torno a las políticas públicas y normativas que deberían regular una cuestión estratégica como los productos agrobiotecnológicos.
 
“El 82% del mercado semillero está bajo propiedad intelectual, es decir, ni del Estado ni de los agricultores. Solo diez empresas controlan el 67% de todo el mercado de semillas del mundo y a su vez, las mismas están vinculadas a las diez empresas que ya en 2012 controlaban más del 89% de mercado de agroquímicos mundial”, señaló el Ing. Agr. José Zambelli, presidente de la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) en la apertura de la jornada.
 
Por eso, es necesario generar un marco legal que regule las relaciones conflictivas y desequilibrios de poder entre empresas, productores, fitomejoradores, comercializadores y el Estado, con el foco puesto en el desarrollo nacional.
De acuerdo a Zambelli, apenas nueve germoplasmas explican más del 75% de la alimentación mundial y solo tres de ellos, más del 50%.
 
“Los alimentos son una cuestión de Estado, es un tema de soberanía porque en pocos años vamos a ser más de 9.000 millones de personas, entonces la disyuntiva es: si a esos alimentos los van a generar las grandes compañías o los pueblos organizados a través de leyes”, dijo el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani.
 
“Hay un límite que no podemos dejar que se pase, la regulación de la transferencia de la agrobiotecnología tiene que darse en un marco legal de Ley de Semillas, no podemos permitir que entre por un contrato civil porque habremos perdido todas las batallas”, indicó el funcionario. Y consideró que la Ley de Variedades de Semillas (germoplasma) debe absorber a la Ley de Patentes (eventos), es decir, que aquella ponga las condiciones sobre los eventos biotecnológicos y no al revés.
 
“Tenemos que lograr que Argentina se mantenga bajo las condiciones fijadas por el acta de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales) de 1978 de protección de variedades y no la de 1991 que le da mucho poder a los obtentores y permite una doble protección. Se debe garantizar la excepción al fitomejorador para que pueda continuar la investigación y el uso propio al productor”,  señaló el ministro santafesino.  Asimismo, llamó a realizar una política más activa en materia de inversiones del Estado en la generación de biotecnologías.
 
Recientemente, la Federación Agraria Argentina (FAA) presentó su propio proyecto de Ley de Semillas: “Estamos defendiendo un sistema social y cultural, no intereses comerciales como desde la otra vereda”, dijo al respecto Omar Príncipe, presidente de la entidad gremial. “Necesitamos una gran unidad de las organizaciones y políticas públicas para sostener un modelo de desarrollo agropecuario que incluya a los pequeños y medianos productores porque los paquetes tecnológicos actuales y los que proponen para la siguiente década, no necesitan agricultores”, indicó.
 
A su turno, Esteban Motta, secretario de FECOFE afirmó que “el paquete tecnológico de Monsanto está acabado”, por eso, instó a desarrollar uno propio teniendo como sujeto a la agricultura familiar nacional. “El desafío es tener nuestra semilla, construir semilla; no discutir de quién va a ser la propiedad sino que la semilla sea de todos”, dijo el dirigente.
 
Según Rafael Pérez Miranda de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, existe un “problema de interfase” entre las patentes y las protecciones vegetales. “Las plantas no se pueden patentar. La ley de patentes exige que haya un invento para poder patentarse pero una nueva variedad no es un invento, entonces, no se patenta, se protege”. En el acta de UPOV ‘78 se establece una protección a las variedades vegetales, se le da un privilegio al fitomejorador y el derecho de uso propio al productor (no puede comercializar) pero no se admite la doble protección (por patente y por variedad) que algunas actores pretenden imponer.
 
Por su parte, el exsecretario de Agricultura de la Nación, Miguel Campos, consideró necesario hacer solo algunos ajustes a la actual Ley de Semillas. Uno de ellos sería establecer claramente la relación de licenciamiento entre quien aporta la masa génica (o variedad) y quien aporta el gen que se incorpora. Otro, definir claramente e incorporar en la ley el concepto de uso propio: “Es la posibilidad del productor de plantar la misma cantidad de semillas que compró en otra campaña y por el tiempo que considere”, aclaró. De esta manera, si un año adquirió simientes para diez hectáreas, al siguiente, el productor podrá sembrar solamente esa misma superficie con semilla de uso propio. “Hay que determinar cómo se penaliza a quien no cumpla y use más de esa cantidad o comercialice su semilla. Con la normativa del INASE, el cruzamiento de datos de la AFIP y el control de la ONCCA en el predio, se podría determinar fácilmente quién incumple la ley”, detalló.
 
Marcando una diferencia, Aldo Casella, uno de los creadores del proyecto de Ley de Semillas de FAA remarcó que el uso propio que proponen desde la entidad es en cantidad ilimitada y repasó los puntos fundamentales de la propuesta federada.
 
El debate continúa. Habrá que ver cuál es el modelo de desarrollo agroindustrial que gana la pulseada y cómo se dirimen los conflictos de intereses del mercado semillero global.