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Por Merino Soto.- El ingreso del Estado en la comercialización de semillas terminó por alinear a la industria que hasta hace poco mostraba diferencias. El proyecto propuesto por el Ejecutivo no es ni más ni menos que “un freno” al ingreso de inversiones en la Argentina, advirtió el sector, que anticipó una pelea dura en el Congreso. La normativa de salir le pone fin a la celebración de contratos o cláusulas entre las empresas y éstas con los productores.
 
Pero también abre la puerta para que finalmente se pueda cobrar por la tecnología. Un punto en donde las entidades del campo reclamarán el uso propio tal cual dice la actual ley. La iniciativa muestra a las claras dar por finalizada una discusión de forma que no haya perdedores ni ganadores.
 
Los ocho artículos que buscan modificar la ley 20.247 que el martes le entregó Agroindustria a los integrantes de la cadena agrupados en la Comisión Nacional de Semillas (Conase) están lejos de llegar a un consenso. Especialmente el artículo 30 bis, donde establece declarar “de orden público las disposiciones” nuevas.
 
Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), su director ejecutivo, Alfredo Paseyro, alertó que “se buscaba una ley acorde al siglo XXI y no algo restrictivo” y “no es acorde con lo que viene mostrando el presidente Mauricio Macri de insertar al país en el mundo para atraer inversiones cuando acá hay un sector que tiene capacidad de hacerlo”.
 
El representante de la industria argumentó que “se ponen en riesgo acuerdos internacionales referidos a la propiedad intelectual, un derecho intangible en los países desarrollados”.
 
Para Agroindustria, y en boca de su jefe de gabinete, Willy Bernaudo, el hecho de que la ley lleve el título de orden público “es importante porque si no existirán sistemas de contratos privados como lo que pasó con Monsanto y lo que se quiso generar en la parte comercial a partir del sistema de regalías que se ha intentado instalar”.
 
La multinacional buscó armar un sistema propio frente a la imposibilidad del Estado por controlar la venta ilegal de semillas, pero el Ejecutivo consideró que puso en jaque el ingreso de divisas al celebrar contratos con las exportadoras.
 
Lo cierto es que las empresas semilleras esta vez se pusieron de acuerdo al rechazar todas por unanimidad los cambios que se proponen. El sector invierte por año u$s1.000 millones en la creación de nuevos eventos e infraestructura.
 
Se esperaba duplicar la cifra, pero la negativa de no tener un uso oneroso impide su llegada. La normativa no lo prohíbe, sólo lo limita. Las modificaciones del Gobierno significaron el trabajo de expertos, no sólo de Agroindustria, sino también de otros ministerios como Ciencia y Tecnología y Producción, así como la lectura obligada de otras leyes vigentes en países limítrofes y europeos. Por lo pronto, el proyecto no es considerado al menos hoy de importancia para el Ejecutivo.
 
Se entiende entonces que este año no sería tratado o quizás sea aprobado en diciembre en esas madrugadas interminables. Pero la industria anticipa una pelea dura. Si todo sigue igual, 2017 tendrá de nuevo un conflicto que se verá el 1 de marzo, cuando llegue la nueva cosecha de soja.