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El Ministerio de Agroindustria terminó la redacción del anteproyecto que enviará al Congreso para reformar la vieja Ley de Semillas y así actualizar las normas para que quienes desarrollen nuevas variedades puedan obtener un retorno adecuado por sus investigaciones. Básicamente el organismo propone limitar el derecho al "uso propio" de los productores, aunque no en los extremos requeridos por la industria semillera. 

La necesidad de actualizar la vieja Ley de Semillas 20.247, sancionada a principios de los setenta, surgió luego de que la multinacional Monsanto montara su propio sistema para cobrarles regalías a los productores por sus nuevas sojas transgénicas. Esa pretensión, que implicaba controles privados sobre los granos, fue rechazada de plano por el Gobierno y las entidades rurales. La pipa de la paz se fumó recién cuando el ministro Ricardo Buryaile prometió impulsar este debate legislativo. Pero este anteproyecto es solo uno de los que recibirá el Congreso y podría cambiar en el debate. 

El Ministro de Agroindustria Riciardo Buryaile, al anunciar un acuerdo con Monsanto. fotos: Juan José Traverso

¿Qué propone el texto de Agroindustria? Navega sobre todo hacia una fórmula intermedia entre las exigencias de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que incluye a Monsanto y la semana pasada alertó por la falta de un espacio de negociación; y anteproyectos como el que la Federación Agraria presentada este martes antes la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y que ponen énfasis en el derecho de los productores a resembrar sus propias semillas.

El equipo agropecuario del gobierno macrista propone incorporar a la vieja Ley de Semillas un artículo que determine que "el precio que abone cualquier usuario y/o adquirente de semilla por la misma incluirá sin excepciones todos los conceptos por los derechos de propiedad intelectual que la semilla y los productos obtenidos a partir del uso de la misma contengan y/o la tecnología incorporada". 

¿Qué quiere decir? Básicamente que el único modo de cobrar las regalías -como las pretendidas por Monsanto por sus eventos transgénicos, pero también las que correspondan al mejoramiento tradicional de variedades- será al momento de vender una bolsa de semilla fiscalizada. No se permitirán así pagos posteriores o descuentos compulsivos al productor. 

Foto Bloomberg

Ese mismo artículo aclara que "en cada compra de semilla deberá establecerse el valor" a pagar "por el uso de la tecnología incorporada a la variedad vegetal en las dos multiplicaciones posteriores a la adquisición y por el uso incremental". 

Esto es porque habrá casos en los que un productor decidirá guardar parte de su cosecha para usar como simiente al año siguiente, el llamado "uso propio". La fórmula elegida por Agroindustria fue segmentar quién podrá ejercer o no ese derecho. Así, solo deberían pagar regalías aquellos productores que tengan "una facturación mayor a tres veces el monto correspondiente a la categoría más alta del monotributista".

Para esos casos, es decir productores que facturen más de 1,2 millones de pesos, el uso de su propia semilla será oneroso para las dos primeras multiplicaciones posteriores. A partir de la tercera multiplicación también deberá pagar regalías por el área sembrada con esa variedad que se agregue a la inicial. 

a nueva Ley, según la visión oficial, propone declarar "de orden publico" estas disposiciones para regular el negocio semillero. Y también debería otorgar al personal del Instituto Nacional de Semillas (INASE) "acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre, a los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio origen". Esto es, se pretender facultar al organismo para dar una batalla frontal al mercado informal de semillas, tal como se le prometió a Monsanto para que desactivara sus propios controles.

Respecto del INASE, en el anteproyecto se establece que su administración quedará a cargo de un directorio de doce miembros. El presidente será designado por el Poder Ejecutivo y será el único cargo rentado. El resto de los puestos será cubierto por otros estamentos del Estado, como las provincias y el INTA, y con seis representantes del sector privado.