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El Gobierno argentino presentó el martes un proyecto para que los agricultores locales paguen regalías por dos campañas, y no por tres como en una versión previa, por el uso de semillas de segunda generación, en un intento de aliviar la tensión con un sector clave que está enfrentado con Monsanto.
 
Según consigna un cable de la agencia Reuters, la concesión a los chacareros, que actualmente pueden usar semillas de segunda generación sin pagar derechos de propiedad intelectual, busca calmar los ánimos de un sector aliado del Gobierno pero que había cuestionado la iniciativa original por considerar que favorecía al gigante Monsanto.
 
Siempre según la versión de Reuters, los agricultores de Argentina deberán pagar regalías durante dos campañas si siembran granos de segunda generación a partir de semillas transgénicas, según la Ley de Semillas presentada el martes, cuya versión previa había generado críticas por extender el pago de derechos durante tres temporadas.
 
 
Pedido de productores
 
"El proyecto ahora plantea dos campañas (de pago por uso de semillas de segunda generación). Ha incorporado algunas de las posiciones que planteábamos nosotros", dijo Jorge Solmi, director de la Comisión de Semillas de la Federación Agraria Argentina, una de las mayores entidades de productores del país.
 
Ese límite de dos temporadas está en línea con lo reclamado por grupos de agricultores, aunque hay divergencias respecto de cuán pequeña debe ser la escala de un productor para estar exento del pago de regalías por "uso propio" de semillas.
 
"En la presentación de los lineamientos dos semanas atrás se planteó cuáles eran las ideas y después de las sugerencias quedó firme esto en el proyecto", dijo una fuente del Ministerio de Agroindustria bajo condición de anonimato, de acuerdo a Reuters.
 
 
Reclamo empresarial
 
Con el proyecto, que sería enviado al Congreso este mes, las autoridades buscan zanjar un largo pleito por el pago de regalías entre los agricultores locales y Monsanto.
 
Pero la iniciativa podría generar nuevas tensiones con la industria semillera, que plantea que los productores deben pagar por cada uso que hagan de esas semillas, ya que lo contrario desalienta los desarrollos tecnológicos en los granos.
 
"El debate que se tenga que dar se va a dar en el Congreso", añadió la fuente, que detalló que la norma eximiría del pago a alrededor de 19.000 productores de menor escala.