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La campaña de oposición a la propuesta, que ya cuenta con sanción del Senado bonaerense, incluye una carta-petitorio a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para que el tema no sea tratado, el inicio de una petición en change.org y la preparación de medidas judiciales precautorias.
 
La norma fue debatida ayer en el denominado "Foro Abierto para el Debate de la Ley de Agrotóxicos" que se realizó en la Cámara de Diputados provincial.
 
El autor del proyecto, el senador massista Alfonso Coll Areco, aseguró que la iniciativa está inspirada en regímenes europeos y que debe ser evaluada según "planteos técnicos, no éticos".
 
"La ley establece una zona de exclusión total donde no se permite la fumigación; y alrededor una zona buffer o de amortiguamiento que, cuando las condiciones meteorológicas no están dadas, se convierte en también en zona de exclusión", explicó.
 
"Yo creo que en condiciones adversas se van a prohibir cosas que hoy se permiten en la pulverización terrestre. Tenemos que quedarnos tranquilos porque si hay probabilidad de que el producto llegue a la zona urbana, estará prohibido".
 
Aseguró que establece una "zona de amortiguación" contigua que sólo puede ser fumigada previa autorización del municipio y que, en caso no mediar el permiso, funciona como una extensión del área vedada hasta los 1000 metros para herbicidas como el glifosato.
 
En cuanto a las fumigaciones terrestres, el proyecto permite hacerlo hasta a 10 metros de la zona urbana cuando se trata de agroquímicos como el glifosato, con una zona de amortiguación de 11 a 200 metros.
 
La legislación vigente establece que las empresas de aplicación aérea "deberán operar a una distancia no menor de dos kilómetros de centros poblados" y nada dice de las fumigaciones terrestres, siendo cada municipio el encargado de regularla.
 
Para Laura Carabelli, integrante de la agrupación Vecinos Autoconvocados por el Control de Agrotóxicos de Trenque Lauquen, que inició la petición en Change, el problema principal con esta iniciativa es que "no contempla el cuidado de la salud humana, ni del ambiente sino los intereses de las cámaras de fitosanitarios y de los aplicadores".
 
De hecho, "tal como está es inconstitucional" porque no respeta "el principio preventivo de la Ley General del Ambiente" que estipula que "toda actividad que sea susceptible de degradar el ambiente o la calidad de vida, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental". Las agrupaciones movilizadas contra esta iniciativa la denominan "Ley pro cáncer".
 
"Si se aprueba va a haber más cáncer, más malformaciones, más enfermedades endócrinas y más abortos", dijo a Télam el integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Pablo Reyes.
 
Aunque reconoce que "hay una multicausalidad en los procesos salud-enfermedad", asegura que los insecticidas y fertilizante químicos "son un determinante fuerte".
 
"En Trenque Launquen lo que tenemos demostrado es la contaminación del aire por atrazina y 2,4-D, que las malformaciones desplazaron a las infecciones como primera causa de mortalidad infantil y que las muertes por cáncer se corrieron a poblaciones más jóvenes", explicó.
 
En tanto, el abogado Fernando Cabaleiro, de la agrupación Naturaleza y Derechos, llamó la atención sobre un fallo paradigmático de la Corte Bonaerense que el proyecto ignora: el que suspendió las actividades de un emprendimiento forestal por no tener evaluación de impacto ambiental del uso de agroquímicos.
 
El pasado 18 de agosto, las personas, organizaciones y asambleas que participaron del 7° Encuentro de Pueblos Fumigados le enviaron una carta al presidente de la Cámara baja, donde además de la realización de un estudio de impacto ambiental a nivel provincial y de audiencias públicas, solicitan "la prohibición de las fumigaciones aéreas" y la "restricción de cinco mil metros" para fumigaciones terrestres.
 
Respecto a los efectos nocivos sobre la salud, el autor del proyecto señaló que "muchas veces se aplican mal algunos productos, y eso trae aparejada consecuencias", y los mayores controles apuntan a que "no se produzcan esas malas prácticas".
 
Sobre las organizaciones que han iniciado una campaña contra la aprobación de esta norma, aseguró que "critican desde el corazón y no de la técnica".