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Funcionarios de la Casa de la Moneda serán investigados por la Cámara Federal para determinar por qué se pusieron en circulación alrededor de 300 billetes de $100 correspondientes a una serie que no se encontraba habilitada para tal fin.
 
Es decir, es un dinero legítimo que había sido descartado por fallas en su proceso de producción, pero que igual fue utilizado para hacer operaciones bancarias.
 
En primera instancia, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi archivó la denuncia porque entendió que después de varias medidas de prueba no se pudo llegar a quienes pusieron en circulación los billetes, informó Infobae.
Pero la semana pasada la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó que se investigue cómo salieron de la Casa de la Moneda, donde debían estar bajo custodia para su destrucción.
 
La Gerencia Principal del Tesoro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) denunció el 7 de mayo de 2013 la existencia de 13 billetes de $100 de la serie DA, que todavía no estaba habilitada para circular: 12 fueron encontrados en un cajero de la sucursal Congreso del Banco Santander Río y otro en la empresa de transporte de caudales Brinks Argentina.
 
Por la denuncia del BCRA, la Casa de la Moneda realizó una investigación interna y detectó la ausencia de 274 billetes de $100 de la misma serie DA.
 
Una pericia determinó que eran legítimos y que tenían dos cortes transversales en las puntas -paralelos al hilo de seguridad- que estaban pegados con una cinta adhesiva, según las constancias de la causa a las que accedió Infobae.
 
Pero como no podían estar en circulación, se inició la investigación penal.
 
El juez Martínez De Giorgi realizó varias medidas de prueba y determinó que los billetes encontrados fueron procesados el 7 de enero de 2013 en la planta de Retiro de la Casa de la Moneda y que fueron mal cortados, por lo que se solicitó la reposición de 865 billetes, de los cuales 394 fueron devueltos porque estaban con fallas.
 
Es decir, se trata del mecanismo habitual en el proceso de producción, pero no se cumplió con la destrucción del papel moneda. Los funcionarios que declararon como testigos señalaron que para esa época había una fuerte demanda de emisión de billetes que obligó a intensificar esa tarea, relajando la vinculada a la destrucción de los que estaban en desuso.
 
Para el magistrado, fue la "circunstancia que sin lugar a dudas abrió paso a la posibilidad palmaria de que acontezcan episodios como el aquí estudiado, así como también el incremento de las chances de que éstos ocurran sin ser advertidos".
 
El problema es que no hay planillas sobre la numeración de los billetes descartados que permitan saber qué camino recorrieron cuando pasaron a desuso.
 
Durante la investigación se llegó a determinar que los 12 billetes encontrados en el Banco Santander Río fueron depositados en la cuenta de un abogado, quien declaró en la causa: dijo que no recordaba haber hecho ese depósito y que por los cortes de esos billetes se hubiese acordado de esas marcas.
 
Además señaló que en la cuenta suelen hacerle depósitos sus clientes, lo que fue confirmado por el banco.
 
El juez Martínez De Giorgi archivó la denuncia y sobreseyó al abogado: "Se encuentra trunca la posibilidad de dar con quienes han sido los autores y/o partícipes tanto de la sustracción de los billetes objeto de análisis, como de su posterior inserción en las entidades bancarias respecto del segmento que fue hallado", concluyó el magistrado en su fallo de mayo pasado.
 
Sin embargo, el BCRA -que actúa como querellante- apeló la resolución y pidió que se siga investigando. Los abogados de la entidad señalaron que se debe poner la mirada sobre las personas encargadas de la reposición y guarda de los pesos de la Casa de la Moneda.
 
"La actividad instructora aún resulta insuficiente, en tanto, si bien ha procurado establecerse el modo en que los billetes cuestionados intentaron ser ingresados al circuito financiero, poco se ha profundizado en derredor de la forma en que ellos salieron de la Casa de la Moneda, en donde se hallaban reservados y en custodia para su posterior destrucción", señalaron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.
 
De esa manera reabrieron la causa y le ordenaron al juez de primera instancia seguir investigando. En tanto, la Cámara confirmó el sobreseimiento del abogado.