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La Corte decide sobre la luz y preocupa en la Casa Rosada
Está en discusión el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Creen que exigirá la realización de audiencias.
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David Fernandez
Por Martín Bidegaray.- Así como la Corte Suprema falló sobre los aumentos en el gas, la semana próxima le tocará el turno a las tarifas de luz. El martes 6 está previsto que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, haga su presentación. En el Gobierno descartan que la jefa de los fiscales se pronunciará contra los incrementos, pero la preocupación de fondo es sobre el accionar del máximo tribunal.
A diferencia de las boletas de gas, donde el Gobierno apeló una sentencia de alcance nacional, lo que está en discusión en este pleito se restringe a la provincia de Buenos Aires. En ese territorio, está vigente el fallo “Abarca” (uno de los patrocinantes), que impide la aplicación del cuadro tarifario oficializado el 1° de febrero. Las distribuidoras de luz del conurbano (Edesur y Edenor) están bajo jurisdicción del Estado nacional, pero las provinciales se rigen por el ente regulador bonaerense.
Los aumentos aplicados por Edenor y Edesur no pasaron por las audiencias públicas, por lo que en el Poder Ejecutivo estiman que la Corte les exigirá ese paso, al igual que hizo con el gas. Con las distribuidoras provinciales (Edelap, Edes, Eden, Edea) es diferente, ya que la provincia de Buenos Aires si realizó ese mecanismo de consulta, cuyo resultado no es vinculante.
El ministerio de Energía pidió la elevación del caso “Abarca” a la Corte Suprema hace más de tres semanas. En ese momento, el Gobierno todavía no sabía qué pasaría con el gas.
Los abogados del Gobierno estiman que la Corte Suprema le indicará al Enre -el ente regulador de energía eléctrica para Buenos Aires y el conurbano- la realización de audiencias. En cambio, subsisten dudas sobre qué pasará con la generación eléctrica.
El precio mayorista de la energía es establecido por Cammesa. Aunque es una empresa privada, el Estado nacional tiene participación y talla en sus decisiones.
Si se aplicara el mismo razonamiento que en el gas -donde se obligó al Gobierno a tener que validar el precio mayorista-, las consecuencias de un fallo adverso de la Corte podrían exceder a la provincia de Buenos Aires.
Antes de los aumentos, las provincias ya venían pagando entre 5 y 7 veces más que Buenos Aires. Las eléctricas del interior abonan un mayor precio por la energía mayorista de Cammesa. Si la Corte obliga a una revisión, todo el sistema eléctrico deberá ajustarse a esa disposición. En el Gobierno creen que los casos (gas y luz) no son iguales. Y que el resultado puede ser diferente.
A diferencia de las boletas de gas, donde el Gobierno apeló una sentencia de alcance nacional, lo que está en discusión en este pleito se restringe a la provincia de Buenos Aires. En ese territorio, está vigente el fallo “Abarca” (uno de los patrocinantes), que impide la aplicación del cuadro tarifario oficializado el 1° de febrero. Las distribuidoras de luz del conurbano (Edesur y Edenor) están bajo jurisdicción del Estado nacional, pero las provinciales se rigen por el ente regulador bonaerense.
Los aumentos aplicados por Edenor y Edesur no pasaron por las audiencias públicas, por lo que en el Poder Ejecutivo estiman que la Corte les exigirá ese paso, al igual que hizo con el gas. Con las distribuidoras provinciales (Edelap, Edes, Eden, Edea) es diferente, ya que la provincia de Buenos Aires si realizó ese mecanismo de consulta, cuyo resultado no es vinculante.
El ministerio de Energía pidió la elevación del caso “Abarca” a la Corte Suprema hace más de tres semanas. En ese momento, el Gobierno todavía no sabía qué pasaría con el gas.
Los abogados del Gobierno estiman que la Corte Suprema le indicará al Enre -el ente regulador de energía eléctrica para Buenos Aires y el conurbano- la realización de audiencias. En cambio, subsisten dudas sobre qué pasará con la generación eléctrica.
El precio mayorista de la energía es establecido por Cammesa. Aunque es una empresa privada, el Estado nacional tiene participación y talla en sus decisiones.
Si se aplicara el mismo razonamiento que en el gas -donde se obligó al Gobierno a tener que validar el precio mayorista-, las consecuencias de un fallo adverso de la Corte podrían exceder a la provincia de Buenos Aires.
Antes de los aumentos, las provincias ya venían pagando entre 5 y 7 veces más que Buenos Aires. Las eléctricas del interior abonan un mayor precio por la energía mayorista de Cammesa. Si la Corte obliga a una revisión, todo el sistema eléctrico deberá ajustarse a esa disposición. En el Gobierno creen que los casos (gas y luz) no son iguales. Y que el resultado puede ser diferente.
Medio de comunicación
Clarin
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