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Por Jorge Riaboi.- Como se advirtiera reiteradamente desde esta columna, una parte sustantiva de los Miembros del G20 ya había anunciado, a principios de año, que sus gobiernos no veían condiciones para reconocerle a China el status de economía de mercado, una ambigua obligación legal de la OMC que resultará exigible a partir del 11/12/2016. En nuestro país, la dirigencia de la CGT y la UIA acaban de destacar su profunda inquietud ante la posibilidad de que, en las próximas horas, el Primer Mandatario reconozca ese status ante las autoridades chinas.
 
El amplio, agrio y complejo debate que se registró en la Ministerial de Shanghai sobre la crisis de sobreproducción, al que asistiera una delegación argentina presidida por el Ministro Francisco Osvaldo Cabrera, redondeó el pronóstico de que la manipulación reglamentaria y económica que aplica el gobierno de Beijing, puede ser el detonante de un conflicto mayor. Ante el cariz del debate, y contra lo que hizo hasta abril pasado, China optó por levantar el pie del freno y se abstuvo de bloquear el sentir mayoritario. Asumió discretamente el rol de país anfitrión de la Cumbre del G20.
 
Aunque el texto que emergió del debate ministerial anunciaba la creación de un Foro Global sobre el Acero de mayor alcance que el Comité existente en la OECD, nadie pronostica con seguridad que el ejercicio desembocará en el desmantelamiento de los subsidios, de otras medidas que abaratan los insumos sectoriales o del distorsionante papel de las empresas del Estado que administran la dadivosa financiación que empuja el crecimiento de la industria y el comercio chinos. Horas después de terminar la ministerial del G20, el gobierno de Beijing se dio el lujo de acordar bilateralmente, con las autoridades de la Comisión de la UE, la creación de otra Plataforma para el Acero, gesto que tiende a atomizar los escenarios de deliberación (el lector hallará en notas anteriores una enumeración de los daños económicos previstos, los antecedentes legales de ambos debates y el origen de episodios como la fuerte escaramuza que protagonizaron meses atrás el gobierno de Córdoba y el Grupo Techint).
 
El lunes 29/8/2016, el ministro Cabrera ratificó, en la Bolsa de Comercio, que la obligación OMC de reconocerle a China el status legal de economía de mercado a partir del próximo 11 de diciembre, es un hecho que requiere atención y alberga serios riesgos para muchas actividades productivas. No obstante, anticipó el deseo oficial de guiarse por la solución australiana, algo que equivaldría a brindar el status de economía de mercado ‘con flexibilidades’ y desconocer la abismal diferencia de competitividad que exhiben ambos países. Tampoco se pondera debidamente que el gobierno de Canberra está encadenado a la reciente firma de un acuerdo de Libre Comercio con China. En el escenario del día siguiente, sería insensato minimizar el riesgo de que todos los sobrantes que Asia no pueda volcar en otros mercados, habrán de desplazarse alegremente a las aduanas nacionales de los países ‘serios’.
 
Aún el simple objetivo de generar una competencia razonable, no la utópica, ilegal y nociva meta de cerrar el mercado argentino exigiría:
 
n a) definir el concepto propio de economía de mercado para distinguir importaciones que cumplen o incumplen esos requisitos legales;
n b) normas apropiadas y actualizadas contra el dumping y subsidios;
n c) la existencia de planteles profesionales aptos para analizar los diferentes instrumentos de política comercial (entendiendo la carga legal y administrativa que ello supone);
n d) establecer una clara línea entre la facturación que se puede o no subrogar bajo las nuevas reglas; y e) conocer las reglas aplicables de la OMC y las exigencias del nuevo esquema de subrogación. En esos vericuetos trabajan, con distintos métodos, las autoridades de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Brasil, México, Canadá y otros países. Tales medidas demandan apropiada consulta entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los sectores relevantes de la sociedad civil.
 
A mediados de agosto se computaban los siguientes hechos: I) La UE discutía un proyecto para reformar las reglas contra el dumping y los subsidios en el que desaparece la lista de naciones elegibles para la subrogación automática de los precios de facturación (que son los países que no tienen economía de mercado); sin embargo, el Parlamento Europeo no cree que la reforma sea legalmente sólida ni acepta reconocer a China un status que no tiene: el de economía de mercado; II) En Washington se registra la idea de preservar las reglas actuales y acordar un enfoque común con la UE, rumbo que supone toparse de frente con el gobierno de Beijing; y III) Otros países, como Japón, Brasil, México y Canadá comparten las reservas de Washington y la UE, pero aún no hicieron conocer sus proyectos de reforma.
 
Entonces: ¿qué hará nuestro país con las importaciones que vengan de China?