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El Gobierno obligará a los súper a exhibir productos de economías regionales
La "góndola pyme" deberá ocupar al menos un 20% de sus superficies de venta.
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Diario Bae
Tras las protestas de los productores frutícolas del Alto Valle en la Plaza de Mayo y para mitigar la crisis de las economías regionales en general, el Gobierno echará a rodar esta semana una medida heterodoxa: obligará a los súper e hipermercados a exhibir productos regionales provistos por pequeñas y medianas empresas en al menos un 20% de sus superficies de venta. Según revelaron a BAE Negocios fuentes de la Secretaría de Comercio, la idea es empezar por negociar con las cinco mayores cadenas comerciales del país su instrumentación, pero forzar la exhibición de la "Góndola Pyme" en caso de no llegar a un acuerdo.
La orden de avanzar proviene directamente del presidente Mauricio Macri, quien tomó nota por las protestas de la semana pasada de los problemas que atraviesan los "primos pobres" del campo, como la lechería, la citricultura, la apicultura, la avicultura y la cría de ganado porcino. La mayoría de esas actividades venía sufriendo el parate de la economía durante los últimos dos años, pero todas empeoraron su situación a partir de la devaluación, el tarifazo y los cambios de precios relativos dispuestos desde diciembre por la administración Cambiemos.
Con la nueva norma, cada sucursal de supermercado estará obligada a destinar una quinta parte de su espacio de exhibición a productos fabricados en la región donde venda, y por empresas de pequeño porte. Todavía queda por definir el tamaño de las "regiones" (es decir, si deberán ser productos hechos en la provincia donde esté la sucursal o en un conjunto de provincias que la incluya) pero el criterio inamovible es que deberán ser pymes.
En el Ministerio de la Producción, del que depende la Secretaría de Comercio, no ocultan que la decisión guarda relación con algunas de las que criticaron del kirchnerismo por excesivamente intervencionistas en los últimos años. "Nos vemos obligados a tomar medidas de este tipo como consecuencia de la falta de políticas de competitividad y de responsabilidad social de los supermercados. Si ellos actuaran como en otros países no haría falta", explicó a este diario el subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado.
"Ellos creían que con nosotros venía la libertad absoluta de precios y nosotros queremos libertad de mercado, pero libertad de mercado en serio. Por eso vamos a avanzar en todo lo que ayude a desarticular posiciones dominantes en los mercados", abundó Tizado.
El antecedente exitoso que busca replicar la "Góndola Pyme" también llama la atención tratándose de una medida del macrismo: es el Manual de Buenas Prácticas para Supermercados elaborado por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) del izquierdista ecuatoriano Rafael Correa, redactado a mediados de 2014.
En solo un año, la decisión de Correa permitió a muchos proveedores pymes (y también a cooperativas y otros emprendimientos productivos sin fines de lucro) acceder a espacios que las grandes superficies comerciales siempre les habían negado. El Manual de Buenas Prácticas ecuatoriano también obligó a las cadenas a pagarles a sus proveedores en plazos máximos que van de los 15 a los 60 días, según su facturación. En Argentina, las cadenas extienden mucho más los plazos de pago a sus proveedores menos poderosos, a la vez que les fijan duras condiciones para exhibir sus productos.
La "Góndola Pyme" también es obligatoria en algunos estados de Estados Unidos, como Texas, donde incluso se obliga a los minoristas de gran porte a comprarles a los industriales de su condado. Varios países europeos dispusieron medidas similares tras reclamos de sus agricultores familiares.
Por la disparada inflacionaria y la crisis que desencadenó el desplome del consumo entre los pequeños industriales abocados al consumo interno, la Secretaría de Comercio también empezó a avanzar con otra medida heterodoxa, alejada del dogma del mercado libre: la instalación con apoyo estatal de ferias itinerantes de alimentos frescos que ayuden a abaratar la canasta básica en los barrios de menor poder adquisitivo y a la vez acorten la brecha de precios entre el producto a la salida del establecimiento productivo y los mostradores.
La orden de avanzar proviene directamente del presidente Mauricio Macri, quien tomó nota por las protestas de la semana pasada de los problemas que atraviesan los "primos pobres" del campo, como la lechería, la citricultura, la apicultura, la avicultura y la cría de ganado porcino. La mayoría de esas actividades venía sufriendo el parate de la economía durante los últimos dos años, pero todas empeoraron su situación a partir de la devaluación, el tarifazo y los cambios de precios relativos dispuestos desde diciembre por la administración Cambiemos.
Con la nueva norma, cada sucursal de supermercado estará obligada a destinar una quinta parte de su espacio de exhibición a productos fabricados en la región donde venda, y por empresas de pequeño porte. Todavía queda por definir el tamaño de las "regiones" (es decir, si deberán ser productos hechos en la provincia donde esté la sucursal o en un conjunto de provincias que la incluya) pero el criterio inamovible es que deberán ser pymes.
En el Ministerio de la Producción, del que depende la Secretaría de Comercio, no ocultan que la decisión guarda relación con algunas de las que criticaron del kirchnerismo por excesivamente intervencionistas en los últimos años. "Nos vemos obligados a tomar medidas de este tipo como consecuencia de la falta de políticas de competitividad y de responsabilidad social de los supermercados. Si ellos actuaran como en otros países no haría falta", explicó a este diario el subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado.
"Ellos creían que con nosotros venía la libertad absoluta de precios y nosotros queremos libertad de mercado, pero libertad de mercado en serio. Por eso vamos a avanzar en todo lo que ayude a desarticular posiciones dominantes en los mercados", abundó Tizado.
El antecedente exitoso que busca replicar la "Góndola Pyme" también llama la atención tratándose de una medida del macrismo: es el Manual de Buenas Prácticas para Supermercados elaborado por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) del izquierdista ecuatoriano Rafael Correa, redactado a mediados de 2014.
En solo un año, la decisión de Correa permitió a muchos proveedores pymes (y también a cooperativas y otros emprendimientos productivos sin fines de lucro) acceder a espacios que las grandes superficies comerciales siempre les habían negado. El Manual de Buenas Prácticas ecuatoriano también obligó a las cadenas a pagarles a sus proveedores en plazos máximos que van de los 15 a los 60 días, según su facturación. En Argentina, las cadenas extienden mucho más los plazos de pago a sus proveedores menos poderosos, a la vez que les fijan duras condiciones para exhibir sus productos.
La "Góndola Pyme" también es obligatoria en algunos estados de Estados Unidos, como Texas, donde incluso se obliga a los minoristas de gran porte a comprarles a los industriales de su condado. Varios países europeos dispusieron medidas similares tras reclamos de sus agricultores familiares.
Por la disparada inflacionaria y la crisis que desencadenó el desplome del consumo entre los pequeños industriales abocados al consumo interno, la Secretaría de Comercio también empezó a avanzar con otra medida heterodoxa, alejada del dogma del mercado libre: la instalación con apoyo estatal de ferias itinerantes de alimentos frescos que ayuden a abaratar la canasta básica en los barrios de menor poder adquisitivo y a la vez acorten la brecha de precios entre el producto a la salida del establecimiento productivo y los mostradores.
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