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Tregua en la guerra de las semillas
En ese momento, mientras la empresa hacía un análisis privado sobre la soja en los puertos para asegurarse el pago, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, emitió una resolución para obligar a que cualquier método de análisis o testeo primero deba contar con el aval de esa cartera. La empresa se sintió afectada y presentó un recurso administrativo, paso previo a la judicialización del conflicto. Ahora trascendió que Monsanto desistió de ese recurso.
En rigor, las últimas resoluciones que emitió el Gobierno, entre ellas que el mismo Estado se hace cargo de los controles y sanciones frente a cualquier irregularidad si el productor no pudo justificar el origen de su semilla, dejaron conforme a la compañía.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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