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Por Alejandro Rollán.- El tema figura en la agenda de los reclamos del agro desde 2004, cuando los semilleros comenzaron a exigirle al Estado mayor control por el avance de la bolsa blanca. Esto, junto con la necesidad de que se les reconozca la investigación y el desarrollo aplicado en nuevas variedades de autógamas.
 
Sucede que, a los ojos de los obtentores, la actual ley de semillas –vigente desde 1973– ya había quedado rezagada a partir de los avances exhibidos en la comercialización del material genético. El planteo iba en sintonía con la posición de las entidades rurales que, con matices y diferencias en el alcance, reconocían la obligación que tenían los productores de pagar por el uso de esa tecnología.
 
En 2012 hubo otro intento por modificar el uso propio de la semilla por parte del agricultor, consagrado con fuerza en la ley 20.247, pero no hubo voluntad política de modificar ese marco legal.
 
Parece que 2016 será el año del cambio. El Gobierno, a través del Ministerio de Agroindustria, ya presentó su propio proyecto a la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y espera, luego de lograr su consenso, poder elevarlo al Congreso. El objetivo es que su contenido se convierta en ley antes de fin de año.
 
“El por qué de la modificación es para fortalecer a la industria de la semilla en Argentina. Tenemos que tener un marco jurídico que permita la investigación y el trabajo conjunto”, aseguró a Agrovoz Ricky Negri, secretario de Agricultura de la Nación.
 
Nuevas figuras
 
Mientras el texto oficial es analizado por la Conase, y no se ha conocido hasta ahora su contenido completo, la futura ley incluye el pago por la biotecnología, el uso propio oneroso por parte del productor y el pago de un canon durante tres campañas. El proyecto mantiene el uso gratuito por parte del productor, pero recién a partir de la cuarta campaña.
 
“La idea es construir un esquema en el cual el productor pague en la semilla tanto por el germoplasma como por la biotecnología que tenga incorporada”, destacó Negri. Serán los semilleros propietarios del germoplasma y de los eventos los que definirán el valor comercial de esa semilla.
 
A diferencia de la ley actual, la que propone Agroindustria prevé el uso propio oneroso de esa tecnología por un tiempo definido. Se trata de una figura que se extenderá durante las tres campañas posteriores a la compra de la semilla realizada por el productor. Por ejemplo, si el productor compra semilla para la campaña 2016/17 recién podrá utilizarla de manera gratuita durante la siembra 2020/21.
 
El valor de esa regalía extendida será anual y deberá ser determinado al momento de la venta de la variedad. “La idea es que el productor sepa cuando compre la semilla cuánto va a tener que abonar en los años posteriores”, precisó el secretario de Agricultura.
 
Si durante los tres años de uso oneroso el productor decide incrementar la superficie sembrada, deberá acordar un valor adicional con el semillero por cada hectárea incorporada.
 
Alcance
 
Los términos de la futura ley no serán de aplicación para todos los productores. Quedarán exceptuados los de menor escala, cuya facturación anual no supere en tres veces el monto de la categoría más alta de monotributista. “Por encima de esa facturación, el productor ya está alcanzado por la ley, independientemente de su actividad”, aclaró Negri.
 
En la eximición de esta categoría de productores había consenso por parte de la industria semillera, las entidades rurales, y el Gobierno.
 
A diferencia de lo que ocurrió en la última campaña, cuando algunas empresas semilleras exigieron el pago de la tecnología en los granos enviados a puerto, en el futuro esquema, el derecho del obtentor se agotará en la venta de la semilla.
 
“Si el productor pagó y abonó por esa semilla, el germoplasma y la biotecnología es de él. El obtentor no tendrá derecho al reclamo más adelante en la cadena”, ilustró el funcionario.
 
Será el Instituto Nacional de Semilla (Inase) el encargado de fiscalizar y sancionar las infracciones a la ley. La resolución 207/16, que prevé el muestreo de los camiones, continuará vigente, pero solo a los fines del control estatal.
 
“Si se encuentra que el productor pagó por 100 y está cultivando 150 hectáreas, ahí entra el Inase con su poder de policía para cobrar las multas. Esas multas son para el Inase; el obtentor no percibe nada”, aclaró Negri.
 
Para esta tarea de contralor, las declaraciones juradas obligatorias de semillas previstas en la resolución 187/15 serán determinantes. Según el secretario de Agricultura, el funcionamiento del Inase será clave para reducir la incidencia del comercio ilegal de semilla.
 
“El organismos tuvo en los últimos años un presupuesto elevado, pero nunca se cumplió; lo que estamos haciendo es sincerar sus partidas para dotarlo de recursos”, indicó Negri.
 
Además de lo que percibe por la certificación de las nuevas variedades, el instituto se va a nutrir de lo que recaude por las sanciones que prevé la nueva ley.
 
Se estima que, tanto en soja como en trigo, 60 por ciento de la producción va a ser susceptible de tener que pagar un derecho de uso a su obtentor. El Gobierno también le solicitó a la Conase que determine cuál será el potencial alcance de la norma para el resto de las autógamas.