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Tras la fuerte depresión de los precios internacionales de la leche en polvo desde el año pasado, la producción láctea se vio complicada en todos los países del mundo, los que apelaron a distintos tipo de medidas para atenuar la situación. Pocos, sin embargo, registran la debacle de Argentina donde se prevé una baja anual de alrededor de 20%, unos 2.000 millones de litros, lo que dejaría al país en los niveles de mediados de los 90, y con muy poco margen para la exportación.
 
Las causas son bien sabidas: muchos años de intervención en los mercados, altos costos, cargas impositivas y laborales crecientes y, especialmente, una fortísima transferencia de fondos desde la producción hacia otros eslabones de la cadena, prácticamente desde 2005, que fue cuando comenzaron los reclamos tamberos que continúan (muy fundamentados), hasta ahora a partir de la descapitalización continua (y creciente).
 
Tanto es así que en un análisis realizado por Lechería Latina ya a principios de año, se consignaba que el endeudamiento del sector rondaba los $10.000 millones entre la industria y los tambos, casi por partes iguales, incluyendo "cheques librados y no cobrados, proveedores, servicios y lo que reclama la AFIP".
 
Lo concreto es que después de la década de los 90, donde desaparecieron alrededor de 6.000 de los 24.000 tambos que existían, pero la producción creció cerca de 70%, hasta un pico de 10.600 millones de litros, los volúmenes se amesetaron casi sin movimiento, pero con creciente disminución en la cantidad de tambos, hasta el desmoronamiento actual, en el que los establecimientos ya cayeron por debajo de los 10.000, y el volumen amenaza con profundizar la baja.
 
PRESIÓN TRIBUTARIA
Algo similar ocurre ahora con las industrias, dado que de las 11 grandes usinas, varias están muy complicadas económica y financieramente; mientras que quedan apenas 500-600 pymes lecheras, lo que amenaza también a buena parte de los 35.000 puestos de trabajo que se calcula absorbe la cadena láctea.
 
Por supuesto que la conjunción de mal clima con excesos hídricos y desplome de los precios internacionales fueron el broche de oro para este sector. Sin embargo, no fueron ni de cerca la única causa.
 
Es que a los temas de arrastre, que afectaron negativamente durante casi una década, hasta mediados del año pasado, se le agregó la acentuación de la caída de precios que llegó a alrededor de u$s1.200 la tonelada (de leche en polvo) a principios del 16, el incremento de los costos internos, y una pesada carga fiscal que no se licuó con la rebaja de las retenciones. De acuerdo con estudios de APL, el 44% del precio que paga el consumidor son impuestos a lo largo de toda la cadena, de los cuales 17% corresponden al IVA; 7,7% Ingresos Brutos; y 5% Ganancias, entre otros.
 
La Asociación de Productores de Leche destaca también que la mano de obra que en Argentina ronda los u$s220 por mes, es de u$s114 en Nueva Zelanda y de u$s82 en Uruguay, lo que junto con los altos costos de logística (entre los que la recolección de leche asciende a 3%-5% del precio), restan competitividad internacional a la producción argentina.
 
Obvio que la presión tributaria también impulsa a una mayor informalidad, que ahora se estima en aproximadamente 10% del volumen y que, por otro lado, representa una competencia desleal para las empresas regulares.
 
Pero lo más llamativo, en realidad, es la extensión de la crisis que ni el cambio de Gobierno logró terminar, y la reiteración de viejas medidas fracasadas, que sólo sirvieron hasta ahora para gastar los escasos recursos existentes, sin impedir que el deterioro continúe.
 
NUEVAS HERRAMIENTAS
"Lo que pasa es que se erró el diagnóstico, y el clima desnudó la situación", afirma Gustavo Vionnet, titular de Carsfe, antes de preguntar: ¿Qué lechería se busca?, ¿una que apunte sólo al mercado interno, o la que va a captar renta internacional?
 
Pero también crecen las críticas a la comercialización, y a las áreas oficiales que deberían ocuparse del tema, como el Ministerio de la Producción y su Secretaría de Comercio. Es que el déficit de supervisión y datos se remonta al primer quinquenio de 2000, cuando se desmantelaron ciertas técnicas de seguimiento de precios, lo que se intentó subsanar luego con un acuerdo con algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires en 2007. Sin embargo, los resultados de esos estudios nunca vieron la luz pública (se dijo que el titular del área de aquel momento, Guillermo Moreno, los había "cajoneado"), y nunca más se supo de ellos hasta el día de hoy. "Las cadenas tienen que dejar de remarcar con el 50% de margen, y bajar a los porcentajes que aplican en el resto de los países del mundo", se quejan en las filas agropecuarias, aunque se sabe que ese no es el único ajuste pendiente.
 
Lo que se sabe hoy es que haciendo más de lo mismo, la lechería se sigue hundiendo. Tal vez sería hora entonces de comenzar a encarar nuevas herramientas, comenzando por la reclamada definición de objetivos. A partir de allí, mercados de futuros, control de márgenes a lo largo de la cadena, precios índice, consignatarias de leche, créditos de largo plazo con tasas acorde, warrants, fondos contracíclicos, etc., etc., serían algunas de las múltiples opciones a poner en marcha, mientras se va bajando el desmesurado costo argentino (pues el Estado tampoco tiene competitividad), al menos, si lo que se pretende es frenar el desguase definitivo de la actividad.