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Analizan opciones para aliviar el efecto del aumento del gas
Si bien está decidida a avanzar con el incremento en la luz y el gas para "sincerar" la economía y disminuir los subsidios aportados por el Estado, la Casa Rosada intentará en el futuro cercano recorrer ese camino sin despertar tantas polémicas y resquemores como en la primera parte del año.
Una fuente oficial reconoció a LA NACION que los equipos técnicos del Gobierno analizan alternativas para moderar el impacto de los aumentos, en especial en el gas. Buscan que esos mecanismos estén vigentes en 2017, ya que ahora quedó atrás el período de temperaturas más bajas de este año en el que crece sustancialmente el consumo de gas.
La idea está en estudio tanto en la Casa Rosada como en el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren . Hay distintas alternativas; entre ellas, continuar el año próximo con el sistema de topes, modificar el monto del subsidio en la época del año que aumenta el consumo o establecer una factura plana para un período de 12 meses. La última opción es la preferida por las empresas del sector y le permitiría al usuario pagar por encima de su consumo real en el verano para que esos fondos se compensen en el invierno, cuando recibiría una factura menor.
Macri discutió ayer la cuestión tarifaria con su equipo chico. Estuvieron la vicepresidenta Gabriela Michetti ; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los coordinadores Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Alfonso Prat-Gay (Hacienda), y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.
Una fuente de trato frecuente con Macri señaló que después de los aumentos de abril, el Gobierno implementó dos alternativas políticas para ponerles tope a las subas. Dado que ahora hay que reconstruir el cuadro tarifario, descartó que habrá modificaciones con respecto al original.
Un grupo de empresas del sector apoya alternativas similares a las que se discuten en el Gobierno. En los últimos días le hicieron llegar una versión rudimentaria de esas propuestas al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y antes ya se lo habían comentado a Aranguren y a algunos de sus allegados. El interés del sector privado en la cuestión es tan grande como el del Gobierno. Sucede que tras el fallo adverso de la Corte Suprema contra los aumentos, resignaron los mayores ingresos que les garantizaba el incremento de las tarifas, y al mismo tiempo resignaron la asistencia que recibían del Estado bajo la forma de subsidios.
Las facturas de gas suelen mostrar la estacionalidad del consumo. Son bajas en diciembre, enero y febrero, pero julio es el mes de mayor demanda. Los motivos son fáciles de explicar: en invierno el gas se usa en la cocina, para calentar agua y en especial para calefacción, mientras que en verano sus usos se limitan a las dos primeras actividades.
La propuesta que circula consiste en tomar el último año de consumo de un domicilio a partir de una fecha determinada y dividirla por 12 meses. El resultado es aplanar la boleta: en invierno no llegarían tan caras, pero en verano tampoco serían tan baratas.
Otra fuente de trato cotidiano con el Presidente le explicó a LA NACION que el Gobierno está trabajando en una propuesta de marco tarifario cuyo horizonte "supere lo inmediato", en línea con el reclamo de la Corte de darle gradualidad y previsibilidad a las tarifas. Por eso se prevé un sendero de reducción paulatina de subsidios que se difundirá públicamente, para que los usuarios sepan cómo se aplicará la reducción de las transferencias del Estado, que conducirán a un aumento progresivo de precios.
En paralelo, la remuneración al sector petrolero (que produce el gas) generó polémica dentro del propio Gobierno, por lo que se abrió una línea de trabajo tendiente a reducir el precio del gas en boca de pozo, que representa aproximadamente un 70% del valor final de las facturas.
Hoy se estima que los productores de gas reciben en promedio US$ 4,6 por millón de BTU, muy por debajo del valor anterior a los aumentos, pero también lejos del techo de US$ 7,5 para la nueva producción de gas que estableció el kirchnerismo.
El gobierno anterior había aplicado un mecanismo para moderar los aumentos luego de una suba de tarifas. En 2009 retiró subsidios, pero luego los restableció parcialmente en el invierno hasta 2014.
El gobierno de Macri no descarta aplicar mecanismos similares al caso eléctrico, que despertó menos problemas que el gas. En la reunión que mantuvo ayer Macri trascendieron alternativas para avanzar hacia una zonificación de la demanda, de manera de resguardar a sectores que vivan en asentamientos precarios.
La audiencia pública del gas será el 16 de septiembre, tres días después de la fecha que se informó la primera vez. La explicación oficial es que ese encuentro despertó "interés de parte de la ciudadanía". Otra versión que surgió de despachos públicos justificó la postergación en la necesidad de evitar que las manifestaciones que se esperan para ese encuentro coincidan con el Foro de Inversión y Negocios que organizará el Gobierno entre el 12 y el 15 del mes próximo.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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