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La pelea por el costo de la energía
Gils Carbó dictaminó contra el tarifazo y ahora define la Corte
La procuradora coincidió con el fallo de la Cámara platense que declaró nulos los aumentos del gas porque no se realizó una audiencia pública previa.
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Clarin
Tal como se esperaba, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acaba de dictaminar en contra de los aumentos de tarifas dispuestos por el Gobierno. La funcionaria consideró que corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que había declarado la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y ordenó que el marco tarifario correspondiente al servicio de gas se retrotrajera a las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de esas medidas. La opinión de Gils Carbó no es vinculante, pero es un paso necesario para que la Corte se expida en el asunto, lo que podría ocurrir mañana.
La Procuradora no cuestiona la potestad del Poder Ejecutivo de aumentar las tarifas de los servicios públicos, pero insiste en que no puede hacerlo sin haber convocado a las audiencias públicas previas que contempla la ley para informar y discutir esos aumentos. "No se pueden afectar derechos. Ese es el corazón de la argumentación que sostiene el dictamen", dijeron a Clarín desde la Procuración. "Una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”, dice el texto que ya llegó a la Corte.
El dictamen firmado por Gils Carbó señaló que el tribunal platense había interpretado “adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública, dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Las resoluciones cuestionadas en la justicia -sobre las cuales la discusión llegó hasta la Corte- habían sido dictadas el 28 y 29 de marzo pasados. De acuerdo con el dictamen de hoy, el nuevo esquema de financiamiento del servicio de gas “trajo aparejado un aumento tarifario muy significativo que deben afrontar los usuarios y consumidores para acceder al servicio de gas”, tal como lo refleja el informe del Estado Nacional presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En uno de sus tramos centrales, Gils Carbó recuerda que las audiencias "fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad”. Esas líneas apuntan a cuestionar la magnitud de los aumentos.
La Procuradora General consideró que la multiplicidad de amparos y acciones judiciales promovidas en todo el país demostró que el aumento tarifario podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas, lo cual “pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia". El gas también es un insumo clave para el desempeño "de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.
Gils Carbó también rechazó el argumento del Gobierno respecto a que los aumentos habían sido instrumentados en el marco de leyes de emergencia.
La Procuradora no cuestiona la potestad del Poder Ejecutivo de aumentar las tarifas de los servicios públicos, pero insiste en que no puede hacerlo sin haber convocado a las audiencias públicas previas que contempla la ley para informar y discutir esos aumentos. "No se pueden afectar derechos. Ese es el corazón de la argumentación que sostiene el dictamen", dijeron a Clarín desde la Procuración. "Una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”, dice el texto que ya llegó a la Corte.
El dictamen firmado por Gils Carbó señaló que el tribunal platense había interpretado “adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública, dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Las resoluciones cuestionadas en la justicia -sobre las cuales la discusión llegó hasta la Corte- habían sido dictadas el 28 y 29 de marzo pasados. De acuerdo con el dictamen de hoy, el nuevo esquema de financiamiento del servicio de gas “trajo aparejado un aumento tarifario muy significativo que deben afrontar los usuarios y consumidores para acceder al servicio de gas”, tal como lo refleja el informe del Estado Nacional presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En uno de sus tramos centrales, Gils Carbó recuerda que las audiencias "fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad”. Esas líneas apuntan a cuestionar la magnitud de los aumentos.
La Procuradora General consideró que la multiplicidad de amparos y acciones judiciales promovidas en todo el país demostró que el aumento tarifario podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas, lo cual “pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia". El gas también es un insumo clave para el desempeño "de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.
Gils Carbó también rechazó el argumento del Gobierno respecto a que los aumentos habían sido instrumentados en el marco de leyes de emergencia.
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Clarin
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