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Por Javier Preciado Patiño.- Una de las cuestiones clave es la reforma de la ley de semillas 20.247 en lo que atañe a ordenar el comercio de especies autógamas como son fundamentalmente la soja y el trigo. Aunque no hay unanimidad de criterio, la mayoría de los actores se inclina por pensar que modificar la ley que data de 1973 ayudaría a disminuir la informalidad en esa cadena.
 
El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, Gilberto Alegre, ha presentado un ambicioso proyecto de reforma, pero que hasta el momento sólo se ha tratado a nivel de asesores de la comisión. Da la impresión de que hasta que el Poder Ejecutivo no presente su proyecto no arrancará el debate fuerte.
 
La pregunta es si el Gobierno se inclinará por hacer una enmienda quirúrgica, por ejemplo, acotando la posibilidad de reservar el grano de una campaña para usarlo en la siguiente (uso propio) al definir con más precisión esta práctica, o si optará por encarar una reforma más integral, incluso abarcando la cuestión de la biotecnología.
 
En este sentido, el PEN camina por una delgada línea roja ya que las organizaciones de la Mesa de Enlace (SRA, CRA y Coninagro) que han resultado ser invalorables aliadas políticas mantienen una mirada crítica sobre la cuestión, al tiempo que endurecer la legislación para acotar el uso propio sería una buena señal para el sistema global de mejoramiento genético. De hecho hay empresas locales que esperan ese ordenamiento para lanzarse a los mercados de capitales a captar inversores.
 
Un segundo tema clave tiene que ver con la promoción de la fertilización. Con media sanción de la Cámara de Diputados existe hoy en el Senado un proyecto que promueve esta práctica permitiendo la desgravación de estos insumos en el Impuesto a las Ganancias, en el marco de un plan de manejo racional del suelo.
 
El proyecto surgió del consenso entre oficialismo y oposición en 2015, pero hasta ahora no ha podido avanzar en la Cámara alta. Hay quienes plantean que la devaluación, la eliminación de las retenciones (que en el caso de la soja, su disminución) y la agilización del comercio exterior han sido medidas más que suficientes para el agro de manera que hoy el productor puede afrontar ese costo sin necesidad de una desgravación impositiva. Por el contrario, quienes apoyan la aprobación de la ley sostienen que es necesario revertir cuanto antes la tendencia declinante en el uso de los abonos, que lleva a una degradación paulatina de los suelos.
 
Pero la posibilidad de generar más déficit fiscal con una desgravación es un trasfondo cierto que puede congelar el avance de la iniciativa. En tal caso está bajo la órbita del senador Alfredo de Angeli la decisión de avanzar con el proyecto venido de Diputados o iniciar el suyo propio, en línea con la posición del Ejecutivo.
 
En la agenda también aparecen los temas vinculados a los fitosanitarios, donde la regulación del manejo de los envases es una posibilidad cierta de convertirse en legislación.
 
La coyuntura también se ha hecho su lugar entre los parlamentarios y son varios los proyectos que abordan la crisis en el sector porcino y lechero. En este último caso, la oposición promueve el establecimiento de un precio sostén en función del valor del precio de la leche fluida que pagan los consumidores, solución que no parece alinearse con la visión pro mercado del Gobierno nacional.