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El jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Guillermo Bernaudo, anunció que el 17 de agosto se presentará el nuevo proyecto de Ley de Semillas en la Comisión Nacional de Semillas (Conase), en el marco del congreso realizado en Rosario por la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid).
 
"El próximo 17 de agosto el gobierno presentará el proyecto de ley de semillas ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y en la semana siguiente será enviado al Congreso", informó Bernaudo.
 
Dicho proyecto podría ponerle, de manera definitiva, el fin al conflicto entre productores y la multinacional Monsanto sobre la fiscalización de semillas para el cobro de regalías y canónes sobre la soja ya cosechada.
 
A mediados de junio se le dio el puntapié inicial para destrabar el conflicto con la decisión del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, de que sea el Instituto Nacional de la Semilla (Inase) el único organismo con la potestad de analizar el origen de la semilla y de sancionar a los productores o empresarios en el caso de que la misma provenga de manera ilegal y no así Monsanto.
 
El gerente General de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, le dijo a Télam que "nos enteramos sobre el envío del proyecto en Aapresid. Desde ASA le habíamos enviado una nota solicitando tomar conocimiento sobre el borrador el Ministerio para emitir opinión, aunque no tuvimos respuesta ni fuimos consultados directamente. De todas maneras, ya saben la posición de la industria".
 
"La nueva ley debe ser superadora a la actual - que fue sancionada en 1973 - y debe impulsar el uso de la semilla fiscalizada y que, al mismo tiempo, el uso propio de la semilla sea oneroso", indicó Paseyro.
 
El gerente general de la entidad industrial consideró que la ley "no debe contener ningún mecanismo de fijación de precios, sino que exista una libertad de mercado al respecto".
 
"Este proyecto tiene que tener un sistema de control, fiscalización y sanción con la autoridad del Inase", concluyó Paseyro.
 
El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, sostuvo que tampoco a su entidad llegó el proyecto, pero que de todas maneras "hemos dialogado mucho de la posición de la Sociedad Rural".
 
Uno de los principales pilares de ésta posición, según el dirigente, es que "el pago de la tecnología este contenida en la semilla, o sea, que en el acto de compraventa se pague ese componente".
 
Además, Pelegrina consideró que la nueva Ley debe ser "lo suficientemente fuerte y clara para que no quede una sola duda entre la Ley de Patentes y la Ley de Semillas".
 
"A partir de esto, se puede discutir si el uso propio necesita algún retoque y aceptamos que haya un limite al mismo, a excepción de los pequeños productores", indicó el dirigente de la entidad y agregó: "Si se compra semillas para sembrar 100 hectáreas, que se utilicen en esas 100 hectáreas".
 
En cuanto a los límites temporales para el uso propio, como promovieron otras entidades rurales, Pelegrina consideró que "se discutiría al respecto si nos aseguran que habrá un mejoramiento en las tecnologías que nosotros utilizamos".
 
Por último, manifestó que el proyecto debe incluir "incentivos, los cuales pueden ser fiscales, para que los que compran semillas para uso propio fiscalizadas puedan desgravar con beneficios, como por ejemplo en el Impuesto a las Ganancias".
 
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Agricultura de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Basaldua, sostuvo que la nueva Ley "tiene que establecer un único régimen de la propiedad intelectual de la semilla y tiene que quedar bien claro el uso propio del agricultor".
 
Al mismo tiempo, el escrito debe considerar "un sistema que establezca algún tipo de limite en el uso propio de la semilla: para nosotros el productor pueda sembrar la misma cantidad de la semilla fiscalizada que compró por un limite de tres años".
 
"Tiene que haber dos tipos de semillas: fiscalizada y para uso propio, así se termina del problema de regalías extendidas", a la vez que indicó que "el control lo tiene que hacer el Inase".