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Daniel Scioli –a través de sus abogados- solicitó al fiscal platense Alvaro Garganta que se pida a la Tesorería General de la Provincia un informe “a modo de muestreo”, si el 7 de enero de 2014 “se realizaron o autorizaron pagos o transferencias” del Bapro a áreas de la administración pública.
 
En tal caso, agrega, “desde cuál cuenta, montos, imputaciones de esos pagos o transferencias, identificando la dependencia o repartición receptora y número de cuenta remitida”.
 
El pedido surge de la divulgación de supuestos movimientos irregulares por sumas millonarias realizados en esa fecha y a lo largo de 2014-2015. En la solicitud ante la fiscalía, se incluye un requerimiento a la Tesorería para que el organismo comunique si esos pagos o transferencias “fueron en efectivo o a través de interdepósitos electrónicos”.
 
Además, que “remita el número y la constancia de cada uno de ellos que obre en sus antecedentes” y que verifique “si existe constancia de que se hayan realizado pagos en dinero en efectivo y, en caso afirmativo, por cuales montos y a qué organismo o repartición”.
 
El ex gobernador insiste en explicar que “resulta imposible y hasta falso afirmar que haya existido retiro de dinero en efectivo de las cuentas públicas y en los volúmenes indicados, por la suma de 20.000 millones de pesos”. En la presentación, Scioli menciona que esas extracciones “fueron para cumplir con compromisos administrativos, legales y presupuestarios, como ser pago de salarios, bonificaciones, contratos, proveedores y contratistas, entre otros”.
 
El ex candidato presidencial es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. De comprobarse la defraudación con cuentas públicas quedaría expuesta la laxitud de los organismos de control previstos por la Constitución y también la línea jerárquica del Bapro, incluido su directorio.