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Por Favio Ré (La Voz del Interior).-  Los coletazos del conflicto que mantuvo Monsanto con los productores agropecuarios por el uso de la tecnología Intacta en soja parece que no se agotarán sólo en un cambio de la forma en que se fiscalizará si la semilla se obtuvo de manera legal o no; en el fondo, lo que subyace es la demanda de un marco legal que proteja las inversiones en biotecnología y asegure un respaldo a la propiedad intelectual. En esta cruzada, Monsanto parece no estar sola: cuenta, en general, con el apoyo de todo el grupo de empresas que producen tecnologías para el agro.
 
Esto quedó en evidencia en el 12° Encuentro Nacional de Monitoreo y Manejo de Plagas, Malezas y Enfermedades, organizado en Córdoba por la consultora Halcón. Allí, hubo un panel con 11 altos directivos de empresas que operan en el país y que coincidieron en que las actuales normativas y procesos que rigen para aprobar nuevos registros de patentes o extensiones de uso de productos ya existentes, no son favorables a la investigación y desarrollo.
 
El presidente y CEO de Summit Agro, Daniel Estante, fue quien abrió el juego; mencionó obstáculos que perciben por parte del Senasa. Como ejemplos, citó que para obtener la aprobación de un nuevo principio activo, necesitan más de dos años de trámites y que llevan un año y medio esperando la autorización para una extensión de uso. “Queremos ofrecer la mejor tecnología para el agro argentino, pero el Senasa pone muchas objeciones. Hay que cumplimentar trámites muy burocráticos y lentos, y se vuelve una limitante. Necesitamos un marco legal nuevo en cuanto a los registros y la propiedad intelectual”, subrayó Estante. Por eso, anticipó que no prevén nuevos desarrollos en el corto plazo.
 
La situación, incluso, también puede tener impacto en la generación de empleo: Alexis Buffoni, gerente Comercial de Alltec Bio, reveló que recientemente cerraron un joint venture con una empresa brasileña para la producción de fertilizantes foliares, pero que la posibilidad de incorporar personal dependerá mucho de cómo el Senasa agilice el tema de los registros.
 
Horacio Busanello, CEO del Grupo Los Grobo y representante de Agrofina en el panel, sumó a los pedidos sobre el Senasa que se eleven los estándares sanitarios. “Debemos tener las mejores normas alimentarias del mundo. La cantidad de producción no nos da derecho, sí la calidad”, remarcó.
 
Propiedad intelectual
 
En cuanto a la defensa de la propiedad intelectual, el más enfático fue el director de Bayer Cropscience para el Cono Sur, Hernán Bagliero: “Si Argentina no resuelve clara y contundentemente el tema de la propiedad intelectual, no hay posibilidades de mayores inversiones”. Este directivo dijo que la situación llega incluso al insólito caso de que las filiales argentinas de las multinacionales les recomiendan a sus casas matrices no lanzar nuevas tecnologías en Argentina “porque nos las van a copiar. Las empresas necesitamos la defensa o protección de la propiedad intelectual, y que sea debidamente remunerada, porque se invierten muchos millones de dólares en esto”, completó Bagliero.
 
Eduardo Pérez, gerente de ventas de FMC, añadió que la aprobación de un nuevo marco legal podría ayudar a terminar con “10 años de rendimientos estancados” en los cultivos y poder alcanzar el horizonte de 150 millones de toneladas de producción agrícola. “Para avanzar hacia eso hay que respetar el derecho a la propiedad intelectual, tanto de las nuevas como de las viejas tecnologías”, puntualizó Pérez.
 
Los otros participantes del panel fueron Jorge Solís, CEO de Adama en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia; José Luis Ansoleaga, gerente general de AminoChem; José Ignacio Adriani, gerente de Negocio de Dupont Agro Cono Sur; José Mrejen, socio gerente de Insuagro; Ignacio Moyano, presidente en Argentina y Paraguay de Stoller; y Ricardo Yapur, gerente General de Rizobacter.