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La relación diplomática entre la Argentina y Estados Unidos ha dado un giro a partir del reemplazo de Cristina Kirchner por Mauricio Macri en la Casa Rosada. Los vínculos económicos entre ambos países han vuelto a estrecharse, pero el camino está poblado de conflictos pendientes. La visita esta semana a Nueva York del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay , demuestra cómo se tejen los lazos para fortalecer la inversión, el comercio y la cooperación, aunque algunas discusiones estén abiertas.
 
En el gobierno de Barack Obama reconocen interés de empresas de su país por invertir en la Argentina en el petróleo y el gas no convencional de Vaca Muerta, energías renovables, servicios de 'back office' (actividades de gestión de las empresas, como informática, recursos humanos, contabilidad o finanzas), minería, telecomunicaciones, salud, tecnologías de la información y alimentos.
 
Las empresas estadounidenses también quieren hacer infraestructuras, ya sean privadas, como contratistas del Estado o en las asociaciones público-privadas que planea impulsar la administración Macri. En el gobierno argentino anhelan que las compañías norteamericanas desarrollen rutas y puertos y refuercen su presencia en el mercado aéreo.
 
Pero en lo que compete a la infraestructura las firmas del país del Norte aún carecen del apoyo del Eximbank, la agencia de Estados Unidos créditos de apoyo a la exportación, clave para financiar proyectos de inversión. Eximbank aún mantiene restricciones para prestar a iniciativas en la Argentina, pese a la reciente salida del default.
 
Otro de los obstáculos a la hora de decidirse a invertir en la Argentina radica en que rijan "reglas estables, transparentes e iguales para todos los jugadores", según fuentes oficiales norteamericanas. Algunas compañías están examinando los cambios que está implementando Macri, los elogian, pero consideran que seis meses de gestión constituyen poco tiempo para evaluar su sostenibilidad.
 
Otras firmas están analizando las posibilidades del mercado argentino o el retorno de eventuales inversiones. En general valoran algunas medidas de Macri contra la corrupción, pero advierten de que este flagelo sigue siendo un problema. Las autoridades argentinas admiten que la transición económica durará un año, que después del acuerdo con los fondos buitre ahora los inversores preguntan por la gobernabilidad, pero esperan que en el inminente y ansiado segundo semestre del año comiencen a adoptarse decisiones de inversión concreta.
 
En la visita de Obama a la Argentina en marzo pasado se firmó un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA, según sus siglas en inglés), que pretende recrear un clima atractivo de negocios y constituye un primer paso hacia un futuro aún lejano de un tratado de libre comercio (TLC). Pero antes de que el vapuleado Mercosur, como bloque, o la Argentina, a título individual, negocien un TLC con Estados Unidos, el TIFA sirve como espacio de diálogo para limar conflictos.
 
En este marco, Washington se queja de que en la Argentina se cumplen poco las leyes de patentes y marcas y reclama que deberían modernizarse. También protesta por demoras en la aprobación de patentes, aunque ha agradecido que el gobierno de Macri eliminara requerimientos de etiquetado de productos que había impuesto el de Cristina Kirchner.
 
En concreto, Estados Unidos apunta que falta protección a las patentes de medicamentos y eventos biotecnológicos, aunque el nuevo acuerdo de la Argentina con Monsanto pueden calmar en parte los ánimos. También se manifiestan críticas por la falsificación de ropa, música y películas.
 
El gobierno de Obama está satisfecho por la reducción de barreras proteccionistas: antes las declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI) controlaban el 100% del comercio y ahora las licencias no automáticas (LNA) restringen el 15%. No obstante, persisten reclamos por las LNA contra juguetes y textiles.
 
Claro que la Argentina también tiene su lista de quejas. La prometida apertura norteamericana a los limones y carne vacuna del país está pendiente y solo se materializaría en 2017. Además el gobierno de Macri reclama que la Argentina sea reincorporada al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), por el que Estados Unidos rebajaba hasta 2012 aranceles a productos como vinos, conservas de carne bovina, grasas y aceites vegetales, glicerol, oro, cloruro y manufacturas de aluminio. En aquel año Washington excluyó al país por deudas impagas a empresas norteamericanas.
 
A Estados Unidos le interesa exportar a la Argentina más tecnología, energía, maquinaria, instrumental de salud, insumos y frutas. A su vez, el gobierno de Macri pretende ampliar las exportaciones de alimentos y servicios, incluida la llegada de turistas, aunque tampoco descarta oportunidades en algunos nichos de bienes industriales.
 
La Casa Rosada apuesta a que en algún momento más propicio el Mercosur inicie el diálogo sobre un TLC con Estados Unidos, pero si no es posible lo intentará por separado del bloque. Lo llamativo es que en la actualidad las autoridades argentinas han pedido a las norteamericanas que capaciten a sus técnicos en la negociación de tratados comerciales. Quizá el día de mañana maestros y aprendices deban sentarse a discutir en la misma mesa.