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Glifosato: piden a la Justicia que ordene al SENASA revaluar los herbicidas

Después que se les rechazará una presentación administrativa, organizaciones ambientalistas, entre ellas algunas de Córdoba, solicitaron a la justicia que disponga que el SENASA realice “un análisis de riesgo” de los cuatro centenares de herbicidas registrados por el organismo que contienen glifosato, pretendiendo con ello que posteriormente se prohíba el uso del producto en el país.
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Agroverdad
Por Juan Carlos Vaca.- Según una Resolución de 1999, en el capítulo referido a Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios del Senasa, el proceso de análisis de riesgo fue instituido para “ayudar a la Autoridad Competente” a establecer si se debe evaluar la cancelación o reclasificación del registro de un producto fitosanitario, “cuando los usos autorizados de ese producto puedan causar efectos adversos, en las condiciones locales de uso, inaceptables tanto para la salud como para el ambiente”.
 
La agencia Telam –conforme a un cable publicado ayer lunes- informó que Darío Ávila, abogado de Médicos de Pueblos Fumigados, una de las organizaciones demandantes, presentaron “un juicio ordinario contra el Estado después de haber agotado la vía administrativa, porque el Senasa nos rechazó una presentación similar que hicimos el año pasado”.
 
Recuerdan que presentaron “436 publicaciones científicas -nacionales e internacionales, de universidades públicas y privadas- que dan cuenta del efecto sanitario y ambiental del glifosato”, las mismas que ahora están en poder de la Justicia Administrativa.
 
CABE APUNTAR que también hay numerosas publicaciones y dictámenes en sentido contrario a aquéllas, esto es, que clasifican al glifosato de manera distinta. Incluso, de la propia OMS e instituciones europeas.
 
Al momento de denegar el reclamo administrativo presentado en agosto de 2015, el Senasa argumentó que en 2009 el Conicet publicó un trabajo de cuyas conclusiones se desprende que “respetando las condiciones de aplicación establecidas en la etiqueta no existe riesgo de la utilización del mismo” y que la evidencia aportada por las organizaciones “no reviste la entidad científica suficiente” como para desencadenar el procedimiento de análisis de riesgo.
 
Junto con los Médicos de Pueblos Fumigados, promueven esta acción judicial las Madres de Ituzaingó Anexo-Línea Fundadora, el Centro de Protección a la Naturaleza y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).
Medio de comunicación
Agroverdad

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