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El Ministerio de Hacienda comenzará a utilizar el nuevo índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos como referencia para el índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que se usa para actualizar bonos y plazos fijos.
 
Así lo indicaron fuentes oficiales a LA NACION, luego de que ayer se diera a conocer el primer IPC del gobierno de Macri luego de más de ocho años de manipulación de las estadísticas públicas, con una suba del 4,2% en mayo.
 
Desde el inicio del gobierno de Cambiemos, se habían utilizado como referencias para actualizar el CER los IPC de San Luis y de la Ciudad de Buenos Aires; si bien en algunos meses mostraron diferencias importantes -sobre todo por la suba de tarifas registrada en el distrito porteño- en términos acumulados se encuentran en niveles parecidos.
 
De hecho, el Indec informó que consideraba ambos indicadores como "alternativas apropiadas" mientras se mantuviera la ausencia de un IPC oficial.
 
De hecho, en marzo se había generado cierta polémica porque se eligió el de San Luis cuando arrojó una suba del 2,7%, mientras que el de la Ciudad subió el 4 por ciento.
 
Pero uno de los interrogantes que rondaba al mercado era qué pasaría con el CER una vez que se normalizara la situación del Indec, que había dejado de publicar el IPC en diciembre pasado para trabajar sobre uno nuevo, alejado de las sospechas que lo rodearon desde principios del 2007.
 
La respuesta llegó esta mañana, luego de la satisfacción de los funcionarios por la difusión del nuevo índice de precios minoristas, que siguió al del EMI y que antecede al de pobreza, que se conocerá en septiembre próximo.
 
El CER había perdido relevancia luego de la manipulación practicada por el kirchnerismo desde 2007, por lo los bonos en pesos habían sido muy castigados en los últimos años, pero en los últimos tiempos se empezaron a recuperar por la expectativa que generó la construcción de un nuevo índice oficial.
 
De hecho, una de las intenciones del kirchnerismo fue subestimar la inflación para pagar menos por estos bonos indexados, aunque la maniobra llevó a que el país pagara prácticamente la tasa de interés más alta de la región y que se cerraran las vías de acceso al financiamiento voluntario en los últimos años.