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Ahora, en la carta les dice a los productores que les descubrió un uso no autorizado de su tecnología y los invita a suscribir un convenio para evitar una disputa judicial. Esto sucede mientras se definen los detalles de un acuerdo, anticipado por LA NACION, para cerrar la disputa y dejar que el Estado, a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), sea el encargado de sancionar las infracciones a la ley de semillas y tenga a su cargo el control de los análisis sobre los granos.